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La inseguridad en Quintana Roo, entre aprendices y corsarios

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Miryam Gomezcésar.

Muchos temas complicados que requieren tiempo para resolverse y, por lo mismo, se convierten en  más frentes abiertos al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que todo lo quiere resolver personalmente. Sorprende su temple para resistir la embestida de una clase político/empresarial que por un lado le estrecha la mano y aplaude, y por otro, le crea infiernitos a un año de su triunfo.

Recientemente estuvo en Quintana Roo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Dr. Santiago Nieto Castillo,  para la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del Estado y la Fiscalía General de Quintana Roo, para supuestamente reforzar las investigaciones en los casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

Esto, lejos de generar confianza, siembra dudas tras el desempeño de los responsables de acreditar desvíos, fraudes y todos los delitos imputables a ese régimen, el nuevo convenio sólo resalta la incapacidad del gobierno local para cumplir con su compromiso de luchar contra la corrupción cuando los casos supuestamente documentados, han sido mal procesados y los responsables liberados.

Esto no sería problema si no pareciera más burla y simulación que algo serio cuando vemos la facilidad de los responsables para zafarse de la justicia local, todos campean como si nada (salvo el ex alcalde de Solidaridad Mauricio Góngora que permanece detenido) aunque bajo sospecha porque no es creíble lo que sucede cuando a cualquier penitente que atrapan por robar una bolsa de papas, lo remiten y mantienen preso mientras aclaran su situación jurídica y pueden pasar años para que suceda.

La garantía de impunidad que ha representado para los delincuentes de cuello blanco el gobierno de Carlos Joaquín González, aunque socialmente es una ofensa, podría servir como patente de corso en caso necesario más adelante.

“Estos convenios permiten ser una tuerca más para apretar y detectar la corrupción, corregirla, castigarla y que no vuelva a darse. Una herramienta más en la lucha al combate a la corrupción que es real, es verdadera y que debemos de usarla para poder mirar a los ciudadanos de frente”, dijo el gobernador tras firmar el documento.

El chiste se cuenta solo, con un Congreso y una Fiscalía sin transparencia, con más pena que gloria, sin siquiera un mínimo interés de, al menos, parecer profesionales, el socavón de la corrupción que esto propicia es el nivel de inseguridad que se vive en el estado. Todo un escándalo.

Cómo explicar y entender el gasto ejercido para adquisición de materiales, patrullas, equipo de vigilancia con tecnología de punta, entre otros enseres,  cuando las autoridades afirman que bajó la incidencia de dos a un homicidio diario y tan sólo el día de ayer hubo más de siete ejecutados (dos hombres y una mujer en Chan Chemuyil, en Tulum; otro localizado descuartizado metido en once bolsas negras de basura encontradas en la colonia Corales; uno más encontrado amordazo en la colonia Avante; en Playa del Carmen otro, más un joven descuartizado localizado en vía pública en Cancún, con un mensaje burlón sobre el yeso de uno de sus brazos), casos cometidos con tal saña que parece el rompecabezas de un tema macabro.

Este resumen de algo que es recurrente en una jornada digamos ‘normal’ en este trópico paradisiaco, habla de un fenómeno creciente donde las autoridades  establecen acuerdos, realizan encuentros y operativos y, aunque los convenios van y vienen, la situación ni se corrige, ni se aminora, ni la reconocen públicamente (probablemente en sus reuniones sea distinto) y, lo que hasta hoy sólo ha sido un cúmulo costoso de  buenas intenciones, es constatable en las escalofriantes cifras que son la mejor muestra de la capacidad real o voluntad política dispuesta para enfrentar el absurdo de una realidad letal que han tratado de maquillar pero se ve, permanece. Para preocupación de todos su arraigo es cada vez más visible.

¿Dónde está el policía?

En este contexto, cómo explicar la utilidad del Mando Único y la efectividad de las estrategias implementadas por su Coordinador, Jesús Alberto Capella Ibarra, ante el incremento de actos de violencia extrema.

Es importante conocer en qué se basan las autoridades de los tres niveles de gobierno para asegurar que los homicidios dolosos han disminuido en Quintana Roo, cuando se vive este nivel de violencia que a la mayoría horroriza.

Hace unos días, el robusto funcionario policíaco Jesús Alberto Capella Ibarra, aseguró que como parte de su estrategia despedirá a los elementos que tengan sobrepeso u obesidad. El tema se complica si consideramos su insistencia de  traer, desde el Estado de Morelos, más elementos para los puestos directivos de la dependencia, sin considerar la urgencia de contar con los elementos operativos requeridos para el patrullaje. Pareciera que Capella Ibarra se interesa mucho en despedir elementos locales sólo para importar y contratar a sus sátrapas cómplices del Estado de Morelos.

El desorden administrativo que al parecer también llegó para quedarse en los gobiernos municipales, continúa causando estragos en el sector policíaco y muchas dudas sobre la eficacia de sus acciones, en los habitantes.

Así, tras la renuncia “voluntaria” del Director General de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Solidaridad, Martín Guadalupe Estrada Sánchez, hace pocos días, el origen de su separación del cargo generó toda clase de sospechas sobre el verdadero origen ante la cantidad de ejecuciones cometidas desde el inicio del gobierno municipal actual, un  lamentable aumento de violencia desatada que no han logrado frenar.

En este sentido, se dice que la dimisión mencionada en realidad se trató de una destitución exigida a la alcaldesa Laura Beristain Navarrete durante la reunión con el Gabinete de Seguridad Federal encabezada por el Presidente AMLO a la que también asistieron la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, y el gobernador Carlos Joaquín González, efectuada el lunes pasado previo a la conferencia de prensa matutina desde Isla Mujeres.

En Cancún, con grandes contrastes en el tratamiento de los problemas, de cara a la integración de la Policía Auxiliar, a pesar de que el Comité de Reactivación del Centro (del Consejo Coordinador Empresarial) facilitara en comodato un local para la instalación de la nueva corporación, mismo que físicamente será entregado la semana que entra, todo parece empantanado.

Pese al interés empresarial de contratar estos servicios de seguridad, el tema sigue en espera de ser procesado, no han concretado ni la contratación de nuevos elementos, ni los términos de su constitución y la dilación resulta injustificable por el nivel de violencia que, pese a todo lo invertido, se experimenta en extorsiones, amenazas con alto nivel de violencia escabrosamente en el día a día.

Es evidente que aunque haya buenas intenciones de algunas autoridades locales para avanzar en la solución de este grave problema que a todos preocupa por lo mucho que se expone, al mismo tiempo todo se burocratiza frente a un crimen organizado expedito, eficaz y excesivamente agresivo, algo que debería atenderse sin tardanza.

Como se ve, pareciera que hay alguien en el Ayuntamiento interesado en que no se concreten las cosas como debieran para la integración de la nueva corporación. Enfrentar un injustificable desorden administrativo en asuntos tan delicados resulta desesperante. ¿Estará consciente de esto la alcaldesa Mara Lezama?