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Seguridad y elecciones, la política ficción en Quintana Roo

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Miryam Gomezcésar.

A quince días para la jornada electoral en Quintana Roo, pese a que los partidos en alianza utilizan los mismos recursos criticados al  PRI, como regalar dinero para garantizar cierta cantidad de sufragios (de lo cual existen evidencias grabadas compartidas en redes sociales por periodistas), pese a la compra de conciencias, la tendencia no cambia porque los ciudadanos no reaccionan, hartos de las campañas y de los candidatos que todo prometen pero, una vez pasada la elección, saben que todo seguirá igual.

No es para menos, la imperturbable tranquilidad de Carlos Joaquín González frente al desorden que impera en su gobierno, es asombrosa, máxime cuando la exigencia de resultados empieza a agotar la paciencia de los ciudadanos que manifiestan su inquietud por la complicada situación que en poco más de dos años y medio que lleva en el poder no ha logrado despegar su proyecto.

Tal vez por eso el activismo de su equipo y su más cercano colaborador, Juan de la Luz Enriquez Kanfachi, a quien se ha visto acelerado dentro y fuera del estado operar porque las cosas no están resultando como esperaban en este proceso.

Sin embargo, los sucesos ocurridos tras la publicación del decreto que determina la imposición del Mando Único en el municipio de Solidaridad gobernado por Morena, con tintes distintos a los referidos en el manipulado tema, hace pensar en los riesgos electorales que depara el primer domingo de junio.

Al enviar las 40 patrullas con elementos de la policía estatal a tomar las instalaciones municipales para tener su control de mando local y más tarde reunir a un puñado de personas frente a las instalaciones del Ayuntamiento en Playa del Carmen, incluidos menores de edad, supuestamente para exigir la renuncia de la alcaldesa, estamos viendo la crónica de una repetición que nos recuerda un caso similar ocurrido cuando Juan Ignacio García Zalvidea ganó la elección a presidente municipal en Benito Juárez por el PVEM, y, bajo un procedimiento idéntico, el alcalde fue arrinconado, sometido a un caprichoso golpe legislativo para defenestrarlo por quienes no aceptan que en democracia se gana hasta por un voto de diferencia.

Aún se recuerda la orquestación del zafarrancho en la explanada de la Plaza de la Reforma frente a las instalaciones del Ayuntamiento. “Ahí empezaron a dar las instrucciones. Yo los escuché, a este Hugo Jiménez y al mismo Luis Felipe Saidén (ambos de Seguridad Pública), de que arrojaran los gases lacrimógenos sin ningún motivo, simplemente porque estaba la gente reunida en la plaza”, comentó Juan Ignacio a la prensa en ese entonces.

En el caso de la alcaldesa Laura Beristain Navarrete, desde su triunfo ha enfrentado el rechazo del gobernador y de su equipo. El hecho de ser el municipio que gobernó Carlos Joaquín es un estigma a quien se atreva, pero su candidata del PAN, Cristina Torres, quien había solicitado permiso al Cabildo para ausentarse y participar para su reelección,  pese al apoyo brindado, asombrosamente perdió pero decidió no asumir la regiduría que le corresponde y en ese lugar quedó su suplente.

Hoy día, Carlos Joaquín varió su lenguaje por uno velado, amenazante que muy poco le favorece: “Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias cuando el diálogo sea posible y cuando se pueda trabajar de manera conjunta, así se hará y, si no, tendremos que utilizar todos los elementos que nos proporciona la ley para lograr esa unidad que necesitan los ciudadanos”, dijo esto a la prensa local, después del desayuno ofrecido al magisterio en Chetumal.

Más tarde, en la reunión “Unidad para Enfrentar la Inseguridad” realizada en Cancún con los funcionarios del Mando Único, el secretario de Gobierno Francisco López Mena y ocho de los once alcaldes (ausentes la accidentada edil de José María Morelos Sofía Alcocer, Laura Beristain  de Solidaridad y Otoniel Segovia de Othón P. Blanco que hizo causa común con la alcaldesa), los presidentes municipales se anticiparon a negar haber recibido presión del gobierno estatal para la firma del convenio, sin embargo, las diferencias en la redacción de cada uno de los convenios de colaboración hace imaginar el nivel de presión al que fueron sometidos si consideramos la diferencia de términos del documento rector en cada caso.

