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Los órganos autónomos

Jorge Miguel Ramírez Pérez.

La administración pública, como toda ciencia y conjunto de técnicas, tiene principios, métodos y procedimientos que buscan lograr los objetivos que, en este caso, se dirigen a la mejoría del sector público; de ello, como toda rama del conocimiento, se desprenden ideas y teorías que puedan servir a los fines expresados.

Una de las respuestas que se han propuesto en el andamiaje jurídico del Estado, ha sido la creación de los organismos autónomos para que éstos cuenten con el margen de decisiones que no pueda ser alterado por consideraciones fragmentadas de la sociedad, como los partidos políticos y los poderes reales, que les dicen ahora fácticos, que no son otros en el caso de México, que los poderes que se desprenden del Presidente de la República como figura central del poder político de este país.

En ese sentido se han constituido organismos autónomos que quedan fuera de los controles formales de los tres poderes, a saber: del legislativo, el judicial y el ejecutivo. Es decir no se supeditan a la autoridad de los congresistas, ni de los jueces, ni del presidente, para realizar sus funciones. Lo que expresa que salen fuera de la teoría clásica de la división y el equilibrio de poderes donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial, aparentemente se equilibran en pesos y contrapesos. El fin es, que nadie se sobrepase arrogándose mayores poderes que los que la Constitución establece.

El hecho, sin embargo, contradice en la práctica ese principio equilibrador del poder porque el Presidente, mediante mecanismos y estructuras políticas, ha mantenido la primacía en el sistema político mexicano; si bien, se le ha acotado a lo que antes señalaba Jorge Carpizo como poderes metaconstitucionales del presidente mexicano, a lo que otros autores le llamaban una presidencia imperial.

Por eso, la receta fue incorporar temas como los derechos humanos y los procesos electorales en ese esquema de autónomos, al igual que el Banco de México, entre los primeros. Y lo que parecía al principio una buena solución, nunca lo fue; porque para comenzar los nombres de los consejeros o autoridades ejecutivas de cada organismo fueron, en realidad, propuestas de los partidos políticos mediante sus fracciones parlamentarias, y por supuesto con el visto bueno o la maniobra directa, mediante personeros y afines, del Presidente y del Secretario de Gobernación como operador del esquema.

Le voy a dar un ejemplo, sólo uno, porque todos las decisiones han sido similares: los nombramientos de los consejeros electorales en los Estados, fueron acordados por el INE a propuesta de los gobernadores. Es decir fue una tomada de pelo burda, porque al centralizar el INE los procesos estatales y convertirlos en nacionales, que fue el pretexto para que los gobernadores no intervinieran, resultó peor y más manipulado; porque el caso es que los gobernadores salieron ganando, porque aparte de seguir imponiendo a sus incondicionales, les “limpiaron” la imagen de mapaches.

Y así por el estilo son los consejeros de los organismos autónomos, que de autónomos no tienen nada; sus padrinos son los mismos, los que los apadrinaban antes de manera más barata y menos enredosa que ahora.

Por eso, los analistas que se desgarran las vestiduras cuando AMLO quiere poner en orden a los dizque autónomos, respecto de sueldos y presupuesto, seguramente son beneficiarios de esos entes que son realmente patentes de corso, porque tienen permiso para atracar sin rendirle cuentas a nadie, de hecho, se deberían llamar organismos autorreferenciales no sólo autónomos, porque ellos son referencia y ejemplo de sí mismos, son un monumento a la vanidad política y administrativa.

INAI y otras especies CREE, etc., aunque tengan una función importante, andan sueltos y gastan millonadas sin una justificación a fondo, sin que los gastos se correspondan al tipo de país que somos y a la demostración de mejoramientos sustanciales que hayan transformado a la sociedad mexicana.

Lo que de seguro se hace en los organismos de ese tipo es erigir burocracias doradas onerosas, eso sí. Porque el ejemplo de lo sucedido en el sexenio pasado, que se distinguió en crear “organismos autónomos” de todo, desalienta esa práctica. Finalmente fue en ese sexenio cuando se exaltó a la corrupción como nunca ha sucedido en la historia de México.

Así que falta mucho para que tales estructuras justifiquen a plenitud su incorporación en el aparato del Estado. Se debe empezar por quitarles la mala imagen de ser protectores de la delincuencia en el caso de los derechos humanos, o de ser encarecedores de las elecciones como lo es el INE, los demás van por el estilo. Incluso los llamados consejeros profesionales de PEMEX, que se suponía eran objetivos e independientes, jamás detuvieron la hecatombe de la empresa.

Por eso se deben racionalizar a profundidad las estructuras de los autónomos, buscar su equilibrio y control interinstitucional. Renovarse y someterse a algún equilibrio ¿o, no?