Virtió en documentos lo que recogió en cerca de 800 entrevistas y declaraciones de personas que pertenecían a su ámbito familiar, laboral, sentimental y amistoso.
“Eso fue lo que concluyeron los criminólogos, los psicólogos, los psiquiatras”, puntualiza.
“Preocupa que no se haga un análisis puntual de lo que ocurrió; que no se tenga presente que el beneficio de libertad anticipada no pasa por encima del transcurso del tiempo, que lo de su traslado (a un penal cercano a donde vive su familia) no es obligatorio, porque es un interno que requiere medidas de seguridad especiales”, subraya.
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“Tiene la oportunidad de comunicarse con su familia. Está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de la secretaria cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, dijo en la mañanera del jueves pasado.
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José Alfredo Ravelo murió en Mérida el pasado tres de agosto, luego de ser detenido y presuntamente violado y golpeado por policías municipales. Tenía apenas 23 años.
La FGR atrajo el caso. Investigó. Casi tres meses después concluyó que el joven falleció por neumonía y que no fue víctima de abuso sexual.
Hizo pública la investigación, aún está en fase preliminar no conclusiva, asegura la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Este organismo ya hizo un “extrañamiento” a la FGR por las precipitadas declaraciones que exoneran a los policías municipales involucrados y asegura que el joven murió de neumonía y que no fue abusado sexualmente.
La CEAV reclamó, incluso, la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, la FGR dio a conocer sus conclusiones.
“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una Fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información”, subraya.
Y exhorta a los chicos de Gertz a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra e la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.
“Tanto la tortura como la alteración de evidencias, constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculos para el acceso a la justicia”, puntualiza.
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Va el “top ten” de los alcaldes, según la última encuesta de Massive Caller. La mejor evaluada es la morenista Geraldine Ponce, Tepic. Anda en 71.3 de aprobación, a seis semanas de haber asumido el cargo
Le siguen el panista de la Ciudad de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla; el emecista de Monterrey, Luis Donaldo Colosio; el panista de Querétaro, Luis Bernardo Nava, y otro panista de Tampico, José Antonio Nader.
Santiago Taboada, PAN, de la alcaldía Benito Juárez, CDMX; Miguel Treviño, independiente, de San Pedro Garza García, NL; Leonardo Montañez, PAN, Aguascalientes; Renan Barrera, PAN, Mérida; y Alejandro Gutiérrez, León.
Nótese que no aparece Claudia Sheinbaum, Morena, CDMX; quien aspira a la presidencia de la República.
FIN.
