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En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán liberadas las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que en diez años no han sido sentenciadas. 

Así mismo, serán liberadas las personas que fueron torturadas y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, y que no hayan cometido delitos graves; así mismo, los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves, informó el jefe del Ejecutivo.

Estas cuatro acciones formarán parte de un decreto elaborado por la Secretaría de Gobernación que él mismo firmará. Se presentará y publicará en la primera semana de agosto.

Detalló que se seguirá un procedimiento simplificado; la liberación de las personas tiene como fecha límite el 15 de septiembre de este año y la Secretaría de Salud se encargará de realizar los diagnósticos médicos correspondientes.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el poder judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

El mandatario refrendó que el Gobierno de la Cuarta Transformación rechaza la tortura, acto que calificó como contrario a los más elementales derechos humanos.

“Queremos dejar claro que, como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto. (…) El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura. Repudiamos la tortura, no queremos tortura en México. Se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta”, afirmó.

  • En este marco, el Ejecutivo federal resaltó que en esta administración la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función: la protección de los derechos humanos y de la justicia, ya no la del autoritarismo y la represión al pueblo de México.

“Con la 4T, la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función, ya no es la Secretaría de la represión y el autoritarismo, es la secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia, eso es muy importante”, comentó

  • Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que en el país hay un total de 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94 mil 547, el 43 por ciento, todavía no reciben sentencia.

“No es posible que se tenga un dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos población sin ninguna sentencia definitiva. En muchas ocasiones son los abogados que interponen recursos que están en su alcance, esto obviamente dilata la resolución”, dijo.

  • En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que dejar en libertad a cualquier persona que haya sido víctima de tortura y castigar a los torturadores es una nueva política que está impulsando el actual gobierno desde su inicio.

Consideró que “hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para evitar delitos como la tortura y peor aún: en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”.

  • En el caso de Israel Vallarta, quien está acusado de secuestro desde hace 16 años, la secretaria de Gobernación precisó que sus abogados no han aceptado las propuestas del gobierno para lograr su libertad.

“Se le han propuesto alternativas que pudieran valer en el proceso judicial. El señor Vallarta no han aceptado estrategias por la Segob: promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Si se le aplicara, es muy probable que sea absuelto, sin embargo, continua una causa penal pendiente”, añadió.

Al respecto, Alejandro Encinas, comentó que en el caso de Israel Vallarta existe una recomendación emitida en abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde se establecen violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra Vallarta durante detención.

“A nuestro juicio debe ser considerado por jueces y por lo tanto la tortura deben invalidar las pruebas posteriores a su detención”, dijo.

  • El martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus perspectivas de crecimiento económico para México, por lo que estima que en 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 6.3 por ciento, por arriba del cinco por ciento estimado en abril pasado; por lo que el Presidente resaltó la noticia.

“Ayer el FMI dio a conocer de que aumenta su pronóstico de crecimiento para México. (…) Es importante el dato porque es el Fondo, no creo que no esté en ningún periódico. Es normal que haya estos cuestionamientos, es parte de la democracia, de la libertad”, apuntó.

  • Al urgir nuevamente a regresar a clases presenciales a finales de agosto, el primer mandatario acusó que sus opositores emprendieron una campaña en contra del regreso a las aulas.

“Aprovecho para que todos ayudemos a limpiar las escuelas, a que estén en buen estado, todos significa la participación de madres, padres de familia, maestros, maestros, autoridades municipales, gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como Gobierno Federal.

“Ya empezaron nuestros adversarios a hacer campaña porque se montan en cualquier asunto, siempre y cuando sea para llevarnos la contraria. Van a empezar a decir ‘qué barbaridad cómo vamos a regresar si las escuelas abandonadas’, pues sí, llevan mucho tiempo cerradas, pues vamos todos a limpiarlas”, explicó.

 

Redacción

 

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