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Incautación de fortunas bastardas

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José C. Serrano.

La escandalosa renuncia del técnico contable Carlos Antonio Romero Deschamps a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el pasado 16 de octubre fue operada por él mismo -incluso para dejar en su lugar a alguien afín-.

Desde que su abogado, Juan Collado Mocelo, fue detenido el pasado 9 de julio, cuando ambos comían en un restaurante de lujo, el hoy exlíder petrolero pensó que los agentes policíacos iban por él. No era un presentimiento generado por la culpa lo que lo llevó a adoptar una posición genuflexa, sino el hecho de saber que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito.

El suertudote que se queda(temporalmente) a cubrir la vacante es Manuel Limón Hernández, actualmente diputado priista, quien se desempeñaba al mismo tiempo como secretario del Interior, segundo de abordo en la estructura del STPRM.

Destronar a un reumático dinosaurio del sindicalismo corporativo es una acción que debe conectarse a otras de mayor alcance. Es de esperarse que haya justicia suficiente en el tratamiento al dirigente caído en desgracia sexenal, con penalidades proporcionales al gran daño a la nación que él cometió de manera sistemática.

Desde los años de campaña, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido eliminar de raíz la monstruosa corrupción que asfixia a los mexicanos; se desgañitaba, y lo sigue haciendo, al afirmar que la nación recuperará los recursos, que con malas artes le han sustraído los amigos de lo ajeno. Inclusive, con base en cálculos hechos sobre la rodilla, robusteció generosamente los activos que le permitirían financiar múltiples programas sociales.

Ya como gobernante de este país, López Obrador, logró que la Cámara de Diputados modificara, el 15 de octubre último, el nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos -recién denominado en julio- a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR). Muy lejos quedó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Durante la sesión camaral el legislador José Luis Elorza afirmó que el nombre del IDPR tiene que ver con “recuperar lo adquirido con dinero mal habido, a costa del dolor de inocentes o la ignorancia de la gente. Lo robado por quienes están en el margen incorrecto de la ley, que no comparten la cultura del trabajo arduo y honesto”.

La diputada Mary Carmen Bernal sostuvo que “hay muchos casos de funcionarios que se hicieron multimillonarios con sus cargos y puso como ejemplo el de el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, quien amasó una gran fortuna“.

El aparato gubernamental tiene ante sí mucha tela de donde cortar. La Administración Pública ha sido espléndidamente generosa con quienes son proclives a la cleptocracia. Corresponde a la autoridad ministerial ponerle número a la casa y, con ello, dotar de abundantes recursos al IDPR para que, en su sano juicio, comience a ejercer, de veras, la justicia distributiva.