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Resistencia de autoridades en prevención de violencia de género: ONG

México.- A cuatro años de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte fuertes resistencias de las autoridades en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

En este contexto y frente a un panorama en que el 56 por ciento del territorio nacional se encuentra declarado formalmente bajo este mecanismo; activistas, defensoras y especialistas solicitaron al gobierno evaluar y monitorear las 19 declaratorias que hay en el país, así como apartarse de la “tentación” de desaparecerlo.

El 31 de julio se cumplirán cuatro años de la emisión de la AVG en el Estado de México y ante la ausencia de un mecanismo de seguimiento oficial a la implementación de las recomendaciones realizadas por el Gobierno Federal a los gobiernos locales; las organizaciones adheridas al OCNF realizaron un Dictamen Ciudadano, el cual evidencia la negativa por parte de las autoridades de abordar la violencia feminicida como una problemática sistemática, reduciéndola a situaciones aisladas.

Durante un foro para presentar los resultados de este trabajo, María de la Luz Estrada coordinadora del OCNF e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, exhibió que durante estos años el número de feminicidios diarios incrementó de seis a 10.

“La violencia feminicida es hoy un problema generalizado a nivel nacional” y este mecanismo debe generar acciones que disminuya la violencia de género de forma eficaz.

El dictamen, agregó, revela, entre otros, abandono de un gobierno a otro de las medidas para abordar el problema. Asimismo exhibe que las recomendaciones de seguridad, prevención y justicia se volvieron únicamente un catálogo de acciones limitadas en comparación al contexto o “grave” que se vive en el estado.

María de la Luz Estrada expuso que este mecanismo ha servido para atender los vacíos, obstáculos y resistencias de ñas autoridades. Aclaró que se trata de un elemento fiscalizador, es decir, una herramienta correctiva de las políticas públicas y los marcos legales que discriminan, revictimizan y no protegen ni garantizan una vida libre de violencia para las mujeres y niñas.

Fuente: La Jornada