Raúl Flores Martínez.
Han pasado siete largos años para las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que entre movilizaciones en todo el país, visitas a instancias de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, la respuesta sigue siendo la misma, “sin rastro del paradero de sus hijos”.
La investigación que realiza la Fiscalía General de la República, antes PGR, ha sido considerada la investigación criminal más grande de la historia de México, pero también la que no ha tenido resultados contundentes.
En siete años la Fiscalía General de la República, ha obtenido de jueces 70 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas, y ha detenido a 34 personas, entre policías federales, ministeriales, agentes del Ministerio Público, expolicías municipales de Guerrero, así como integrantes de Guerreros Unidos entre ellos su líder José Ángel Casarrubias Salgado.
Dos de estas órdenes de aprehensión son contra Tomás “N”, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; SIN EMBARGO, en años anteriores, se detuvo a 80 personas, la mayoría está en libertad y el resto encarcelados por distintos delitos que no tienen nada que ver con la desaparición de los estudiantes.
En siete años la Fiscalía General de la República, ha desarrollado 19 líneas de investigación; sin embargo, no hay una concreta. Al principio se tenía una intención contundente que se fue desechando, sin dar una razón “crimen organizado”.
Paralelamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha realizado su investigación cuyo expediente tiene un millón 100 fojas que se distribuyen en mil 255 tomos con 165 anexos, donde se incluyen 672 entrevistas, 500 acciones de atención a víctimas, 2 mil 927 intervenciones periciales, 11 solicitudes de medidas cautelares a diversas instancias, 1,890 requerimientos de información y 58 oficios, a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.
En esta desaparición masiva, tanto expertos de seguridad, cómo periodistas que han investigado este caso, tienen sus propias conclusiones de meses de trabajo en el estado de Guerrero.
Esas conclusiones siguen siendo crimen organizado, delincuentes que siguen impunes por una sola razón, el Gobierno Federal está más empeñado en encarcelar a ex funcionarios que a los verdaderos criminales. Esa orden de venganza gubernamental, deja abierta la enorme posibilidad de que esta desaparición masiva, sea una más en México que se ha convertido en una gran fosa clandestina.
