Justicia en tinieblas, la lupa en el I Informe

0
472

Miryam Gomezcésar.

A un año de tomar las riendas del Poder Ejecutivo, en medio de críticas, ajustes y una presión descomunal (como no se había visto a mandatarios anteriores), llega Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a su primer informe, apoyado por buena parte de la base social que lo llevó a la Presidencia de la República.

La realidad que rebasa cualquier fantasía zarandea a todos por igual a grados de aturdimiento. La violencia acumula las cifras de desaparecidos, descuartizados, torturados; el insoportable mórbido hedor generado por el desquiciamiento del comportamiento humano  es abrumador.

La situación ha conseguido, más allá de la inversión económica destinada al ¿cuidado? de la población, el éxito rotundo  de la industria del dolor más sanguinario, acelerado en los últimos regímenes.

El estremecedor asesinato de los integrantes de la familia LeBarón, los feminicidios que lograron unir a las congéneres en manifestaciones contra el maltrato exigiendo justicia, aunque visibilizó el fenómeno de la crueldad hacia las mujeres que afecta a tantas familias, es tan solo un esbozo que exhibe el daño ancestral de la desatención de un tema que lacera y ensombrece no únicamente al país sino al mundo.

El fenómeno es complejo, no se trata estrictamente de la misoginia varonil sino de una conducta  antisocial que refleja mucho más que el menosprecio a las mujeres a quienes se refieren con epítetos que demuestran un machismo agresivo inadmisible, cuando en el pasado mediato e inmediato, puede observarse que atrás de un caso de crueldad extrema a menores de edad o mujeres en condición de vulnerabilidad, está la complicidad de alguna dama sometida e igualmente dañada.

Casos que aterrorizan como el de “Calcetitas rojas”, así como el de la madre que en un ritual sacó las cuencas oculares a su criatura o el de la mujer que en el Estado de México acercaba las víctimas a su pareja sentimental para ser violadas, asesinadas, descuartizadas y hasta cocinadas, con tan aparente normalidad que su locura y saña resultan inconcebibles.

También el caso de la homicida serial llamada “Mataviejitas” o el de la niña Paulette Gebara Farah, encontrada muerta por “asfixia” bajo el colchón de la recámara, donde estaba un bulto que nadie vio pero elevaba un extremo de la cama que en el constante ir y venir de las autoridades buscándola ninguno notó, tan absurdo como obscuro episodio como el manejo mediático al que fue sometido en 2010.

Estos son tan sólo unos cuantos sucesos en un breve y ligero recuento ilustrativo del fenómeno de la degradación social que debe atenderse cuanto antes, pero donde la mujer ha jugado también un papel preponderante.

Sin duda un momento complicado para el sistema de justicia mexicano que, aunque aseguran estar en un proceso de limpieza interno, el Poder Judicial es una institución tan debilitada y salida de control como se demuestra; ha sido juez y parte del abono de la criminalidad en el país, así lo indican los datos en las últimas fechas.

¿Podría mejorar el sistema?, con voluntad todo es posible, bastaría con aplicar una rigurosa auditoría fiscal a las cuentas bancarias de jueces, magistrados, agentes ministeriales y sus familiares, en los juzgados de todo el país para entender que en la ruta del dinero está la profundidad del daño institucional, una necesaria evaluación de la aplicación de la ley en los procesos de justicia.

El más cercano botón de muestra del desastre, la famosa puerta giratoria que permite al sistema judicial detener a alguien vinculado a algún tipo de delito, presentarlo en las agencias ministeriales para que en el camino del proceso jurídico, su aplicación encuentre rápidamente una puerta de salida. Menuda tarea para la secretaria de Gobernación, ex ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero.

El principal sospechoso del asesinato de Abril Pérez frente a su hijo, ocurrido apenas hace unos días en plena calle de la Ciudad de México, cimbró el piso y las paredes del sistema judicial. Al respecto, la funcionaria aseguró estar muy molesta por la reclasificación de “tentativa de feminicidio” a solamente “violencia familiar” del proceso que se seguía al presunto culpable porque eso permitió que fuera liberado.

En su gira por el estado de Coahuila, al que acudió a impartir una conferencia sobre la violencia de género, la responsable de la política interior del gobierno federal, dijo sobre este vergonzoso asunto “Tenemos ya la lupa. Desde la Secretaría de Gobernación estamos muy comprometidos con la impunidad que campea en el país y queremos hacer las cosas bien. Hay casos como este muy emblemáticos que tenemos que estar muy pendiente de todo lo que sucede”.

Desde la inmaculada concepción  de su palabra frente a los excesos y las fallas en la función pública cometidas al calor de los beneficios personales en el sistema de justicia, hay un abismo. La batalla emprendida por Sánchez Cordero empieza cuesta arriba.

Son los extremos que deben corregirse, una misión casi imposible que exige pronta solución para transparentar la administración de la justicia en beneficio del fortalecimiento de la propia institución que permita devolver la confianza a la impartición de justicia en México, un asunto estructural nada fácil de conseguir si no se logra erradicar la corrupción que propicia la impunidad.

Atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, dice la máxima. Así, los logros de Sánchez Cordero, apuntalada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, darán los frutos esperados o no que podrían significar el éxito o fracaso del gobierno de AMLO en la materia, porque un sistema de justicia sano garantiza el Estado de Derecho, por ende, la democracia.

En los estados de la república hay información sobre la percepción delictiva que manejada por los mandatarios preocupa cuando en su discurso hablan de una realidad controlada cuando es adversa como la que se vive en materia de inseguridad en Quintana Roo, donde su gobernador Carlos Joaquín González aseguró ante empresarios del grupo Cumbres que la incidencia criminal disminuyó en un 48 por ciento en Cancún, donde afirma que se han registrado tan sólo 20 casos en lo que va del mes de noviembre, que en su mayoría están vinculados al crimen organizado, los ejecutados se dan al interior de viviendas, en contraste con los resultados del mismo periodo del año anterior.

Los millonarios recursos invertidos en equipo tecnológico (cámaras de vigilancia, vehículos, entre otros) y contratación de nuevos elementos de la policía, expuestas por Joaquín González, van más allá de los tres mil millones de pesos con lo que a pesar del esfuerzo, las ejecuciones siguen sin freno, tanto como los descuartizados y los feminicidios (18 casos reconocidos oficialmente  en lo que va del año) que van en lamentable aumento (10 más que en el 2018), datos difíciles de ocultar.

El estado está ubicado en la incidencia nacional con 4,044 delitos registrados tan sólo en octubre del 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si se considera la proporción de habitantes de este polo turístico (con 608, 306 según el último censo poblacional del INEGI del 2010), comparada con otros municipios en litorales igualmente exitosos del país, es evidente la gravedad del tema que afecta ya la industria turística cuya derrama es la principal fuente de ingresos de los gobiernos y las familias, por lo mismo, es urgente analizar el fenómeno más ampliamente para encontrar una salida porque ante los indicadores de la economía, el turismo es la actividad que puede mantener a flote al estado y hasta ahora no hay manera de demostrar que hay tal mejoría.

Pero la violencia contra las mujeres es más cruda de lo que se cree, deben resistirlo todo sin protestar. Por poner un ejemplo, entre la confrontación mediática y la efervescencia política en las redes sociales, hay un detonante brutal que es la incapacidad social para reconocer la vulnerabilidad de mujeres dentro y fuera de su hogar, dejando latente que la violencia más cruel es la indolencia, la indiferencia a las acciones que transgreden cada día más la situación de género.