Diputados emiten comentarios sobre dictamen en materia de Juicio Político y Declaración de Procedencia

Cámara de Diputados

México.- Integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD expresaron sus puntos de vista respecto del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Impunidad, la mayor amenaza al Estado de derecho

La diputada Lidia García Anaya, de Morena, indicó que la impunidad es la mayor amenaza que pone en riesgo la solidez del Estado de derecho mexicano, por lo que con esta ley ya no habrá excusas, pues dotará de mayor certeza, claridad y congruencia a los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes se les acuse y comprueben actos ilícitos desde el servicio público.

Enfatizó que su grupo parlamentario está comprometido a seguir cerrando las puertas de la impunidad y subsanar los vacíos legales que les ha facilitado a los corruptos eludir y retardar la impartición de justicia.

El dictamen es un instrumento de poder y venganza

Del PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas sostuvo que el dictamen no está cerca de solucionar la corrupción, sino que es un instrumento de poder y venganza. “No podemos permitir que el acuerdo entre algunas cúpulas de poder se anteponga a la voluntad popular de millones de ciudadanos que tienen el derecho de elegir a sus representantes”.

“Debemos garantizar la autonomía a los estados, sin importar el partido o ideología en turno, y que no sean sometidos a las decisiones del poder federal. Esta ley retoma figuras procesales antiguas que ya no tienen cabida en el sistema de justicia mexicano. “Tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que no se han dejado intimidar por el centralismo que tanto daño ha hecho”, expresó.

Carece de adecuada discusión

Por el PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante indicó que la iniciativa presenta deficiencias que vulneran los principios básicos de los derechos humanos, el debido proceso y atenta contra la separación de poderes. Además, carece de una adecuada discusión y le faltan instrumentos técnicos.

“Debemos legislar responsablemente respetando los principios e instituciones políticas emanadas de la Constitución. No se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del clima político y social del país”, consideró.

La ley da respuesta a la exigencia ciudadana

La diputada Sonia Mendoza Díaz, del PVEM, indicó que la labor legislativa no puede ser postergada para expedir una ley que tiene un objetivo fundamental: atender la exigencia de la ciudadanía de sancionar a servidores públicos que hagan mal uso de sus funciones o facultades.

Estimó indispensable tener mecanismos jurídicos claros y coherentes que permitan al Poder Legislativo llevar a cabo los procedimientos jurisdiccionales para los cuales está facultado. “No se trata de simulación ni de perseguir a actores políticos específicos, sino de que quien viole la ley no tenga la oportunidad de ampararse en el fuero”.

Será una herramienta para combatir la impunidad

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) comentó que hasta el 2020 la figura de juicio político estuvo en la Constitución sin haberse aplicado ni una sola vez, algo que, dijo, no es de sorprenderse en los gobiernos neoliberales.

Señaló que resulta relevante la aprobación de esta ley porque será una herramienta que no se utilizará de manera facciosa ni con fines oscuros, sino para combatir la impunidad. “Nuestro voto será a favor porque es un ordenamiento legal necesario para la democracia verdadera”.

A pesar de oportuna, la ley es mediocre en sus alcances

Por MC, el diputado Salvador Caro Cabrera dijo que aunque el tema es oportuno, se trata de una iniciativa mediocre en sus alcances, pues deja en vergüenza a los legisladores ante los ciudadanos en este primer día de sesiones.

“Se crea un instrumento de persecución política y se deja de lado la posibilidad real de abatir la impunidad. Sospechamos que querrán presentar modificaciones para convertir a los congresos locales en oficialías de parte, contrario a lo que indica la Carta Magna”.

Se transgrede el pacto federal

Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez pidió no caer en impulsos revanchistas ni aparentes buenas intenciones, así como no actuar de manera improvisada, al considerar que actualizar esta ley sólo transgrede el pacto federal y la autonomía institucional.

“Con esta nueva ley quieren ahorrarse vergüenzas y ridículos y estar en condiciones de amenazar a las y los gobernadores de oposición para que actúen mansamente. Votaremos en contra”, expresó.

Con información de la Cámara de Diputados

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