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Colusión, sumisión u omisión. ¿Qué está pasando en Quintana Roo?

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Miryam Gomezcésar.

Las comparaciones, aunque de mal gusto, son inevitables. Imposible olvidar, por ejemplo, cuando en la época del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en Cancún fue clausurado el hotel Dunas supuestamente de Rafael Caro Quintero. En ese entonces se conocían las actividades del narcotráfico por el nivel de atrevimiento y el nombre de los capos con quienes se involucraba el apellido de personajes famosos de la política, básicamente del norte y occidente del país. 

Más tarde, ya en la época de Carlos Salinas de Gortari, cómo olvidar la publicación de los excesos y fotografías de reuniones de su hermano Raúl con altos famosos funcionarios y narcotraficantes en el rancho Las Mendocinas, cuando ya se sentía la presión de la violencia provocada por los traficantes en las calles de algunas entidades.

En los siguientes regímenes la cosa se puso peor cuando se determinó declarar la guerra a los cárteles de narcotraficantes, a sabiendas del poder de influencia de los nombres de figuras políticas y de la iniciativa privada involucradas con el crimen organizado, llámese del PAN, PVEM, PRD o PRI, porque el Morena no existía. El resultado fue caótico desde que decidieron atizar el avispero.

Es en este contexto que, cuando el Gral. Luis Rodríguez Bucio estuvo al frente de la 64 Guarnición Militar en Cancún (mayo 2010- septiembre 2011), durante su tiempo de estancia el comandante mantuvo un bajo perfil. Su permanencia fue desde el final del mandato de Félix González Canto, concluyó siendo Roberto Borge Angulo gobernador y Julián Ricalde Magaña alcalde de Benito Juárez, mientras Gregorio Sánchez Martínez estaba preso en una cárcel en el norte del país

En ese entonces, cuando el hampa se codeaba y exhibía “tate a tate” con las élites del poder que, por alguna extraña razón, aunque el avance criminal era palpable, la población no se veía tan afectada como ahora. En la época de los ‘buenos tiempos’ para el felixismo/borgismo, fueron públicas y famosas las parrandas protagonizadas por el hoy preso ex mandatario, que destacaron por los excesos de todo y con todo.

Las cosas estaban en un punto de quiebre cuando se perpetró el atentado al ex alcalde de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta (en ese entonces dueño del desaparecido diario El Quintanarroense), sobre la carretera en el tramo de Puerto Morelos-Playa del Carmen, donde perdió la vida su administrador Hiram Osorio Mendoza (octubre del 2011), cuando un taxi de Playa del Carmen se les emparejó y desde ahí varios sujetos los balacearon, el vehículo recibió 14 impactos de bala.

¿Por qué es importante destacar esto? Porque, aunque se tiene registro de que el asentamiento de las bandas traficantes data desde antes del sexenio de Pedro Joaquín Coldwell, su crecimiento va de la mano del éxito de este emporio turístico cuyos contrastes, aparte de indignos, resultan ofensivos por las carencias de la mayoría de la población frente al derroche y los desmanes de los juniors en la política. Es precisamente bajo el amparo de la dupla González Canto/Borge Angulo, cuando las bandas del crimen organizado logran mayor arraigo y se dispara la violencia.

No se trata de una especulación, aunque Félix González ha logrado permanecer alejado de los reflectores, en la crisis de inseguridad y violencia criminal actual, tienen igual responsabilidad si consideramos el comportamiento errático de ambos, principalmente el de Borge, que nada hacía sin consultar a quien consideraba su mejor amigo, hasta que fue capturado.

Por ende, el nombramiento de quien será el Comandante de la Guardia Nacional, experto en asuntos de narcotráfico (según se lee en su currículo), hará temblar a más de uno simplemente por el hecho del conocimiento que tiene del fenómeno, sus alcances y los nexos con los gobiernos, de ahí la importancia de su nombramiento para la recuperación de la seguridad de los quintanarroenses.

El Índice de Paz de México, 2019, estudio que puede consultarse en la página http://economicsandpeace.org, da cifras sobre la violencia que contradicen la opinión de los responsables locales de Seguridad Pública sobre los indicadores.

El documento informa que, por primera vez, Quintana Roo “se ubica entre los estados menos pacíficos de México… ha experimentado aumentos considerables en delitos con violencia, homicidio, crímenes de la delincuencia organizada y delitos cometidos con armas de fuego. La tasa de extorsión del estado creció 70% en 2018… La violencia relacionada a la delincuencia organizada contribuyó a una alza en la tasa de homicidios, 19 que se duplicó en 2018, al pasar de 22.6 a 46.7 por cada 100,000 habitantes. Por lo menos 500 muertes en todo el estado se atribuyeron a la violencia entre pandillas tan sólo en los primero siete meses del año”, se lee en el reporte.

Los delitos cometidos con armas de fuego en 2018, dice, que aumentaron 85%. En ese sentido no se entiende el optimismo de los funcionarios de Seguridad Pública locales cuando aseguran que las cifras disminuyen, un tema que requiere manejarse con transparencia, crucial para todos en la comunidad.

No son tiempos para dobles discursos que desvían la atención del importante tema de la inseguridad cuando el nivel de criminalidad, que tiene a todos preocupados por el aumento acelerado de ejecuciones, está en un punto que parece sin retorno.

La mañana del martes 9, luego de la aparición de una manta con la advertencia respectiva, fue ejecutado el comandante de la policía municipal de Isla Mujeres, Sergio Leyva Córdova, frente a la terminal marítima de la subdelegación de Puerto Juárez.

Otra más apareció ayer en Playa del Carmen con un mensaje amenazante contra las autoridades policíacas, taxistas y halcones, precedida con una cabeza humana medio cubierta con cinta adhesiva industrial, da una idea de la frialdad de los ejecutores. Puede decirse que cada fin de semana asusta el recuento de los daños.

Tal es el clima de inseguridad en la zona norte del estado que cuando el gobernador Carlos Joaquín González regresó a Chetumal de su gira a la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco, se encontró con la realidad, una que prefiere mantener al margen.

También se enteró de la renuncia irrevocable del subsecretario de Turismo, Simón Levy, presentada al secretario Miguel Torruco Márquez, por motivos estrictamente ‘personales’.

La sorpresiva dimisión que, por las condiciones de vida, para muchos era bola cantada porque la capital del estado no presenta la misma dinámica en sus actividades cotidianas que la observada en las principales ciudades de los municipios de la zona norte de Quintana Roo.

La diferencia es poco atractiva para quienes están acostumbrados a vivir un mundo ejecutivo distinto, considerando la distancia, el clima extremo y, desde luego y en primer lugar, la realidad encontrada entre lo que pensó serían y lo que son las cosas del tercer tipo en el gobierno federal de la 4ª Transformación.

Para el secretario Torruco Márquez es el tercer revés a sus pretensiones. Primero fue el rechazo a instalarse en Cancún o la Riviera Maya que AMLO negó rotundamente aduciendo su compromiso con hacerlo en la zona sur. Segundo, la renuncia, a la Dirección General del DIF municipal de Benito Juárez, de su hija menor, donde la había logrado colocar pero, por estar las instalaciones en una zona populosa, carecer el Ayuntamiento de recursos para rentar otras oficinas pero de lujo, y por crear un clima de rechazo al personal local, la renuncia ni siquiera fue cuestionada, simplemente se aceptó.

Tercero, la renuncia de Simón Levy en momentos complicados para la instalación de la dependencia federal en Chetumal, que recién anunció oficialmente su funcionamiento. Aunque se dice que le exigieron la renuncia, desde su llegada a la capital de estado el funcionario mantuvo un gesto de insatisfacción tan visible que podía advertirse una tormenta.

Pero lo más importante en este momento es lo electoral, cuando a falta de una ley reglamentaria de movilidad en el Instituto recién creado, fue el pretexto necesario para posponer nuevamente la activación de la plataforma UBER, por la presión del gremio de taxistas sindicalizados, que logró que en este momento que el gobierno del estado prefiera aplazar su ingreso hasta nuevo aviso, desde luego por razones prácticas.

Con magistrados y consejeros electorales cuestionados desde el gobierno anterior, el lunes  15 de abril iniciará la extenuante temporada de campañas, esa cansada letanía utilizada para convencer a quien se deje, que ahora sí, quienes pedirán un voto ‘razonado’, son las personas ideales para trabajar en beneficio de los quintanarroenses

Y volverá a darse otra vuelta a la tuerca, con la bendita diferencia de que ahora, quien utilice los programas sociales para agenciar votos, comete un delito grave. Ya veremos si la ley se cumple y se aplica. Algo es algo.