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Los retos en Quintana Roo para la 4T

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Miryam Gomezcésar.

Cuando le preguntaron su opinión sobre los señalamientos que el ex futbolista, ex alcalde de Cuernavaca y actual gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Hernández Blanco, hizo sobre el ex secretario de Seguridad Pública, Luis Alberto Capella Ibarra, en esa entidad, su expresión cambió. Con visible incomodidad mientras pensaba lo que iba a responder, sentenció “No me detengo en las declaraciones de alguien con su capacidad intelectual”.

Sin duda, éstos no han sido buenos tiempos para el Secretario de Seguridad Pública ni para el gobernador Carlos Joaquín González, quien lo trajo. Desde su llegada al Estado su recepción fue más bien fría, no era la esperada, sobre todo por el peso de sus cartas credenciales como titular del fracasado proyecto Mando Único aplicado en el Estado de Morelos, una mancha escandalosa extrapolada a Quintana Roo, resalta en su expediente curricular.

La insistencia de hacer que los once alcaldes del Estado se sometan a su proyecto no camina como debiera. Los términos del documento son leoninos. Todos los elementos y funcionarios de todos los rangos policíacos municipales y estatales deben acatar sus instrucciones, pero el costo presupuestal recae en el gasto de las administraciones municipales. Si bien la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, decidió someterse sin reparo al control de Capella Ibarra, pero también sin conocimiento del tema policíaco.

En el Cabildo hay discrepancias. No hay convencimiento. Molestan los desplantes del funcionario y sus explicaciones dispersas sobre su plan de trabajo y alcances. En este sentido, están de sobra la jactancia y el desinterés mostrado por el servidor público al escuchar la opinión de los demás sobre asuntos relacionados con los procedimientos de trabajo, su actitud no corresponde a su investidura.

Amén de las quejas ciudadanas por asuntos relacionados con la corrupción que persiste tanto en la dependencia de Seguridad Pública como en otras áreas de la prestación de servicios, la administración municipal está comprometida a erradicar esas prácticas que lastiman a los habitantes y debilitan a la institución.

La abrupta información sobre una masacre sucedida durante una fiesta en un domicilio particular de la Supermanzana 219, en la ciudad de Cancún, la madrugada del domingo pasado, que inquietó a la presidente municipal, despertó a Capella Ibarra. Informados de que en la refriega acribillaron a los asistentes, siete de los cuales quedaron inertes en el lugar de los hechos y dos más, con heridas graves, el asunto se debió a un problema entre bandas del narcomenudeo según informó el propio secretario días más tarde.

A través de un video difundido por las redes sociales el funcionario se comunicó “Pedimos apoyo a la ciudadanía para que cualquier información relacionada con este tema la haga saber al 089, para colaborar de manera más determinante con la Fiscalía General del Estado”.

Para colmo de sus males, el presidente de la organización civil Semáforo Delictivo, Santiago Roel, esta semana presentó las cifras estadísticas criminales Estado por Estado según datos arrojados por la investigación realizada por esa organización. El avance en Quintana Roo es aterrador.

Roel, indicó que Quintana Roo tiene un escalofriante incremento de 113 por ciento de homicidios durante 2018, abajo únicamente de Guanajuato que tuvo un aumento  de 141 por ciento, pero más alto que Jalisco que presenta el 47 a pesar de ser más poblado, una entidad con más bandas identificadas del crimen organizado arraigadas en su territorio que también es más extenso y complicado; Baja California tiene 35 y 32 Nayarit.

En contraparte, hubo reducción en Baja California Sur con un 73 por ciento, Sinaloa con 23, Veracruz con 20, Durango con 17 y Colima con 12, donde no opera Mando Único. El titular de Semáforo Delictivo explicó que al menos el 80% de los homicidios están relacionados directamente con la presencia del crimen organizado.

En este contexto, ante la urgencia de resultados, el Mando Único, propuesto, encabezado y aplicado por Capella Ibarra, quien es defendido a ultranza por el gobernador Carlos Joaquín González, resulta ineficaz como ha quedado demostrado con la acumulación y aumento de casos pese a que este engendro es defendido por Luis Alberto Capella, al justificar que “20 años de descomposición de la policía de Benito Juárez no pueden ser rescatados en 120 días de trabajo”.

