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Sueños de un dictador disfrazado de policía

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Miryam Gomezcésar.

Tiempo hostil en la política del estado donde nada es lo que pregonan, donde priva la cerrazón de los funcionarios, decididos a imponer criterios mientras las cifras de ejecutados suben como la espuma determinando que el tiempo estimado para dar buenos resultados, está por agotarse. En lo que va del año se contabilizan 245 ejecutados en Quintana Roo según El Financiero.

El diario indica que cada 22 horas hay un ejecutado en Cancún, de ahí la angustia de sus habitantes que presionan  a las autoridades exigiendo poner un alto a la intolerable inseguridad por una hábil delincuencia que ahora también adoptó la modalidad de delinquir en el transporte público con pistola para amedrentar a los usuarios que exigen más acción y menos palabras a los funcionarios de la policía que no saben cómo responder a los cuestionamientos cada vez más frecuentes y duros de los ciudadanos por un tema principalísimo para la mayoría como es recuperar la tranquilidad.

Por eso, la respuesta del mandatario de dar mayor poder a alguien ineficiente, causa esa sensación de impotencia y desamparo que existe entre muchos de los habitantes de este paraíso que rechazan cualquier justificación que valga permitir tan monumental vergüenza.

Carlos Joaquín González deshonra su palabra comprometida, tal vez pensó que devolver la paz donde hoy hay crisis en el umbral de su Tercer Informe, era un juego de chiquillos. Al mandar la iniciativa que derivó en el decreto Ley de Emergencia Policial,  mediante el cual se conceden facultades adicionales a las que tenía al Secretario de Seguridad Pública, de esta forma Jesús Alberto Capella Ibarra (JACI), corona su propósito de se ser visto como en hombre fuerte del poder, una especie de dictador disfrazado de policía.

Como antecedente, basta recordar que, tras la balacera en la cervecería Chapultepec en Playa del Carmen, Solidaridad, cuando no existía reglamento ni ley que lo permitiera. Por sus lagunas jurídicas, cómo no recordar aquella madrugada cuando el secretario de Seguridad Pública tomó de facto las instalaciones de la corporación de la Policía Preventiva Municipal de Solidaridad, sin mediar algún acuerdo ni documento que permitiera la osadía.

Conscientes de lo anterior,  supuestamente de la mano de JACI y Juan de la Luz Kanfachi, se realizó la instrumentación para dar cuerpo a la iniciativa, se modificaron dos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: la fracción X del 90 y el artículo 157.

Ante el desorden más el riesgo que para los habitantes significaba su constante exposición a las guerra del hampa, la presión  del mandatario que con fórceps intentaba imponerle al funcionario como coordinador del Mando Único, pese a la actitud sobrada del personaje, la alcaldesa Laura Beristain N., hizo público su rechazo que, ante la actitud vacilante del mandatario y al conocer el decreto se dijo decidida a acudir a la SCJN para entablar una demanda de inconstitucionalidad.

Con este antecedente y el aumento de ejecuciones, surgieron dudas porque el repunte exhibe las fallas de la aplicación de una supuestamente exitosa estrategia diseñada para disminuir los índices delictivos, hoy se supone que también aumentó la afectación a terceros inocentes.

El decreto de marras  expedido por el Congreso, lejos de ser un documento nuevo, parece una réplica, por no decir una copia idéntica del convenio original para el control policíaco que Capella presentó a los alcaldes para su aprobación y firmaron.

Se desconoce si la nueva ley sustituye al documento mencionado, pero no faltaron los ciudadanos sorprendidos con la noticia que cuestionaron la necesidad de las nuevas disposiciones contenidas en la llamada Ley de Emergencia Policial.

En su exposición de motivos y, basado en las garantías que en el Artículo 90, Fracción XI de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, permite al gobernador: “Ejercer las facultades que le otorgue la Constitución Federal en relación a la Guardia Nacional”, en consecuencia “redactaron” la Reglamentación de la Fracción X del Artículo 90, que en su segundo párrafo a la letra dice:

2. Cuando el Gobernador del Estado determine la existencia de hechos o acontecimientos presentes o futuros inminentes de fuerza mayor, o que por cualquier motivo alteren el orden público de uno o más municipios del Estado, podrá emitir órdenes y deberán acatarla las Policías Preventivas Municipales requeridas para tal efecto, respecto de operativos o estrategias de seguridad pública que dependerán de un mando estatal (el documento completo puede leerse en la liga al calce). Y del Artículo 157.

