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La Sumisión Exterior y la Abdicación Interior

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Ethel Riquelme.

Cuando el presidente López Obrador logre salir al paso de la presión de Estados Unidos con el acuerdo comercial-migratorio planteado por su cancillería, habrá instaurado una política exterior de sumisión y, también, habrá abdicado en la política de seguridad interior para saltarse directo a una de seguridad nacional, ante los gravísimos escenarios que la falta de un plan de seguridad humana traerá contra migrantes y la ausencia de una verdadera seguridad pública contra los propios mexicanos.

Ahí están los asesinatos de jóvenes universitarios sucedidos, en por lo menos dos de los tres casos más difundidos en el perímetro donde se localizan las instalaciones de la Secretaría de Marina y todas sus unidades y las instalaciones de la Policía Federal, Tlalpan, Acoxpa y Coapa. El colmo.

La fuerza de seguridad, sin embargo, se ha centrado en la migración. Se estima que entre julio y diciembre próximos unas 50 mil personas serán deportadas desde Estados Unidos a México y se instalarán, en un primer momento, en los estados de la frontera norte, incapacitados desde cualquier concepto a dar asilo, refugio y estancia. A ellos se sumarán unos 40 mil más que han llegado desde el sur en caravanas durante 2018 y 2019 (aunque la Segob insiste que son solamente 5 mil persona)  y otros 30 mil que se calcula ahí han permanecido en intentos de cruces ilegales.

Lo preocupante es que la movilización de soldados y marinos (ataviados de Guardia Nacional inexistente) para “atender” migrantes en ambas fronteras provocará un giro muy grave en el terreno de la seguridad interior.

La política migratoria de persecución provocará que los grupos criminales actúen con mayor violencia contra migrantes vulnerables y temerosos de ser detenidos; los coyotes y traficantes de personas cobrarán y extorsionarán más a una migración que tardarán en desincentivarse de cruzar a norte; los viajes se volverán cada vez más peligrosos para la vida y la integridad y con ello, los casos de ejecuciones, desapariciones y actos de lesa humanidad colocarán a México en el foco de atención internacional.

Organizaciones y colectivos de México, Centroamérica y Estados Unidos, sin fronteras, fundación para la justicia, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba que opera en la frontera de Chiapas, la organización Asilo Access, la Red proderechos de la infancia, el Instituto para las Mujeres por la Migración, el Colectivo de Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional advierten que los temas de ejecuciones, desapariciones y la ausencia de mecanismos de control de personas, provocarán un enorme problema de seguridad nacional al país en breve.

Apenas en su toma de posesión, López Obrador refirió que había heredado la catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público.

A la fecha, contra México se acumulan denuncias por abusos de las autoridades, asesinatos de periodistas, más de 60 mil asesinatos violentos por año, unos 200 mil desplazados  y en octubre de 2018, el entonces Secretario de Gobernación admitió que se desconocía el paradero de unas 37,400 personas desaparecidas desde 2006 y, según la CNDH, entre 3,900 cuerpos han sido hallados en unas 1,300 fosas clandestinas.

Las cifras, dicen las organizaciones sociales, podrían agravarse también en seguridad pública ante la ausencia de elementos policíacos, el crecimiento exponencial de delitos de fuero común  y la desmovilización de cuerpos policíacos y de la Guardia Nacional que han sido asignados a otras tareas.

Migrar y pedir asilo no es delito, pero el control de las fronteras debe estar guiado por los derechos humanos, debe estar previsto en las leyes, en planes específicos de asilo, en norma para regularización  de la estancia; sin embargo, y hasta la fecha, del propio presidente y de su gobierno sólo se han escuchado acciones de contención, disuasión y persecución.

Militarizar las fronteras para enfrentar seres humanos en condiciones de vulnerabilidad sin tanques ni armamento, coloca al gobierno de López Obrador en el peor de los escenarios ante la comunidad internacional, justo el papel que Enrique Peña Nieto tanto temió; en la responsabilidad que Felipe Calderón convirtió en el Plan Mérida, para que México no la cargara solo.
Que Dios nos agarre confesados o “In God We Trust”.