Como lo aseguró el notario, ex presidente municipal de Benito Juárez, ex senador, ex magistrado del Poder Judicial General de Quintana Roo y recién ex subsecretario de Gobierno, Lic. Joaquín González Castro, quien sobre el tema declaró al corresponsal de Radio Fórmula en Chetumal, Rafael Briceño Chablé: “El esquema de Mando Único no sirve. Pensar en este plan es ofensivo en este proceso de la democracia. Es necesario respetar a los municipios así como también a la fuerza institucional, pero no a través del Mando Único que se pretende implementar”.

En medio de las confusiones y contradicciones, la alcaldesa Mara Lezama aseguró respaldar a la Guardia Nacional al tiempo de asegurar que buscará al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, porque será el Gobierno Federal el que marque la pauta de los procedimientos para frenar el crecimiento de este fenómeno de la violencia que amenaza con extenderse.

Factores del desorden municipal

El municipio de Benito Juárez, ha crecido tanto como multiplicado sus problemas en todos los aspectos de la vida citadina. Los planes de la Comuna dependen de los recursos económicos que por todos los conceptos generan las actividades económicas y deben cobrarse para la debida prestación de servicios, construcción del desarrollo y manutención del mobiliario urbano.

Desde su creación, el municipio de Benito Juárez presentó un crecimiento inmigratorio exponencial que se salió de control a los proyectistas que no calcularon el poder de atracción de estos litorales, tanto para quienes llegaban en busca de una oportunidad de empleo como para quienes buscaban en el hábitat un remanso de paz o a los inversionistas, que en cada esquina veían signos de dólares.

En un inicio parecía una ciudad bien planificada pero, poco a poco, el desorden dentro y fuera de la administración pública se desbordó y la ambición desmedida hizo de esta anarquía el factor ideal para el crecimiento de las actividades clandestinas y la informalidad que se multiplicó rápidamente.

El ordenamiento que requiere la ciudad para que funcione correctamente depende de la capacidad ejecutiva de la administración municipal, del esfuerzo y conocimiento operativo de cada equipo de trabajo en el Ayuntamiento. El conjunto define la calidad de los servicios públicos que ofrece.

Salvo en sus inicios, hoy la convivencia es complicada porque se enfrenta a un orangután delictivo que creció bajo el influjo de las mafias y al amparo de sus alcaldes. La administración cada trienio dejó riquezas inexplicables a sus funcionarios, inspectores, por ende, a mandatarios.

En contraste, el desorden que pudo observarse data de muchos trienios en la presidencia municipal, los pleitos por el dominio de esta demarcación llegaron a puntos sin retorno. Un puñado de familias se peleaban el control de los partidos políticos, principalmente del PRI,  para imponer en las candidaturas a sus fieles y tener acceso a las mieles de los beneficios.

Así como la riqueza individual creció, también el desorden que hoy enfrentas la Comuna que sus autoridades tratan de mejorar, obligadas como están a revertirlo, organizarlo, aplicar el reglamento para lograr sus metas de recaudación, los problemas del crecimiento desmedido representan un dolor de cabeza también para los habitantes, con grandes retos para su supervivencia.

El comercio en la vía pública y el ambulantaje son dos monstruos que conviven acosados por la delincuencia o sometidos a ésta. La degradación social es tal que la estafa es constante hasta en tiendas departamentales formales donde cualquiera puede ser víctima de adquirir un producto caducado o pirata, cobrado como original.

El reto para la autoridad es ordenar, formalizar a los clandestinos, aplicar el reglamento para aumentar la recaudación; para los ciudadanos, ser escuchados por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Rescate del proyecto de cambio de Huso Horario

Cambiar el huso horario actual al anterior ha sido un tema complicado acariciado por políticosEn este sentido, la Diputada Federal, Carmen Patricia Palma Olvera, retoma este añejo reclamo de los habitantes de varios de los municipios que argumentan los problemas que impone la diferencia de horario cuando en plena penumbra deben salir a su trabajo y los padres de familia tienen que exponer a sus hijos al llevarlos a la escuela, no únicamente por razones climáticas o de salud sino por la inseguridad actual y la falta de vigilancia en las áreas de tránsito, lo que atemoriza a quienes carecen de medios propios de transporte y tienen que caminar.

El juego de vencidas entre los hoteleros que defienden el cambio establecido por las ganancias  económicas que genera el aprovechamiento de una hora más de sol para el turismo, es incompatible con el fenómeno de la criminalidad que afecta a los prestadores de servicios y a acosa a toda la comunidad.

Si el proyecto se presenta en la máxima tribuna del Poder Legislativo, buscando el consenso para su aprobación, será de gran resonancia para el sector turístico, un buen momento para su análisis y conclusión donde se verá en el resultado si pesan más los intereses económicos por encima de los de la población. Corren apuestas.