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El “Judas” de Rosario

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Francisco Garfias.

No todo es Sedatu, Sedesol y Rosario Robles en materia de denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por observaciones no solventadas en el uso de recursos públicos.

A esas dos secretarias corresponden diez de las 63 que reporta la ASF, del 15 de marzo del 2018 a la fecha, de las que se deriva un daño al patrimonio de la Nación de 3 mil 500 millones de pesos.

En estados y municipios “también hace aire”. Fuentes de la ASF nos confirman que los gobiernos de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz suman otras diez denuncias por un monto de 388.3 millones.

Otras 36 corresponden a gobiernos municipales y alcanzan un monto de 435.2 millones de pesos.

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En la columna de Raymundo Riva Palacio, que publica El Financiero, leímos que Emilio Zebadúa, hombre cercanísimo a Rosario, ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu, pieza clave en la llamada Estafa Maestra, le dio una “puñalada” a su ex jefa.

Nos pusimos a investigar en el entorno más cercano a la ex titular de Sedesol y Sedatu. Nos confirmaron que este hombre de apariencia respetable traicionó quien depositó toda la confianza en él.

Y no solo él. Hay dos más. ¿A cambio de qué? ¿Impunidad? Son preguntas.

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Por cierto que el Consejo de la Judicatura informó ayer que, hasta el momento, no se ha presentado una queja o recurso formal derivado del parentesco del juez Felipe Delgadillo Padierna con la diputada Dolores Padierna, esposa del Señor de las Ligas.

El sobrino de la diputada envió a la cárcel a Rosario por un delito que no es grave: ejercicio indebido del servicio público. Alegó “riesgo de fuga” por una licencia que no tenía la dirección correcta de la ex secretaria.

Luego de justificar que la asignación del caso a Herrera Padierna, a pesar del evidente conflicto de interés, el CJF remata diciendo que su misión es clara: cero tolerancia a la corrupción y absoluta defensa a la independencia judicial.

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“El último que se vaya que apague la luz” , fue una pinta que caracterizó la emigración masiva de uruguayos entre 1975 y 1976, debido a la dictadura cívico militar que entonces gobernaba ese país sudamericano.

Viene al caso por lo que ocurre en el PRI, el otrora partidazo que gobernó México durante buena parte del siglo XX y volvió a Palacio Nacional en el 2012.

Ivonne Ortega, ex aspirante a la presidencia nacional del tricolor, anunció sorpresivamente su renuncia al partido.

Lo hizo después de haber declarado, al día siguiente de la elección que dio el triunfo a Alito Moreno, que no se iría del partido y trabajaría desde dentro para democratizarlo.

Pero ayer nos llegó el comunicado de la renuncia, tras 29 años de militancia. Habla en forma devastadora de la elección del pasado domingo.

“Vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. El resultado para el PRI es que lo refundieron”, asevera.

En un corto lapso, se han ido del PRI José Narro, otro ex aspirante a la presidencia del partido, Beatriz Pagés, el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, dirigentes estatales, municipales y muchos de base que apoyaron a AMLO en la última elección.

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Antonio Pérez Garibay, papá del corredor Checo Pérez, sería el nuevo “superdelegado” de Morena en Jalisco, en substitución del controvertido empresario farmacéutico Carlos Lomelí.

“Su capacidad negociadora y cercanía con el Presidente López Obrador lo colocan muy cerca de esa posición”, nos dice una fuente vinculada con ese proceso.

Es de todos sabido que Lomelí renunció al cargo –considerado como paso previo a la candidatura a gobernador– por conflictos de interés.

El empresario integró una red de empresas farmacéuticas que obtuvieron contratos por, al menos, 164 millones de pesos, en la administración del presidente López Obrador, a pesar de que era funcionario, según Mexicanos Contra la Corrupción.

FIN.