Aunque lo anterior, en un litigio queda sujeto a interpretación, según los términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indican en su fracción “VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente”, en este sentido hay preocupación al giro que puedan dar a la interpretación jurídica. La desconfianza nace de sucesos cometidos en este polo turístico desde el gobierno del estado, años atrás.

La existencia o no de un orden interno en el gobierno estatal parte de la duda de sus capacidades demostradas. La situación actual tan proclive a la corrupción, posibilitaría cometer excesos, abusos de autoridad o interpretaciones sesgadas que podrían convertir la remota posibilidad de mejorar la ansiada tranquilidad en lo contrario de transformar a este destino en un infierno de los mil diablos, una realidad surgida de la experiencia cuando se intentó forzar la salida del entonces alcalde Juan Ignacio García Zalvidea del Ayuntamiento.

Tras lo anterior hay suficientes factores de desconfianza que van más allá de las justificaciones expresadas para la instrumentación legal que permite dotar de mayor control a un subalterno, en la que el principal perdedor es el gobernador.

El decreto también causó sorpresa e inconformidad entre los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez, con quienes el titular de Seguridad Pública JACI, tuvo diferencias. Fue complicado convencerlos de firmar un documento que inicialmente favorecía mayoritariamente al alto funcionario estatal que exigía tener  el control absoluto del presupuesto asignado a la policía municipal y con el compromiso de cumplir sus términos que van desde la capacitación, entrenamiento, reestructuración y ordenamiento de las corporaciones, entre otros, hasta ejercer el control total del personal, logró firmarse.

La inquietud de los regidores que sienten dolo y traición tanto del titular de Seguridad Pública como del gobernador, es que el mencionado decreto, análogo en sus los términos del convenio original de coordinación de Mando Único, un acto más de simulación y la preocupación por los alcances del poder.

En todo esto ¿dónde queda el respeto a la autonomía municipal?, la respuesta es simple: es un traje hecho a la medida de ahora súper Secretario, obsequiado por Carlos Joaquín González, pese a que ésta especie de Ley “garrote seguro”,  compromete la estatura política del mandatario.

Punto y aparte es la exhibición de quienes desde la Comisión Permanente precipitaron su aprobación en una sesión con muchos temas a tratar y poco tiempo para analizarlos. Una reunión de trámite encabezada  por el cuestionado diputado E. Lorenzo Martínez Arcila ¿a cambio de qué?, preguntan.

Lo extraño es que, pese a lo delicado del tema que podría atentar contra los derechos humanos y constitucionales, los legisladores locales del Morena en el Senado, de José Luis Pech V. y la Marybel Villegas C. y del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, y en la Cámara de Diputados, Patricia Palma O., Adriana Tessier Z., Luis Alegre S. y Tyara Schleske, Jesús Pool M. y Mildred Ávila V., no se hayan pronunciado aún, pero tampoco se han escuchado las voces ni de ex gobernadores, ni de organismos civiles defensores de derechos humanos.

Sobre el tema, el regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Humberto Aldana Navarro, quien fue uno de los más involucrados en la elaboración del convenio de Mando Único, en entrevista exclusiva externó su preocupación sobre la publicación de la nueva Ley, “en virtud de que, en los hechos su Artículo 2, no sólo viola el 115 constitucional sino también anula al propio acuerdo de coordinación.

“La propuesta del acuerdo de coordinación interinstitucional para la Seguridad Pública, parece resultar en el fondo un acto de simulación ante la promulgación de la Ley de Emergencia Policial. Pienso que en los ayuntamientos debemos discutir si valdría la pena contender este cuasi decreto, que, dicho sea de paso, establece una suerte de estado policiaco de bolsillo o incluso valorar la continuidad del propio esquema de mando único.

“Otro sinsentido de esta Ley, es el patético espíritu de guerra preventiva que esgrimió George Bush en contra de Irak, delineado en el concepto de “hechos inminentes futuros” que cita el artículo 2; es decir, parece ser que puede ocurrir una ruptura del orden público (con toda la ambigüedad de la frase), ergo, te quito el control de la seguridad pública municipal. Eso es gobernar sentado en las bayonetas…”, concluyó.

Fuentes:

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/fundamental/CN1520170922-D004.pdf

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XV-20190812-614-6015.pdf

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf