Se va CNDH y llega la Defensoría del Pueblo

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Rubén Cortés.

Es llamativo cómo la 4T se aferra al chavismo, aunque debió sacar de las llamas a un hijo dilecto del chavismo, asilarlo y ponerle más guardias armados que al presidente. Sin embargo, la CNDH pasará a llamarse igual que en el chavismo: Defensoría del Pueblo. 

Ayer, la titular anunció que “Hoy devolvemos las CNDH al pueblo, vamos a convertirla en una verdadera Defensoría del Pueblo. Queremos justicia, primero las víctimas”. Aunque se rehusó a considerar “víctimas” a los niños desamparados por el degüello del presupuesto a las estancias infantiles.

La reportera Laura Arana le preguntó si atendería el caso de las estancias infantiles y respondió que vería si hay recomendaciones. Pero sí hay una recomendación del titular anterior, que el presidente rechazó, al considerar que “olvidemos la corrupción y pensemos en la seguridad de los niños”. 

Las administraciones anteriores apoyaban con 900 pesos a madres trabajadoras y padres solos de niños entre cero y tres años. Pero la 4T las recortó drásticamente. Arana le preguntó si se reuniría con el mandatario para tratar el tema, pero la Defensora del Pueblo le contestó: “Tú, ya preguntaste”. 

Así será el talante de la “Defensoría del Pueblo”, la cual, como en los regímenes socialistas de Venezuela y Nicaragua, acabará funcionando como una especie de gendarmería para verificar la actuación de empresas públicas, privadas y las que posean una concesión del Estado. 

En Venezuela y Nicaragua, los denunciados en las recomendaciones contra empresas públicas, privadas y las que posean una concesión del Estado, son enviados ante el Ministerio Público para que sean sujetos de responsabilidad penal o administrativa. 

Pero, ya se sabía que pondrían este nombre a la CNDH. Hay una iniciativa, firmada por la Oficina de la República, a los 19 días del mes de febrero de 2019, para instaurar la “Defensoría del Pueblo”, que lleva el el vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, quien quiere gobernar Oaxaca en 2022. 

La idea es modificar el artículo 102, apartado B de la Constitución, y cambiar el nombre a la actual CNDH. Jara afirma que la opinión del presidente “por ahí va”. Pero eso no es noticia: la iniciativa original está avalada por la “Oficina de la República, a los 19 días del mes de febrero de 2019”. 

Y dice de manera textual: “Se deroga. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con autonomía de gestión y presupuestaría, personalidad jurídica y patrimonios propios”.

Viene, pues, una oficina oficial, como en el chavismo de Venezuela y Nicaragua, donde defiende más al gobierno que al “pueblo”, aunque son los países con más presos políticos del continente.

Una comparsa, sin dudas.