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Políticas forestales

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José C. Serrano.

Los años treinta del siglo XX representan palmariamente el auge del reparto agrario en México. Al concluir el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, más de 6 millones 800 mil hectáreas forestales habían sido entregadas a ejidatarios.

La Ley Forestal vigente (1926) establecía el carácter inalienable de los bosques comunales y requería que las extracciones forestales fueran exclusivamente desarrolladas por cooperativas ejidales. Sin embargo, las dotaciones forestales no se acompañaron de apoyo técnico y financiero, por lo que eran empresas privadas las que realizaban las operaciones forestales.

El debate forestal de ese tiempo era la contradicción entre las orientaciones conservacionista (dejar los bosques como estaban) y productivista (ejercer una tala controlada). Para ambas, la agricultura campesina y las extracciones forestales de las empresas privadas eran responsables del deterioro forestal. Este dilema originó la recomendación de control gubernamental de los bosques y de anular los derechos de gestión comunitaria sobre ellos.

Al iniciarse los años cuarenta la política conservacionista era objeto de distintas críticas. Los resultados de esta iniciativa habían sido pobres, debido en gran parte a la ausencia de una burocracia forestal dotada de recursos suficientes y a los incentivos a las actividades agropecuarias generadas por la Reforma Agraria.

El conservadurismo, y su principal exponente Miguel de Quevedo y Zubieta (Guadalajara, Jalisco 1862- Ciudad de México 1946) fueron considerados enemigos de la política agraria, argumentándose que amenazaban el pleno uso de los recursos naturales de los campesinos,

A grandes zancadas por las páginas de la Historia fue posible llegar al gobierno presidido por Luis Echeverría Álvarez, quien, imitando al general Cárdenas, marcó un nuevo giro de las políticas hacia el campo. Su administración reactivó el reparto agrario, afectando grandes latifundios en Sonora y Sinaloa y, entregando grandes extensiones de selvas tropicales y zonas áridas ubicadas en terrenos nacionales.

La implementación de las políticas de colonización de las áreas tropicales fue responsable de la desaparición de cerca del 80 por ciento de las selvas húmedas del país. En la región del Sureste donde se aplicaron este tipo de programas, muchas áreas forestales desmontadas no recibieron posteriormente ningún uso productivo.

Este telón de fondo puede ayudar a entender el desmadrito que está ocurriendo con el incremento de incendios, ya que las conflagraciones se acentúan en temporadas de estiaje, y el patrón de lluvias ha cambiado. El aporte científico lo brinda la organización World Resources Institute (WRI).

El Poder Legislativo, a lo pendejo, redujo el 50 por ciento el presupuesto de este año a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) destinado al combate a las conflagraciones forestales, al pasar de “300 millones de pesos a 150 millones”; asimismo, se eliminó el Programa de Empleo Temporal (PET) con el que se apoyaba el pago de salarios a las personas encargadas de combatir los incendios.

Los incendios impactan en la salud pública de los pobladores de los estados de México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Aunque los dioses prehispánicos están haciendo su labor, mediante lluvias generosas, es urgente que en las lujosas oficinas públicas, los tatamandones se pongan las pilas y se esmeren en el diseño y aplicación de políticas forestales efectivas.