Por lo pronto, en Benito Juárez, aunque en lo general fue aprobado el convenio de colaboración del Mando Único, esto no significa haber entregado un cheque en blanco ni a los términos del convenio que continúan en análisis; ni se cedió el control de tránsito, ni de los recursos financieros como intentaban sucediera y que estos serán manejados directamente por la administración municipal.

Tampoco tiene Patente de Corso el nuevo secretario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría Chávez, que queda como encargado del despacho en el lugar que deja Jesús Pérez Abarca. También traído del estado de Morelos, fue nombrado por el controvertido secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra.

En este desaguisado quien sale ganando es la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete. Le quitan el peso de la inseguridad de encima aunque queda conocer el manejo que se dará al dinero del FortaSeg y del municipal destinado a la Seguridad Pública.

Los morenos de Quintana Roo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, no se han pronunciado sobre este pleito que tiene más aroma de control electoral que de verdadera preocupación por lo que en la demarcación sucede.

No es aventurado ni atrevido decir lo anterior si recordamos que en 2016, cuando iniciaba el trienio de Cristina Torres, al designar a los funcionarios que integrarían su gabinete, destacó el nombramiento de dos mujeres (muy jóvenes por cierto y sin experiencia en el servicio público) ante el asombro de todos porque la situación de la inseguridad crecía aceleradamente.

La alcaldesa decidió nombrar como Directora de Tránsito Municipal a Diana María Ortiz Echeverría y a Dulce Yuridia Ortega Gómez como Directora de la Policía Turística.

Es el 16 de enero del 2017 que, tras la balacera en el concurrido bar Blue Parrot, donde seis turistas fueron asesinados, el escándalo internacional ocasionado por la gravedad de la información que la nota roja generaba, al día siguiente las llamadas barbies -como solían llamar al par de funcionarias policíacas- fueron discretamente removidas de su encargo.

Pero de los acontecimientos violentos como el anterior hay muchos, el bombazo al ferry de Barcos Caribe frente al muelle de Playa del Carmen, las balaceras, ejecuciones, extorsiones y todo ese obscuro fenómeno documentado en la estadística criminal sobre lo ocurrido cotidianamente también en esa demarcación en la zona norte del estado que, para preocupación de todos, han logrado aclarar muy pocos, atrapar y someter a proceso a los involucrados.

En lo que se refiere a la refriega que ocasionó en días pasados un muerto y once heridos en la cervecería Chapultepec, también en Playa del Carmen, el Fiscal General del estado,  Óscar Montes de Oca Rosales, anunció en conferencia de prensa que ya tienen detenidos a tres sospechosos, presuntos involucrados en la balacera. El gobierno está urgido de atinarle.

Tras esto y el asesinato al día siguiente del periodista Francisco Romero Díaz, el tercero del mismo diario, la inseguridad continúa siendo el tema dominante. La exigencia del sector periodístico a las autoridades es establecer los protocolos de protección indispensables para ejercer este arriesgado oficio, con menos temor cuando se trata de la cobertura de temas tan delicados como los del crimen organizado.

Por bien de todos, esperemos que sea cierto y que, de comprobar su culpabilidad, los presuntos responsables sean procesados. Es necesario despejar dudas sobre la posible fabricación de culpables, una situación recurrente que no sorprendería cuando hay urgencia de buenos resultados para convencer que, en la entidad, sí se hace justicia porque vivimos en un verdadero Estado de Derecho.

Tal vez por esto, al manoseado decreto se anticiparon filtraciones que sitúan en el cuadrilátero de la arena política local al ex gobernador Félix González Canto. Ave de mal agüero, el ex mandatario y ex legislador local y federal, es mal visto por unos y apreciado por otros, pero es a quien señalan como patrocinador de prominentes figuras políticas a las que aseguran querer enfilar a la sucesión gubernamental. Adormecedor de serpientes como es Félix González, en ausencia sigue presente y aseguran que aún cuenta con un peso político específico. ¿Será?

De ahí que la aparición del periodista radicado en Tulum, Héctor Valdéz, en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir protección tras quejarse del acoso, agresiones y amenazas de muerte recibidas por elementos policíacos identificados con Jesús Alberto Capella Ibarra, es un tema que debe considerarse.

Estos obscuros sucesos dejan  dudas sobre lo que hay en el fondo del decreto para el control policíaco en Solidaridad. Todo parece indicar que se trata de la misma lucha encarnizada por el poder entre las dinastías isleñas de los González y los Joaquín, proceden como si Quintana Roo les perteneciera.