Padres de Ayotzi: su gran decepción

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Rubén Cortés.

La 4T les ha cambiado la película por completo a los padres de los 43 de Ayotzinapa: desde 2014, quienes están hoy en el poder les inculcaron que sus hijos fueron desaparecidos por el Estado y el Ejército. Hoy, sin embargo, aquellos son el Estado, y el Ejército es su principal aliado. 

Además, este gobierno ya liberó a 40 de los 129 criminales que habían sido encerrados en el sexenio pasado por participar en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, afirma que “ni nos ha recibido el fiscal del caso, Omar Gómez”. 

Y el presidente admite que el autor de la desaparición no fue el Estado, lo cual había sido el spin para denunciar el hecho, ocurrido en Iguala, cuando el alcalde era el perredista José Luis Abarca, y el gobernador de Guerrero el perredista Ángel Aguirre. 

Entre los liberados está El cabo Gil, contra quien la Fiscalía de la 4T no presentó las pruebas suficientes por delincuencia organizada, ni por haber ordenado la desaparición de los estudiantes a nombre del cartel Guerreros Unidos, con ayuda del ex alcalde Abarca. 

El propio Abarca (y su esposa candidata a sucederlo en la alcaldía, María de los Ángeles Pineda, también acusada) van camino a la libertad, pues el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que las declaraciones de cuatro narcos que los involucraron fueron obtenidas a base de torturas. 

La verdad indiscutible es que los culpables del crimen eran miembros del crimen organizado, la mayoría ya estaba tras las rejas y en este momento casi la mitad se encuentra libre, incluido El Pajarraco, señalado de trasladar a los normalistas el basurero de Cocula, Guerrero, donde fueron incinerados. 

Todo debe resultar una pesadilla cegadora para los padres de los estudiantes, porque, con el spin “anti Peña”, “anti Ejército” y “anti Estado”, abogados cercanos al grupo que hoy gobierna el país ayudaron a los criminales acusados a obtener la libertad, para encausar el juicio hacia Peña, el Ejército y el Estado. 

Porque ahora no tienen culpables: reales o imaginados. El caso se encuentra en un punto muerto, con el Ejecutivo pidiendo en discursos en Guerrero que, si alguien supiese quién desapareció a los estudiantes, lo denuncie ante las autoridades. 

El tinglado de acusar al Ejército ya está desmantelado. También el de entrar a revisar los cuarteles militares de Guerrero para encontrar los hornos crematorios donde los soldados tiraron los cuerpos de los jóvenes, según decía el manual que hicieron repetir a los padres, sobre todo en la campaña electoral. 

Los grandes decepcionados son los padres: creyeron la tramoya que les montaron los intereses políticos que los secuestraron. 

Sus hijos no están vivos.