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Maltrato a soldados de la Guardia Nacional

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Ethel Riquelme.

En el gobierno de López Obrador siete soldados y marinos han muerto y otros 35 han sido lesionados e incapacitados por delincuentes, pero no son ésos, “la maña”, como les llama la tropa a sus rivales, los que peor tratan a los militares ni los que mayor daño moral le causan a las filas, sino sus propios jefes, empezando por el comandante supremo de las fuerzas armadas.

En la urgencia por movilizar a una Guardia Nacional que no tiene nada, el presidente ha promovido un trato inhumano, indigno y riesgoso para los soldados y marinos. Basta ver las fotografías de los sitios donde están durmiendo, comiendo y operando a la intemperie y, con ganas, hasta podrían proceder por violación a sus derechos humanos.

Son más de 35 mil desplegados para dar seguridad a la población, una seguridad que ni ellos mismos pueden proporcionarse. Están al aire libre, bajo carpas de plástico, expuestos al terrible calor, al frío, teniendo que dormir uniformados y con el arma cargada al lado porque en cualquier momento puede ser sorprendidos, emboscados y, muchas veces, ni hay dónde guardarla.

En la ostentosa Guardia Nacional del presidente López Obrador, sus miembros ni siquiera saben si forman o no parte de ella o siguen como marinos o soldados, si algún día podrán regresar a sus destacamentos militares porque ni siquiera adivinan si ya los dieron de baja o licencia, si al final se quedarán o no, si los juzgaría en algún momento el fuero común o el militar o ambos, si contarán con el seguro de vida adicional, cómo se compone su sueldo ahora, o incluso, si esa noche, esta o la de mañana podrán dormir en algún sitio seguro.

No hay guarniciones, no se construyeron cuarteles, alojamientos ni dormitorios ni hay presupuesto; han tenido que construir naves con techos usando el material a la mano y, en ocasiones, con donaciones de lo que hay en la zona.

Sucede que la Sedena no tiene dinero, dice, para cumplir con las construcciones y, si esto sigue así, tampoco tendrá para la contratación de nuevo personal. No hay para mandar a los soldados y policías a hoteles, se han tenido que movilizar más elementos en cada vehículo y otros ahorritos porque el gobierno no había ratificado convenios de colaboración con estados y municipios para pagar las necesidades de estancia, gasolina, seguros, alimentación, entre otras compartidas, para que los militares apoyen la seguridad.

Apenas ayer, un primer acuerdo del conocido Fortseg se publicó en el Diario Oficial de la Federación con el municipio de Salamanca, por 13 millones de pesos, una cantidad que difícilmente va a solucionar los problemas de espacio, alimentación e incomodidad que tienen los soldados.

De ese tamaño es la gran incertidumbre de quienes integran la “institución estrella” del sexenio para sacar al país de la inseguridad.

Y si está mal, puede estar peor, ¡cómo no!

Las propias secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública no atinan a definir en sus comunicados si existe o no la Guardia Nacional, o si ya desapareció o no la Policía Federal.

Dicen: “Estas acciones forman parte del Programa Unidos para la Construcción de la Paz en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional y la Policía Federal”.

Y, en otros, la Sedena se comisiona sola en las labores de apoyo a la seguridad: “La Secretaría de la Defensa Nacional informa que elementos del Ejército Mexicano, en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en coordinación con la Policía Estatal de Sonora, al cumplimentar una orden técnica de investigación”, por ejemplo.

Ayer, cuatro coordinadores parlamentarios en el Senado de la República, constituidos en un solo frente opositor, aseveraban que el tema de la Guardia Nacional “está muy avanzado”, donde insisten en que los documentos reglamentarios cuentan con un perfil demasiado militar y serán modificados hacia un halo más civil, pero sin profundizar en los graves problemas que ya existen entre los seres humanos que forman las fuerzas armadas y la supuesta Guardia Nacional.

Sería muy deseable que, este miércoles, organizaciones de la sociedad civil que acudirán al Senado a un Parlamento Abierto de análisis de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional (a iniciativa del Senador Emilio Alvarez Icaza), tengan en cuenta las irregularidades que se cometen no sólo en la construcción legislativa de una instancia de seguridad que, como dicen, no asegura el perfil civil que reclaman los ciudadanos porque ni siquiera cumple con el perfil de derechos humanos para los que están adentro.