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Medalla de oro en impunidad

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Francisco Garfias.

No se necesita un sesudo análisis para vaticinar que habrá un repunte de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas.

Las órdenes de aprehensión giradas en contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el alto funcionario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, detenido ya en Madrid, atienden un sentido reclamo de la población.

El impacto será positivo para él.

La noticia alivia, aunque no cura, el agravio que existe en México por la corrupción tolerada, particularmente en el sexenio pasado.

La explosiva noticia logrará detener, por ahora, la caída en la aceptación del Presidente, que se deriva de la crisis de salud, la draconiana austeridad republicana, la recién reconocida crisis de inseguridad, estancias infantiles, discurso de odio…

La fórmula para revertir una caída no es nueva. Aparece en tiempos difíciles en cualquier gobierno del color que sea.

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Lo de Lozoya-Ancira se veía venir. La víspera les congelaron las cuentas a Lozoya y al empresario Ancira.

El ex de Pemex ya se amparó. La demanda fue admitida a trámite por la Juez Luz María Amparo, pero no le ha otorgado la suspensión.

Se le acusa de haber recibido 3.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Se presume que esos recursos habrían ido a parar a la campaña del ahora ex presidente Peña.

La organización Mexicanos contra la Corrupción, sin embargo, asegura que los sobornos sirvieron a Lozoya para adquirir un inmueble en las Lomas de Chapultepec “donde se negociaban beneficios ilegales para Odebrecht”.

MCCI asegura que tuvo acceso a las investigaciones que revelan el trasfondo de las decisión de las autoridades de congelar las cuentas del ex director de Pemex y su hermana.

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Se calcula que esta empresa brasileña repartió 200 millones de dólares en sobornos a políticos de alto nivel, incluidos presidentes, funcionarios y empresarios de doce países de América Latina.

Por este caso han pisado la cárcel los ex presidentes brasileños Lula da Silva y Michel Temer, pero también a los peruanos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

El también peruano, Alan García, se suicidó cuando iba a ser arrestado, mientras que su paisano, Alejandro Toledo, esta prófugo.

Keiko Fujimori, la ex candidata presidencial de Perú, también está tras las rejas. Por el caso han sido investigados los ex mandatarios Juan Manuel Santos, de Colombia; Fernando Collor de Melo, de Brasil; y Mauricio Funes, de El Salvador.

México lleva medalla de oro en impunidad. No han atrapado a un solo funcionario de primer nivel y menos a empresarios o testaferros. Lo de ayer constituye el primer intento serio, desde que estalló este mega escándalo, por llevar a los hechos el discurso de combate a la corrupción.

En tiempos de Peña Nieto se congeló la investigación, a pesar de que el entonces procurador, Raúl Cervantes, al presentar su renuncia en octubre de 2017, le dijo a miembros de la Jucopo en el Senado que la investigación sobre los sobornos de Odebrecht estaba concluida.

A Cervantes, hay que destacarlo, se le vio hace unos días en Palacio Nacional.

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Miguel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, nos adelanta que tras la separación de la senadora potosina Leonor Loyola, seguirá una salida más.

No quiso adelantar el nombre, pero añadió: “Lo importante es que aunque fuéramos tres los senadores, permanece el grupo parlamentario”.

En su renuncia, la legisladora adelantó que se va a sumar a las filas del Partido Verde Ecologista, a invitación del dirigente estatal del Verde, Emmanuel Ramos Hernández.

Mancera nos dijo que el acuerdo para que Loyola brincara al PVEM lo hizo Ricardo Gallardo, ex coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, hoy formalmente independiente.

La bronca es que para formar grupo parlamentario –y no perder posiciones y prerrogativas— se requieren, por lo menos, cinco senadores.

FIN.