Por. José C. Serrano

Emilio Ricardo Lozoya Austin, es originario de la capital del estado de Chihuahua, frisa los 47 años de edad. Es licenciado en economía y derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respectivamente. Tiene una maestría en administración pública y desarrollo internacional por la Universidad de Harvard.

Ocupó diversos cargos en la iniciativa privada y el gobierno federal. El último fue en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El 28 de julio de 2020, Lozoya fue vinculado a proceso por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza. La acusación del juzgador fue por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En segunda audiencia, ocurrida el 29 de julio de 2020, el juez lo vinculó a proceso por los cargos de cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

El 3 de noviembre de 2021, Emilio Ricardo fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte (RENO). Se trata de una estructura construida en una superficie de 152 mil 016 metros cuadrados, en la que se distribuyen los dormitorios dispuestos en batería, además de los dormitorios de ingreso, observación y clasificación. Su capacidad instalada alberga a 7 mil 350 internos.

Dicha estructura cuenta con áreas anexas para juzgados federales y del fuero común, lo que le otorga el carácter de preventivo, pues aquí se encuentran a disposición de los jueces los internos indiciados, procesados y sentenciados en la primera instancia.

Esta institución penitenciaria cuenta con una capacidad instalada de 5 mil 430 espacios; sin embargo tiene una sobrepoblación de mil 920 reclusos, situación que ha obligado a la adecuación de distintos espacios para habilitarlos como dormitorios.

Dentro del tratamiento básico para los presos, se otorga desde alfabetización hasta estudios universitarios con la colaboración del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y otras instituciones de educación media y superior.

También se cuenta con naves de tipo industrial en donde empresas privadas otorgan empleos remunerados a un sector de la población carcelaria; existe un registro del 40 por ciento de internos laboralmente activos. Se desarrolla también una extensa participación en actividades culturales, deportivas y recreativas, destacando los grupos de teatro y pintura.

Dentro de la política de seguridad, se han establecido equipos de detección de metales en las aduanas para facilitar la revisión de objetos prohibidos, equipos de monitoreo y programas para la capacitación del personal de seguridad de la institución, entre las que se incluye la valoración antidoping. Adicionalmente, se aplican acciones para garantizar el acceso a un amplio surtido de productos a bajo costo para favorecer a la población interna y sus familiares.

Hasta aquí la tersa versión institucionalizada del RENO. Muy otra es la realidad que no se cuenta.

El RENO se ha convertido en la cárcel con el mayor número de delitos cometidos tras las rejas, tanto por internos como por sus familiares, custodios y personal administrativo. El ilícito más recurrente es la portación de armas, seguido de lesiones por golpes, homicidio culposo, lesiones dolosas con arma blanca.

Según datos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al 24 de septiembre de 2021, el RENO es el segundo más poblado de la capital del país. Entre sus celdas aloja a algunos protagonistas de casos considerados de alto impacto.

Durante sus primeras horas de reclusión, a Lozoya Austin le practicaron los exámenes de rutina, que incluyen pruebas de Covid-19, revisión médica para certificar su estado físico y de salud y, los registros decadactilares y fotográficos. Asimismo, desde el jueves 4 de noviembre viste el uniforme reglamentario color beige y fue ubicado en el área de observación, lejos de donde se encuentran personajes como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, dos de los mencionados por el exfuncionario como beneficiarios de los sobornos entregados por la empresa Odebrecht, para evitar que sea objeto de alguna agresión.

Un dato, por demás importante, es enterarse de las condiciones de gobernabilidad del penal; en este aspecto, el RENO obtuvo una mala calificación, pues dicho rubro recae en los propios internos y no en las autoridades: persiste la presencia de actividades ilícitas que se realizan dentro, como la extorsión y los sobornos.

Un hombre como Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien ha gozado de una vida colmada de privilegios, difícilmente tiene una idea clara de lo que es estar en reclusión y, mucho menos que a él le podría ocurrir. En el transcurso de los días saldrá de su refugio para tomar un poco de sol y, a la distancia, podrá identificar a otro delincuente de cuello blanco: Juan Ramón Collado Mocelo, que, como el chihuahuense nació en pañales de seda. ¡Sorpresas que da la vida!

 

 

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