Alejandro Zapata Perogordo.
Desde su nombramiento como Fiscal General de la República, en enero de 2019, a Gertz Manero, se le cuestionó su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se auguraba la posibilidad de convertirse en un subordinado y, dar al traste con la autonomía de la institución, polémica que aún sigue vigente hasta el día de hoy.
Pasado el tiempo a sus ochenta y dos años y casi tres de ocupar el cargo, se encuentra envuelto en una interminable lista de controvertidos episodios que ponen en duda la observancia de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Constitución, a la vez que se presume la protección presidencial.
El cúmulo de asuntos vinculados al Fiscal ha creado una tormenta de críticas que ponen en entredicho el actuar de su titular y de la institución, los cuestionamientos están creando un ambiente propicio para la desconfianza.
Se ventilan públicamente desavenencias con la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, aspecto por demás evidente que lejos de una adecuada coordinación, se aprecia un ánimo de confrontación, que se suma al pleito con el Instituto Federal de Defensoría Pública, que también fue objeto de noticia en medios.
Otro más, su investidura dentro del Sistema Nacional de Investigación, donde se le dio en un procedimiento cuestionado el mayor grado, la molestia de sus pares ha llevado al investigador y escritor Guillermo Sheridan, a acusarlo en diversos artículos de plagio, que no es cosa menor.
Al mismo tiempo, se levanta una polvareda derivada de un pleito con la familia política de su hermano Federico Gertz Manero, logrando mantener en prisión a la hija de la señora Laura Moran, quien fuera compañera de éste y, a la vez, cuñada del Fiscal, a quien acusan de tráfico de influencias, asunto que ahora es del dominio público.
En ese mismo tenor, el caso Lozoya que le ha servido de común denominador en la persecución política de adversarios al régimen, se le ha ido cayendo a pedazos, el mismo Ricardo Anaya con sus videos lo ha exhibido de una manera poco usual con argumentos a la luz de sus dichos, convincentes.
La detención del empresario Ancira, su posterior convenio y libertad, ante los ojos de quienes nos encontramos sin acceso al expediente, nos parece que dejan a la Fiscalía en el peor de los ridículos, al quedarse sin detenido y sin la reparación del daño pactada.
Un asunto paradigmático es la imputación en contra de los 31 académicos del Conacyt; así como la entrega del cheque- no cheque, por dos mil millones de pesos al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, dinero que aún no se da, es decir, la entrega-no entrega.
Esto es solamente una parte de una serie de escándalos suscitados alrededor de la Fiscalía General de la República, mientras los delitos federales siguen en la impunidad.
