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Más dinero a las clientelas

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Rubén Cortés.

Nunca veremos éxito del populismo en la fórmula de inversión para generar empleo; empleo que produzca ahorro; ahorro que incentive el gasto; gasto que provoque crecimiento. En cambio, si lo veremos ¡y en vivo y directo! en encontrar lana para conseguir bases electorales.

Un ejemplo de que, en eso, es imbatible el populismo de aliento chavista kirchnerista, en la iniciativa que mandó el gobierno mexicano al Senado: que se está discutiendo para aprobar una nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La idea del gobierno es que sea el “gabinete social” de la Presidencia de la República el que reparta en sus programas sociales (dirigidos a crear clientelas electorales) los bienes y dinero confiscados a los narcotraficantes.

Lo cierto es que en el organigrama de la 4T no existe un “gabinete social”. Algo cercano es, por ejemplo, el Banco del Bienestar del Pueblo, que fue entregado a los Bejarano como premio a su labor de zapa en el PRD durante el proceso electoral pasado.

Ahora, ese banco (dirigido por Rabindranath Salazar, operador político y brazo derecho de Dolores Padierna) maneja 292 mil millones de pesos de los programas sociales de la 4T, que son entregados “de manera directa”, por orden del presidente.

¿Hay que recordar que la jefa de Rabindranath Salazar ha advertido en la Caracas de Nicolás Maduro que quiere el chavismo para México? ¡Sí! Claro que sí hay que recordarlo:

Vamos hacia una nueva etapa de este proyecto bolivariano en Venezuela, hacia un estadio superior de este proyecto que ha sido exitoso en Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, y lo queremos también para México”.

Pero, en lo que se dilucida qué sería el “gabinete social”, es de avisar que la nueva modalidad de reparto de los dineros y los bienes confiscados al crimen organizados deja fuera del proceso al Estado mexicano, que en una democracia es el encargado de decidir el destino de éstos.

Porque, hasta antes de esta iniciativa que seguramente se aprueba en el Senado, son el Congreso y el Poder Judicial los poderes que deciden el destino de esas asignaciones, como ha ocurrido a la hora de repartir los bienes incautados a los delincuentes.

Bienes que ahora, no juguemos con las palabras, engordarán las bases electorales y sociales de Morena, en lugar de ser distribuidos de manera equitativa en todos los sectores de la sociedad. Así, como va a quedar, no es más que un agandalle autorizado. Un agandalle oficial, pues.

Ah y algo a tener en cuenta: como este dinero va a suplir la ineficacia del populismo para crear riqueza, se corre riesgo de que las acusaciones e investigaciones por crimen organizado se conviertan en una verbena. Porque habrá que incautar…

Al por mayor.