México.- La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) propuso una reforma a la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones.
Por tal motivo, señaló en un comunicado, su bancada propone una serie de mecanismos en la ley, que blinden los órganos autónomos y al Poder Judicial con más y mejores requisitos, que son fundamentales para que las y los titulares de estas instituciones estén a la altura de su mandato constitucional.
Detalló que entre algunos de los requisitos que plantea la propuesta de ley para ocupar dichos cargos es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional; acreditar conocimientos en la materia; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión.
Así como haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate; no haber sido militante de algún partido político en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación.
Tampoco tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal.
La propuesta de ley, abundó, también pretende dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación, como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura Federal, así como Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos, ya que éstos, deben estar alejados de los intereses partidistas, así como de criterios ideológicos que pueden desvirtuar el correcto ejercicio de su encargo.
La propuesta de ley fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
Con información de la Cámara de Diputados
