Francisco Garfias.
Hace apenas cinco meses, AMLO hablaba de desaparecer al INE. Decía que los consejeros no eran demócratas y anunciaba planes para que las funciones de árbitro electoral pasaran al Poder Judicial.
Eran tiempos preelectorales. El Instituto había cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, por no haber presentado sus respectivos informes de gastos de precampaña.
Días antes, una caravana de morenos guerrerenses había tendido un cerco en las inmediaciones de la sede del árbitro electoral.
Sus integrantes amenazaban con ir a buscar a sus casas a los consejeros que votaran a favor del retiro de las candidaturas. Encabezaban la protesta Salgado Macedonio y Mario Delgado.
¿Se acuerdan?
Ni el más agudo observador se hubiera atrevido a adelantar un escenario de diálogo como el que hoy presenciamos.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reunió ayer con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, otrora representante de Morena ante el Consejo General del Instituto.
¿El objetivo? Iniciar una era de colaboración institucional entre el árbitro electoral y la Legislatura que inicia, según comunicado del Instituto.
Al término del encuentro, Lorenzo Córdova declaró que el INE es muy celoso de su autonomía, pero entiende la necesidad de colaboración con otras instancias, tanto del gobierno como con otros poderes de la República, para tratar de facilitar la recreación de la vida democrática del país.
Es pertinente agregar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, la SHCP no le quitó un centavo a la cantidad solicitada por el INE para realizar sus tareas el año que entra: 24 mil 600 millones de pesos.
Poco más de 5 mil millones de ese total está proyectados para la Consulta sobre Revocación de Mandato en la que tanto ha insistido el presidente.
¿Golondrinas que no hacen verano?
***
Nos escribe Lourdes Ojeda, alumna de Posgrado de la Facultad de Derecho, para replicar la versión del profesor Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, a quien acusa de “actos de acoso sexual”.
López Betancourt, 81 años, nos dijo que detrás de las acusaciones de Ojeda hay claros intereses de personajes y grupos políticos que buscan entrometerse en la vida interna de la UNAM.
Menciona a Alfonso Ramírez Cuellar, ex dirigente nacional de Morena; Pablo Amílcar Sandoval, ex aspirante del guinda al gobierno de Guerrero; a los diputados Miguel Ángel Jáuregui y Javier Uriel Aguirre Valencia, esposo de la que hoy lo acusa.
En la réplica, Lourdes Ojeda le pide al profesor exhiba modo, tiempo y lugar de cómo y cuales son esos intereses.
“Desde aquí le digo que usted miente con todas sus agravantes. Antes solo mencionaba a dos personas. Hoy aumentan a cuatro. De esos cuatro, a Pablo Amílcar Sandoval no tengo el gusto de conocerle, y al diputado Jáuregui, en mi vida había tenido la oportunidad siquiera de escuchar su nombre”, afirma.
La denuncia de Lourdes Ojeda dice que durante mucho tiempo, el profesor la ha humillado e insultado con palabras textuales como: “Sí tienes muy buenas nalgas para estar en mi cama y no andar de revoltosa”.
López Betancourt jura por sus hijos que las acusaciones de Ojeda son falsas. Repite una y otra vez que son mentiras; que detrás Ojeda están “otros intereses” y que él tiene derecho a defender su trayectoria académica de 50 años.
El viejo profesor nos entregó copia de una carta de Cuauhtémoc Cárdenas al Congreso de Guerrero que avala la entrega de la Medalla “Siervo de la Nación” a López Betancourt. Está fechada en agosto del 2021.
De paso nos dijo que tiene demandada a Ojeda por discriminación. Le pide un millón de pesos de indemnización.
En el legajo de documentos que nos dejo venía uno de la Fiscalía de la CDMX. Esta dirigido a la alumna de posgrado. Le prohíbe realizar conductas de intimidación o molestia al ofendido o a personas relacionadas con él.
Lourdes asegura que el objetivo del presidente del Tribunal Universitario es “callarla, amordazarla, reprimirla”, para que la comunidad universitaria y el pueblo no se enteren de sus actos “lascivos y denigrantes.”
FIN.
