Alejandro Rodríguez Cortés*.
Justo a la mitad de un gobierno marcado por medio millón de muertos por Covid 19, de acuerdo con cifras extraoficiales pero creíbles, la mal llamada Cuarta Transformación se juega buena parte su capital político a partir de este lunes 30 de agosto.
El llamado gubernamental al regreso de millones de alumnos a las aulas tras año y medio de ausencia física por la pandemia, es una arriesgada apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hasta ahora ha mantenido altos índices de popularidad a pesar de un desastroso manejo pandémico cuyos costos ha asumido casi totalmente el indolente subsecretario Hugo López Gatell.
La decisión de reanudar clases a rajatabla, “llueve, truene o relampagueé” como dijo el mismo presidente de la República, se toma sin haber aprovechado la larga pausa no solo para calcular y atender consecuencias académicas o hasta psicológicas de los estudiantes, sino para planear una estrategia de contención de posibles contagios, en un segmento poblacional de menores de 18 años que no son sujetos a vacunación masiva y que han visto incrementar casos por las nuevas variantes del coronavirus.
El gobierno federal no fue capaz ni siquiera de garantizar el mantenimiento físico de instalaciones educativas en los últimos 18 meses, y ahora deberá enfrentar consecuencias políticas serias por lo que ocurra en las próximas semanas con miles de escuelas públicas sin condiciones óptimas de funcionamiento, ya no digamos de prevención sanitaria.
Las críticas llegarán si la asistencia a los salones de clase se da en niveles mínimos entre los 30 millones de niños y jóvenes en edad escolar, pero por supuesto mucho más si paralelamente al inicio del periodo lectivo 2021-2022 se presenta un nuevo pico pandémico. Una muestra de este riesgo político se tuvo cuando, ante el rechazo generalizado a la condición gubernamental de que los padres de familia firmaran una carta responsiva para el retorno, el gobierno federal se echó marcha atrás y hasta negó su innegable intención de compartir responsabilidades en caso de contagios.
Fiel a su estilo, López Obrador conoció y aprobó ese documento para unos cuantos días después deslindarse del mismo, lo que no podrá hacer si al escenario se incorporan niños enfermos u hospitalizados por haber contraído el virus en las aulas. Si bien ese costo terminaría por acabar con el ya maltrecho prestigio de López Gatell -aunque éste lo podría compartir con la ausente Secretaria de Educación, Delfina Gómez- el golpe para el mandatario sería mayúsculo.
El gran dilema entre preservar a toda costa la salud infantil y regresar a la normalidad académica, ha sido atendido en Palacio Nacional con el mismo negacionismo con el que se nos quiere convencer que la economía nacional se recupera plenamente de la recesión o que la política de “abrazos y no balazos” es la correcta para recuperar la tranquilidad en las calles de México. El “vamos bien” se aplica para decir que la pandemia se ha controlado y para mandar a los niños a la escuela rogándole a Dios para que no enfermen.
Año difícil para esta administración, que clama por una realidad que no existe y a la que le urgen buenas noticias, luego de “perder ganando” la elección intermedia y estar frente al reto político de los contrapesos de gobierno que están de regreso.
El retorno a clases pretende ser un mensaje de que nuestro país recupera la normalidad, aunque el rebote económico se pause, los pobres se incrementen, los muertos se amontonen, las medicinas falten y las mañaneras polaricen, todo por culpa de herencias pasadas a quienes un gobierno ya en declive traslada su responsabilidad.
Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador conmemora 500 años de resistencia indígena, persigue judicialmente a opositores y simula hacerlo con expresidentes, además de buscar un último golpe de legitimación política con un proceso de ratificación disfrazado de revocación de mandato.
Por lo pronto, la 4T va reprobando el curso.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista.
