Marissa Rivera.
La violencia ha desgarrado las campañas de la madre de todas las elecciones en México.
Sabíamos que la violencia verbal sería uno de los principales ingredientes de la contienda. Siempre lo ha sido.
Sabíamos que habría siembra de acusaciones penales para sacar de la batalla a los opositores. Un método que ha sido eficaz.
Sabíamos que las amenazas, los muertos del closet y alguno que otro trapo sucio serían moneda de cambio para detener aspiraciones políticas.
Lo que no sabíamos era que nos acostumbraríamos al terror de las cruentas campañas. La violencia en tiempos electorales no cesa. Cada semana hay asesinatos de aspirantes a puestos de elección popular. Y “peligrosamente” ya no nos sorprendemos.
Con el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, por Movimiento Ciudadano, son ya 32 candidatos ejecutados durante el actual proceso electoral.
Los crímenes de hombres y mujeres que se postularon, todos quedan en la impunidad. Penosamente así es la justicia en este país.
Homicidios a cualquier hora del día, sin que nadie haga nada.
Se ha convertido en una rutina matar a quien resulta incómodo; a quién no cedió una posición; a quien estaba mejor colocado; a quien se le tiene miedo; a quien no entró al redil; a quien apostó a un cambio; a quien sea.
Las puertas en México están de par en par para ese tipo de ejecuciones.
No existen garantías ni federales ni estatales para protegerlos y ofrecerles seguridad. Y mucho menos si la violencia verbal y el cuestionamiento a los opositores es el primer café con el que iniciamos el día.
De acuerdo con la consultora Etellekt se han registrado más de 560 actos delictivos contra políticos, familiares de políticos, funcionarios públicos y candidatos, este 2021.
Asesinatos, ataques, atentados, intimidaciones y secuestros contra ex funcionarios municipales o estatales.
De septiembre de 2020 a la fecha han sido asesinados 79 políticos. El 86 por ciento de los aspirantes a algún cargo, asesinados, eran opositores a los gobiernos donde ocurrió el crimen.
La violencia durante las elecciones en México, no es algo nuevo. Lo terrible es que ha arreciado.
Durante el proceso electoral 2017-2018 se registró el asesinato de 120 políticos en todo el país, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó entonces su preocupación por la violencia en esas elecciones federales. Y nada ha pasado, no se ha tomado en serio el problema.
De acuerdo a estudios realizados la mayoría de los crímenes de candidatos, no son consecuencia de la competencia electoral, sino que han sido cometidos por el crimen organizado, que pretende incidir en las elecciones y cada día tiene más poder.
Sin embargo, por la razón que sea, el Gobierno Federal tiene la obligación no solo de ofrecer seguridad a quienes se postulen a un cargo de elección popular, sino también de investigar y no dejar impunes esos lamentables homicidios.
En marzo arrancó el “Plan de Protección a los Candidatos”, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para prevenir, proteger y sancionar los casos de amenazas y de violencia contra candidatos.
Un plan inservible, un conato de gran estrategia, al que nadie acude y que nada resuelve.
Un México dividido, la mano del crimen organizado, la virulencia desde Palacio Nacional y la autoridad omisa o cómplice.
La pólvora de la violencia política que en tiempos electorales solo busca un cerillo.
Estamos a 18 días para la jornada electoral. Quizá viene la etapa más difícil, donde la violencia no estará ausente. Ojalá no suceda.
