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El grito del otro México

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Ethel Riquelme.

Este es el año donde mayor número de poblaciones del país no celebrarán de ninguna manera las fiestas de Independencia. La amenaza de muerte por parte del crimen organizado ante posibles atentados contra la población ha obligado a la autoridad, al poder civil a la República soberana a ceder las plazas, el control de los lugares públicos al miedo y el terror en por lo menos siete estados del país, casi un cuarto del territorio.

Paralelamente a los fastuosos desfiles, poblaciones de los estados de Puebla, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas, han recibido amenazas del crimen organizado o enfrentan  agresiones de tipo político por lo que sus alcaldes, regidores y cabildos han decidido dar por canceladas el grito de Independencia y el desfile cívico militar y anunciar lo que prácticamente se ha tornado en un toque de queda.

Al cabo, proteger a la población de una matanza generalizada, parece igual de patriótico que lo realizado por aquellos que nos dieron Patria y libertad. Aquellos murieron por la Patria, estos no serán asesinados por celebrar a la Patria.

De ese tamaño el problemón de inseguridad que enfrentan las instancias gubernamentales federal, estatal y municipales, que no siempre reconocen el fracaso de las estrategias y la ausencia de un plan para combatir a la delincuencia, pero que les quedará a la vista, a la escucha, a la innegable evidencia con el silencio de sus plazas este 15 y 16 de septiembre.

Muestra de sometimiento y derrota en lo que es una facultad exclusiva del Estado: el uso de la fuerza para generar el bien común de la seguridad pública.

El país completo no tiene mucho que celebrar en materia de seguridad, pero más de una treintena de poblaciones ni siquiera tendrán grito o feria. En algunas porque aún levantan a sus muertos, la sangre sigue fresca por la violencia de esta semana; en otros porque son las armas de la ilegalidad las que desfilan por las calles; en otros porque no hay quien encabece un desfile porque no hay autoridad y existen lugares donde se ha suspendido la fiesta cívica por problemas de políticos. Por si fuera poco.

Esta vez, a diferencia de años anteriores, la Secretaría de Gobernación ni la de Seguridad Pública federales informaron el número de poblaciones donde  se suspendieron las celebraciones, lo que sí se hacía en años anteriores. Un halo de vergüenza cubre esta omisión, pero ocultarla no resuelve el evidente avance delincuencial en el país. No hay “Viva México” frente a tanto silencio.

Y si en términos generales la rendición de la autoridad es atemorizante, los casos específicos son indignantes. En Michoacán se suspenden los festejos ni más ni menos en los municipios de Buevanista y Tepalcatepec, donde en junio pasado se negoció la liberación de soldados del Ejército a cambio de armas decomisadas y donde el propio Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, hace menos de un mes negoció con el crimen la colocación de una planta industrial. Pese a esa amplia interacción, los pobladores no pueden salir porque no hay condiciones de seguridad.

En Veracruz,  en San Marcos de León, Xico, los hechos de violencia obligaron a cancelar los festejos patrios, porque apenas hace unas horas en otros festejos, de unos quince años, tres personas fueron asesinados y otras seis resultaron heridas en una balacera.

 En otros municipios, como Coatzacoalcos, donde apenas hace unos días fue incendiado un bar y 21 personas resultaron muertas, la discusión hasta ayer no era la inseguridad del municipio, sino quiénes de la clase política municipal ocuparían el balcón. Una aterradora banalidad.

En esta 209 celebración de la Independencia una decena de municipios de Puebla no tendrán grito ni desfile debido a la extensa presencia de delincuentes, pero también por las muchas protestas contra el gobierno de Morena. Un ejemplo, el de San Martín Texmelucan, sede del llamado triángulo rojo del huachicol, cuya alcaldesa, Norma Layón, optó por no arriesgarse a estrenar el balcón del Palacio; en Ahuazotepec ni siquiera hay alcalde calificado y en Guadalupe Santa Ana, el tema postelectoral ha llegado ya a balaceras.

En Oaxaca un caso similar se vive en Huajuapan de León, donde el alcalde ha manifestado su inconformidad porque dos regidores tomaron su oficina y suspendió el desfile. La ciudadanía inició actos de protesta que culminaron con el bando de suspensión. Así nomás.

En Guerrero las autoridades estatales reconocen que por lo menos dos municipios no tendrán festejos, Tlapa de Commonfort ni Pungarabato, ambos acosados por el crimen organizado y podría haber muchas más poblaciones, pero ni siquiera es posible que fluya la información por las amenazas del hampa. Una pérdida absoluta de la autoridad.

En el municipio de Mezcalapa, Chiapas, se suspendieron los festejos “por respeto y solidaridad de la sociedad y del gobierno municipal” a la familia de la niña Ximena “N”, cuyo cadáver fue localizado apenas unas horas antes y los cinco presuntos involucrados en los hechos, entre ellos la nana contratada para cuidarla, fueron detenidos.

Y es fácil pensar que habrá muchos más sitios que han decidido no arriesgar a la población, ceder el terreno al crimen y ver las celebraciones por televisión.

Así, los festejos de una nueva Nación que se parece mucho a la anterior, a la misma que mata, asesina y atemoriza, a la de siempre, con desfiles municipales encabezados por banderas despintadas, viejas, deshilachadas o ausentes, pero eso sí, con un gran orgullo por la unidad, cada vez más juntos por el miedo.