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Cumplir el plazo

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Ethel Riquelme.

Sólo hay dos formas de pensar que la nueva Guardia Nacional podrá dar resultados de seguridad en seis meses, si tardarán tres en salir los documentos que le dan vida y no hay asignación de presupuesto: mantener la actuación de las fuerzas armadas con uso de la fuerza ya permitida y negociar con los cárteles.

La presión que con su promesa ha ejercido López Obrador sobre la Secretaría de Seguridad Pública federal y las fuerzas armadas, parece salido de una ocurrencia y  puede contener una serie de decisiones que pongan nuevamente a la operación militar en la lupa de los derechos humanos y al gobierno de López Obrador en la línea de fuego de los cárteles, con la negociación con las bandas delincuenciales.

Ambas están planteadas. Una en la aprobación de la Guardia Nacional cuando de manera enérgica el presidente rechazó el primer proyecto de Ley aprobado, por no contener un artículo transitorio donde las fuerzas armadas como tales puedan operar en estos meses y que, al final, se incluyó.

La otra, está contenida en el propio Plan Nacional de Paz y Seguridad en forma de amnistía y pacificación con todos los actores.

Es un hecho que la Guardia Nacional no podrá operar a plenitud en ese plazo, fueron tres años los que dijo inicialmente el presidente. Tan sólo dos de los cuatro documentos que le dan vida tiene un tiempo de discusión legislativa de 90 días, y dos meses más se tardaría la estructura presupuestaria para darle recursos, un septiembre muy cercano a octubre que vence el plazo para el gabinete de seguridad.

Como lo han venido haciendo hasta ahora, las fuerzas armadas tendrán que emplear a las mismas tropas, oficiales y marinería que tienen asignados a tareas de seguridad en tanto se confirma la nueva GN.

La única diferencia es que se planteará que se trata de policías militares y navales y no de grupos élites de las fuerzas armadas, para evitar la rezongona respuesta de las organizaciones ciudadanas contra la acción militar.

A acciones iguales, resultados idénticos. La peligrosidad de emplear a los militares con toda la fuerza para dar resultados sin la incorporación de civiles aún, en efecto, implica el riesgo de que antes de los seis meses se ponga a los militares nuevamente frente a cuestionamientos sociales.

En tanto que la negociación con cárteles es una alternativa que se observa nítidamente en el diagnóstico del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, cuando asegura que “resulta imperioso hacer un alto para emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas”.

La alternativa no buscaría una profunda pacificación y reconciliación, pero permitiría detener la escalada de la violencia en el plazo prometido con un alto riesgo frente a grupos atomizados, diversificados en sus operaciones, golpeados en sus intereses y a los que habrá que otorgarles concesiones y territorios.

Y parece que no es casualidad. Con mantas y mensajes amenazantes, los interlocutores ya se hacen presentes.