Por. José C. Serrano
Los aspirantes a ingresar como alumnos a las Escuelas Normales Rurales le han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que los reciba en Palacio Nacional, para expresarle los obstáculos, casi insalvables, para coronar sus anhelos de cursar una carrera profesional que les permita ser agentes de cambio en sus comunidades de origen.
Estos aspirantes, mujeres y hombres, se hacen acompañar de alumnos de tales centros educativos. Estos últimos le expondrán al primer mandatario la situación real que impera en dichos planteles: presupuestos raquíticos; embate directo de grupos interesados en la desaparición de esta modalidad educativa; represión de las autoridades federales y locales hacia una cosmovisión diferente a lo convencional.
AMLO, desde el Palacio Nacional, en su conferencia matutina, ha prometido hablar con todos ellos, una vez que pasen las elecciones intermedias. Comprometió todo el apoyo para que a los estudiantes “no les falte nada” y consideró una causa justa la demanda de educación de quienes quieren servir a la patria desde los rincones más alejados del país.
Resulta necesario y conveniente que el político tabasqueño, con miras a lograr un acuerdo serio y responsable, exento de la retórica habitual, revise con interés el ensayo Escuelas Normales Rurales en México, de Yessenia Flores Méndez, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra en Historia por la Universidad de Guanajuato y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis.
Apunta la académica tamaulipeca que las Escuelas Normales Rurales (ENR) fueron creadas en los años veinte del siglo pasado; son un producto de la Revolución de 1910, movimiento en que los campesinos exigieron justicia social. En el período posrevolucionario, la educación rural fue un proyecto que perseguía mejorar las condiciones de la población del campo. En ese plan las ENR tuvieron un papel importante. Durante el cardenismo (1934-!940) recibieron un impulso al crecer el número de escuelas y ser refuncionalizadas en Escuelas Regionales Campesinas (ERC) que unieron la enseñanza agropecuaria y normalista.
En la época de los cuarenta el gobierno de Manuel Ávila Camacho impulsó la política económica de industrialización del país. La política educativa fue readecuada y la educación rural dejó de considerarse prioritaria. Las 20 ENR subsistentes se reorganizaron en 10 de hombres y 10 de mujeres. Para los años cincuenta el número aumentó a 29 planteles y aumentó su población. En 1969, durante el gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, el número de escuelas se redujo a 14. El ensayo de Yessenia Flores Méndez da cuenta de la importancia de la participación de las ENR en casi todos los movimientos sociales ocurridos en el país; en 19 páginas condensa esa parte de la historia de la educación en México.
También es recomendable que AMLO se entere de lo que ha expresado en diversos foros y medios de información la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Tatiana Coll: “Muchas veces hemos apuntado el hecho, visiblemente interminable, de las luchas entre las normales rurales y los gobiernos centrales o locales”.
Desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder y su conocida reforma al artículo tercero constitucional precedido por el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación, se han acumulado reformas cada vez más incisivas. Una de las más perniciosas radica en los procesos de evaluación instalados para medir, clasificar y determinar el ingreso de alumnos, el ejemplo más ilustrativo en los tiempos actuales es el caso de las y los aspirantes de Mactumactza, Chiapas y de Teteles, Puebla, quienes fueron confrontados, gaseados, macaneados, encarcelados: dos jovencitas de Teteles fueron violadas por elementos de ‘seguridad’.
“Cada año los estudiantes de las normales rurales han tenido que salir a luchar por su sobrevivencia, por los presupuestos mínimos de subsistencia, por los camiones para salir a las prácticas docentes, por mantener en el plan de estudios materias centrales, por mejores materiales didácticos, por resistir los embates de la empobrecedora modernización, por defender su función en las comunidades rurales. Todas demandas perfectamente atendibles por cualquier gobierno, en particular por uno que dice preocuparse por los pobres y la educación”.
