Raúl Flores Martínez.
Vaya golpe a la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera con la salida de Santiago Nieto Castillo, quien le dio un aire de frescura a esta Unidad que antes dependía de la entonces Procuraduría General de la República, un golpe demoledor que el ahora entrante e inexperto Pablo Gómez Álvarez tendrá que actuar de inmediato para evitar un debilitamiento en el trabajo que se realizó.
Quienes conocemos al Santiago Nieto, sabemos de su trabajo de a pie, él no es tipo de funcionarios godín que se encierra en su oficina a ver pasar el tiempo para salir a casa; él le trabajaba de verdad, incluso se dio tiempo para crear alianzas y redes políticas y sociales.
Alianzas qué le ayudaron a introducirse, sin estar presente en las organizaciones criminales, cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación que le bloqueó 9 mil cuentas con un monto de más de 931 millones de pesos, es decir el 55 por ciento del gran total.
Las más que se le suspendieron al Jalisco Nueva Generación resguardaban 863 millones 306 mil 367 pesos; 3 millones 389 mil 842 dólares (unos 68 millones de pesos), y 3 mil 949 euros (unos 100 mil pesos.
Otros aseguramientos fueron a la Familia Michoacana, con 3 mil 575 cuentas bancarias suspendidas, con saldos totales por 385 millones 576 mil 549 pesos, 1 millón 214 mil 505 dólares (más de 24 millones de pesos) y 4 mil 703 euros (unos 117 mil pesos).
En tercer lugar, figura, el cártel del Pacifico, con 2 mil 143 cuentas bloqueadas por 108 millones 171 mil 471 pesos, y 5 millones 734 mil 665 dólares (poco más de 114 millones de pesos).
Resultados que no fueron tomados en cuenta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que al igual que su mano derecha César Yáñez, lo desecho por tener una boda fifí qué ponía en ridículo su proyecto de nación.
Quién cuidará a Santiago Nieto, qué ahora quedará a merced de los grupos delictivos a quiénes les arrebató sus miles de millones de pesos obtenidos de manera ilícita, acaso el Presidente dejará en el abandono a su Zar Anticorrupción que le dejó buenos dividendos en materia anticorrupción a su gobierno.
