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Los 17 años que podrían esperar los migrantes en México

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Ethel Riquelme.

Al amanecer de este año, durante su sesión en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas lanzó una clara advertencia al mundo: la migración y la intolerancia serían la característica del 2019;  México, este año podría pasar de expulsor a receptor de migrantes y la estancia de migrantes podría alargarse hasta 25 años en espera de asilo o refugio; cuando menos 17 años promedio documentado, por lo que los “terceros países seguros” debían estar preparados.

En medio de la  celebración por la alternancia, en México nadie prestó atención, continuaron los sorprendentemente elevados flujos migratorios abiertos. O, bien, ése era el plan.
La realidad llegó. La organización documenta que la estancia de migrantes en un “tercer país seguro” en espera de poder alcanzar la Nación destino, es de 17 años promedio, tiempo durante el cual se les debe proporcionar los apoyos básicos de desarrollo humano como vivienda, trato digno, salud,  alimentación y respeto a los derechos humanos, no obstante que no cuenten con la estancia o residencia legal.
Como lo ha podido medir en diferentes fronteras del mundo, equivale a casi una generación, tiempo en el cual los migrantes de paso o en espera efectúan todas las interrelaciones comunitarias, se casan, se incorporan a las fuentes laborales (aun ilegal o informal), a los núcleos sociales y tienen hijos mexicanos lo que les permite una nueva condición de estadía para tramitar su nacionalidad.

El término tercer país seguro, forma parte del concepto de “protección efectiva” en el contexto de los movimientos secundarios de solicitantes de asilo y refugiados creado en Lisboa, en el año 2002, durante la reunión de expertos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. El de nacimiento es el primer país seguro, el de destino, el segundo, y el de espera, el tercero.

El propósito del concepto de “protección efectiva” no es únicamente alojar a los migrantes que van de paso, sino particularmente a los que serán devueltos, en este caso de Estados Unidos, porque, para la Acnur, los terceros países seguros deben mejorar la cooperación internacional con el propósito de compartir las cargas y responsabilidades de la admisión y recepción de refugiados; fortalecer la capacidad de protección en los países de asilo; promover la solidaridad internacional y el apoyo para generar soluciones, como si la situación nacional no fuera suficiente.

Incluso, la obligación de un tercer país seguro, como ya lo somos de facto a partir de la negociación tan celebrada del canciller Marcelo Ebrard, lo incorpora a los temas relativos a “movimientos irregulares”, incluyendo la trata y el tráfico de personas y la multiplicidad de solicitudes.

En cuestión de unas horas nos metimos, como país, en un gran brete.

Para tener una idea de la complejidad y responsabilidad que les representa a las naciones que se encuentran en esa categoría, hoy en el mundo hay 57 millones de niños que no van a la escuela porque tienen que trabajar, porque son mujeres y no hombres, porque no tienen una escuela cercana o porque son migrantes que no cuentan con ese derecho.

La situación de los terceros países seguros es tan grave que hoy, en el mundo, de acuerdo con cifras de la ONU, hay 10 millones de familias que no cuentan con nacionalidad, en proceso de migración, sin documentos de identificación, donde sus países no les reconocen derechos y tampoco han sido aceptados por otras Naciones o sin calidad legal, ni residentes, ni asilados, ni refugiados, sólo migrantes.

Muy duro para los migrantes también, quienes deberán esperar, por tiempo indefinido, primero las instrucciones del trámite para entrar a Estados Unidos, luego el procedimiento de documentación y entrevistas, y, posteriormente, la calificación asegurando, y será mucho peor para los que sean devueltos mediante deportación dejando atrás posesiones, familias y empleos.

Sin embargo, en los términos de los acuerdos de Lisboa, la calidad de país seguro obliga a México a brindarles a los migrantes reconocimiento humano, a su pasaporte y nacionalidad, libertad de tránsito, reconocimiento internacional y garantía a su integridad física por el sólo hecho de pisar el territorio mexicano.