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De la indolencia a la procastinación del deber en Quintana Roo

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Miryam Gomezcésar.

Se acumulan los llamados “daños colaterales” del crimen organizado a menores de edad. Pero también hay otros perjuicios sociales estrujantes que suceden en el estado, son aquellos casos dolorosos que sólo se mencionan en los diarios como cualquier información de la nota roja amarillista.

La indiferencia social debe estudiarse a fondo por la patología que sugiere la falta de protección donde más falta hace que es en quienes carecen de todo hasta de la posibilidad de defenderse. Sucedió un caso perturbador que sirve para esbozar el fenómeno producido por lo que como sociedad estamos haciendo mal.

Mientras la discusión de la opinión pública se centra en la dieta nutricional del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Quintana Roo una masacre se efectuó a principios del mes en el camino a la comunidad de Limones del municipio de Othón P. Blanco, en la zona sur del estado, donde ocho personas fueron ejecutadas al tiempo que en el relleno sanitario de Playa del Carmen, encontraran el cuerpo sin vísceras de una criatura de pocas semanas de nacida que supuestamente estaba en una bolsa dentro de un contenedor de basura. ¿Alguna reacción oficial o de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre esto último?

Lo punzante es que la criatura no mereciera el respeto de nadie. El trágico suceso adquiere tintes alarmantes que intimidan por el alto grado de agresividad que impera en todos lados  y la facilidad que propicia engancharse a esa numerosa cantidad de jóvenes dispuestos a realizar las violentas  actividades delictivas de bandas criminales.

Lo anterior resalta el desapego, la crueldad excesiva a la que se atreven, la capacidad de avance demostrada por estos grupos delictivos a los que se integran ante el silencio sepulcral de sus familiares y amigos, en este fenómeno tan presente que despide el nauseabundo hedor de su caldo de cultivo que es el descuido.

El mutismo de las autoridades sobre el caso de la bebé encontrada en el contenedor de la basura, pese a la inquietud que despierta en las familias la simple idea de lo sucedido que todo asocian a la desaparición cada vez más frecuente de personas en la geografía del estado (once en el último mes) y, que esto sugiere que entre las actividades criminales junto a la trata de blancas, hay otras como la probable existencia de tráfico de órganos, asunto que atemoriza porque todavía no hay una versión oficial.

Sin embargo, más allá de los verdaderos motivos del fallecimiento de la criatura y el estado en que fue localizado, la patología cotidiana que se esboza con este agravio -que no es un caso aislado- demuestra el grado de descomposición social que se vive y que es urgente frenar.

Pese a la realidad del avance criminal cada vez más absurdo, del deterioro de su imagen y, de cara a su Tercer Informe de Gobierno, Carlos Joaquín González, ha defendido contra viento y marea a los miembros de su equipo que más lo han perjudicado, tal es el caso de Haidé Serrano en Comunicación Social, del Secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, de Manuel Alamilla C. en la Oficialía Mayor y del súper asesor Juan de la Luz Kanfachi.

Capella Ibarra reitera, pide, suplica paciencia para demostrar la efectividad de su estrategia. Da un plazo de seis semanas para que se empiecen a notar los resultados mientras en Cancún, con una bomba molotov unos sujetos incendian como si nada, tres ambulancias en las instalaciones de la empresa Life.

Es tan absurdo pedir paciencia cuando otra niña, Melani Madai, de nueve años de edad, esta semana recibió un balazo en la cabeza que la mantiene grave en el Hospital General, por una bala perdida producto de oootra ejecución ocurrida en la calle de una región. ¿Alcanza con un simple ‘usted perdone, estamos trabajando, en dos semanas daremos resultados’?

El nivel de inseguridad resulta inaceptable. El abultado presupuesto destinado al financiamiento de Seguridad Pública es insuficiente por los índices de criminalidad que ubican al estado con alto grado de impunidad, el esfuerzo dedicado de los tres poderes locales Ejecutivo, Judicial y Legislativo es relativamente poco frente al desafío y la marginal capacidad demostrada por las autoridades.

Los informes del  *Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 1° de enero al 20 de junio del 2019, establecen que la incidencia delictiva en Quintana Roo es de 22,916. Si se considera la población habitante en toda la geografía del estado que, según el último censo del INEGI del 2015, es de 1,501,562, la cifra presentada por el SESNSP es alta y  preocupante.

Pero no son los únicos datos relacionados con la corrupción en las instituciones y la impunidad en los gobiernos. La tendencia local habla por sí sola. En el estudio *Hallazgos 2018, de la organización civil México Evalúa que dirige la investigadora del CIDE, Edna Jaime “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, el estado presenta un atraso considerable.

“En 2018 se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguido de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Nuevo León. Por otro lado, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo”.

Los quintanarroenses merecen un mejor trato que el gobernador sólo reconoce en el discurso. En una entidad con extraordinario potencial para explotar, sus  deficiencias sólo se explican por la laxitud en sus gobiernos que han permitido la depredación de su riqueza sin que esto represente algún beneficio para muchas de sus comunidades.

La falta de visión en la planeación del crecimiento y desarrollo se refleja en el desequilibrio en la distribución de su riqueza que impide la disminución de sus márgenes de pobreza, tan pronunciados en algunas zonas donde sus poblaciones carecen de infraestructura para la dotación de servicios básicos como agua entubada y energía eléctrica.

El fenómeno de la desigualdad, tan ligado a la violencia, no ha sido tratado con suficiente seriedad lo que se refleja en los resultados de la aplicación de las políticas públicas. Sus consecuencias parecen irremediables, prueba de ello es el acelere de la delincuencia. Broma de mal gusto parece la constante salida del Secretario de Seguridad Pública ¡Ténganme paciencia! Ahora alega seis semanas, no más.

Y, mientras su estrategia arroja resultados de un inimaginable repunte criminal, en el Congreso local los diputados de la XV Legislatura se preparan para su relevo y, como lo que se ve no se juzga, en asuntos de política local, el Morena consiguió lo que buscaba, la diputación plurinominal para Edgar Gasca Arceo. Esto, que facilitará tener el control a entrante XVI Legislatura, debe verse como un asunto de contrapesos.

Los magistrados de la Sala Regional de la III Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Xalapa, Veracruz, procedieron a devolver la curul de mayoría relativa que los concejales locales del IEQRoo, habían cedido a Movimiento Ciudadano.

Como habíamos comentado, será el 15 de agosto cuando se dé a conocer el nombre del nuevo rector de la Universidad de Quintana Roo (UQRoo). Lamentable por donde se mire, es que los colaboradores del gobernador Carlos Joaquín González, el Oficial Mayor Manuel Alamilla C. y el asesor Juan de la Luz Kanfachi, estén dedicados en cuerpo y alma a sellar todo resquicio que impida ungir a López Mena como rector de la máxima casa de estudios por mandato superior.

Esto, que ya se sabe y se ve venir,  pese a que lo que significa continuar en la mediocridad de estar situada en el 42avo lugar del ranking nacional de las mejores universidades, la UQRoo terminará, como tantas instituciones públicas que nacieron como proyectos visionarios y gracias a la buena voluntad de sus creadores, con un desprestigio total. Triste para el estado y más, para el futuro de sus estudiantes.

Por cierto, no cabe duda del peso que significó la alternancia en el gobierno federal para el de Quintana Roo, hoy en manos de un ex priísta que navega como panista-perredista, una ácida combinación que poco a poco desvanece las ansias sucesorias de un liderazgo desganado.

En este sentido, sin la presión social a los tres poderes del estado, la situación de Quintana Roo seguirá intacta.

Fuentes: