Alejandro Rodríguez Cortés*.
Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en decir que no es culpable pero sí responsable en torno al asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora.
El problema es que el mandatario también es responsable, sin asumirlo, de muchísimas otras cosas que han pasado en la mal llamada Cuarta Transformación. En la mayoría de los casos, ha culpado de todos los males nacionales a gobiernos anteriores y a un modelo económico “neoliberal” que quiere erradicar, pero no ha asumido la responsabilidad que le confiere un cargo asumido hace ya 30 meses.
AMLO no es culpable de la tragedia de la línea 12 del metro, pero su gobierno sí es responsable de la asignación insuficiente de recursos presupuestales al mantenimiento de la infraestructura urbana.
El presidente de la República no es culpable de más de 200 mil muertos por Covid -medio millón según cálculos extraoficiales- pero sí responsable de una de las peores gestiones pandémicas del mundo, donde primero se minimizó la letalidad del virus, luego se tomaron decisiones equivocadas de contención sanitaria y hasta se negó (todavía el mensaje prevalece en la figura presidencial) la importancia de algo tan básico como usar cubrebocas.
López Obrador no es culpable de la peor recesión económica contemporánea, de la ausencia de inversión privada ni de la pérdida de empleos, pero sí es responsable de haber cancelado absurdamente la obra pública más importante de los últimos tiempos, de minar un día sí y otro también la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, de llevarnos por un camino de retroceso hacia políticas públicas de los años setenta.
El tabasqueño no es culpable de 53 mil asesinatos en lo que va de su gobierno, cantidad mayor a la de sus 3 antecesores en un periodo similar. Es plenamente responsable de su política de “abrazos, no balazos” y de su fallida estrategia de seguridad, Guardia Nacional incluida.
Un mandatario que presume ser el presidente más popular del mundo no es necesariamente culpable de la corrupción galopante en su administración y de su gestión política, aunque sea responsable de omisión ante casos como el de su hermano, su prima o sus cercanos en puestos clave.
Andrés Manuel López Obrador no tiene la culpa del “gasolinazo”: es responsable de habernos engañado con que tiene la potestad de controlar el precio de los energéticos. Tampoco es culpable de los problemas estructurales de Pemex y de la CFE, pero sí responsable de una históricamente mala dirección de las dos empresas productivas del Estado mexicano en los últimos 2 años y medio.
Muchos culpan a López Obrador de la cruel y criminal escasez de medicamentos en México. El popular “Peje” es responsable de destruir un sistema de adquisiciones y distribución de medicinas que funcionaba razonablemente bien.
Los 10 millones de nuevos pobres no son culpa del huésped de Palacio Nacional, pero éste sí es responsable de no haber impulsado políticas económicas contracíclicas durante la pandemia, como sí lo hizo con buenos resultados nuestro vecino y principal socio comercial, Estados Unidos.
En fin. La responsabilidad que implica el cargo que protestó el 1 de diciembre de 2018, es justamente la que ha eludido consistentemente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, con el único propósito de preservar su popularidad y su halo de infalibilidad expresado en su chocante “no somos iguales”.
Para determinar culpabilidad solo veo tres caminos: el voto del próximo 6 de junio con el que definiremos el destino de México, un muy improbable proceso judicial futuro y el ineludible juicio de la historia.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista.
@AlexRdgz
