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¿Percepción o manipulación en Quintana Roo?

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Miryam Gomezcésar.

Duraron poco los otros datos que tenía el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de inseguridad. Las cifras de la realidad son agobiantes, lo bueno es que reconoce su gravedad y la urgencia de bajar la tendencia de la tragedia, porque lo que sucede en la actualidad es eso, una verdadera tragedia social producto del ancestral descuido.

Desde los gobiernos, los funcionarios prefieren hablar de percepción en vez de precisar datos concretos sobre la realidad de la inseguridad. Algo inadmisible sobre el tratamiento de un fenómeno que al mismo tiempo es causa y efecto de la descomposición social.

La facilidad para manipular la estadística y dar información sesgada de la realidad por parte de los gobiernos a la ciudadanía provoca irritación y crítica inmediata entre quienes conocen las cifras concretas cuando lo que se exige es tomar al toro por los cuernos, que es la traducción de los reclamos insistentes de la comunidad por el insano estrés que produce la violencia llevada al límite de la intransigencia.

La  situación preocupa más cuando en las calles, en el día a día, el temor es creciente por la cantidad de ejecuciones, extorsiones, robos con violencia, secuestros -ahora también en racimo, entre otros- que va en aumento y en sus declaraciones, los responsables del orden intentan imponer nuevos criterios y aventurar datos dudosos.

Como en Quintana Roo, donde la solución de los problemas se conjuga con los tiempos políticos y aunque aún faltan tres largos años para la sucesión del mandatario estatal, ha surgido la idea nada descabellada, de que los directivos de la policía tienen “otros propósitos” distintos a sus responsabilidades, se trata pues de armar comités ciudadanos de vigilancia preventiva que en realidad funcionarían como redes para el control electoral.

Desde luego que en Benito Juárez, esto viola los términos del Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública pactados entre el Mando Único y el Ayuntamiento, donde queda establecido que la policía estatal no puede formar comités vecinales de prevención del delito  porque esto compete únicamente a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.

La inseguridad, las cifras de la percepción y la realidad, más la oficialización de la nueva Policía Auxiliar que entró en vigor el día de ayer en Cancún, son temas que rivalizan entre la autoridad municipal, el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Santamaría, recién ratificado en sus funciones y el secretario de Seguridad Pública y coordinador del Mando Único, Jesús Alberto Capella Ibarra, una lucha que esboza un inadmisible desorden interno en la propia corporación policíaca al tiempo de exhibir los probables motivos de la incapacidad demostrada por su titular con su llamada estrategia que a la fecha contabiliza más eventos fatales que aciertos aunque no lo reconozca.

Durante la sesión de pre cabildeo esta semana hubo forcejeo verbal entre el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Santamaría Chávez y el Octavo Regidor Humberto Aldana Navarro por el tema de los acuerdos violentados “No insulte la inteligencia de este cabildo. El comandante Capella está haciendo comités en territorio municipal. Son comités de la Policía Quintana Roo y ésta no tiene facultades para hacer comités porque es una policía creada de la suma de dos cuerpos policíacos por virtud del acuerdo del Mando Único…”. Los cuestionamientos parten del supuesto de que se respetarían todos los términos del acuerdo del Mando Único cuando en los hechos, sucede todo lo contrario.

Durante la XXI Sesión de Cabildo en la que se ratificó a Santamaría Chávez, también fueron nombrados como director de la Policía Preventiva, Carlos Armando Tejeda López y como jefe de la Policía Turística, César Augusto Escamilla Pacheco. Ahí, mientras los regidores aplaudieron la postura del recién ratificado secretario municipal de SPyT, importado del estado de Morelos, Eduardo Santamaría Chávez, incluida la regidora Clara Díaz que preside la Comisión de Seguridad Pública, como se observa, el entusiasmo no fue unánime.

La discusión sobre el manejo de las cifras de la percepción de inseguridad que insisten los directivos de policía ha bajado, contrasta con la argumentación y cuestionamientos del regidor Aldana Navarro al secretario de Policía y Tránsito: “¿En qué se basa para decir que han bajado los robos? Si su personal está robándole a la ciudadanía, los está amedrentando, los está amenazando de que si van a Asuntos Internos, los van a buscar y se las van a pagar si denuncian, así? ¿Cómo asegura que han disminuido los robos? Esto genera una estadística falsa porque sus propios elementos con esa actitud inhiben la denuncia y la estadística que usted presenta está basada en la denuncia”, explicó al pretencioso funcionario.

Durante la XXI Sesión de Cabildo, donde también fueron nombrados como director de la Policía Preventiva, Carlos Armando Tejeda López y como jefe de la Policía Turística, César Augusto Escamilla Pacheco, hubo de todo.

Desde luego que si los funcionarios menores subestiman la defensa de los términos del acuerdo, deberíamos preocuparnos todos porque la inseguridad campea ante el desorden y la ignorancia que se evidencia en la mayoría de funcionarios estatales, municipales y los integrantes del Cabildo.

El significado de violentar los términos pactados entre el gobierno estatal y los ayuntamientos es de total arbitrariedad por parte de sus ejecutores y quienes prefieren ver, oír y callar o ausentarse, son igualmente culpables. Que quede claro que esto no se hace si no es con la venia del mandatario.

Otro asunto que debe preocupar es el probable uso de los Comités Vecinales de Prevención del Delito, que son integrados por Capella Ibarra supuestamente para frenar a quienes pretendan lanzarse por alguna candidatura que no estén en el ánimo del gobernador o, del propio policía. En el estado de Morelos según el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, tiene dos procesos judiciales pendientes.

Rebasar la norma y violentar la autonomía municipal se parece mucho a un intento dictatorial, eso que no se cansan en señalar de AMLO. ¿Es la novedosa propuesta del gobernador del PAN?

En este sentido, Carlos Joaquín González, enfrascado como está en sus duelos verbales con legisladores federales y probables aspirantes a sucederlo, cuestiona la corrupción de fondo que hay en temas controvertidos como el de la aprobación de la extensión de la concesión del agua por 20 años más a la empresa Aguakán, pero su respuesta sorprendió a más de uno cuando por un lado dijo “¿Hubo corrupción? ¿A quién benefició? ¿Por qué quienes dieron esa autorización hoy quieren que se acabe?”.

“Debemos verificar el momento de otorgar la concesión, si hubo actos de corrupción, verificar las causas y el origen de lo que hoy se considera un problema. Investiguemos quién aprobó y si hay acciones de corrupción alrededor de quienes la otorgaron y avalaron su servicio con la ampliación de la concesión a Solidaridad”, dijo en días pasados a la prensa local y por otro, su pretensión de imponer un candidato externo como rector en la Universidad de Quintana Roo, que lo exhibe de cuerpo entero simulando un proceso nítido en el que nadie cree y le ha ocasionado serias críticas incluso de la comunidad docente, empleados y estudiantes, quienes rechazan el intento y se movilizan para hacer valer los méritos académicos, es un asunto delicado que debería valorar.

Tiempos difíciles de inseguridad para la población, de manejo sesgado, discrecional de sus datos reales, de los abusos de un gobierno indiferente. Que alguien explique a los quintanarroenses cómo salir de tan compleja situación.