Con el objetivo de que los procedimientos de adopción sean en todo momento, expeditos, ágiles, sin más trámites, plazos o requisitos que los estrictamente necesarios, anteponiendo en todo momento el interés superior de la niñez, la diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa, que busca modificar el artículo 28 de dicha ley, argumenta que adoptar en el país puede ser un proceso complejo y lento para quienes aspiran a ser padres o madres, llegando a representar una verdadera prueba de resistencia. Y los procesos de adopción en nuestro país pueden durar hasta 5 años.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, precisa que miles de procesos de adopción se encuentran detenidos entre largos y tediosos trámites burocráticos, y los obstáculos administrativos para que se concreten las adopciones provocan el estancamiento de los juicios.
Uno de los principales contratiempos, agrega, lo constituye la resolución judicial de los menores de edad, porque cuando llegan a un centro de asistencia social un juez debe determinar si son idóneos para ser adoptados, hecho que puede prolongarse por largo periodo de tiempo, incluso de años.
Ello, derivado de la búsqueda de los padres o familiares biológicos del infante o de la espera para que los padres biológicos acepten que no pueden hacerse cargo de ellos y cedan los derechos para que el menor sea jurídicamente apto para ser adoptado.
Enfatiza que cada día que pasa para las niñas y niños que habitan en centros de asistencia social, representa una posibilidad menos de poder ser adoptados e integrados a un entorno familiar, ya que la mayoría de las personas que inician trámites de adopción prefieren a menores de 0 a 4 años.
Menciona que, según datos del Sistema DIF Nacional, durante 2020 la dependencia registró sólo 23 adopciones, 16 más que en 2019 cuando apenas fue de 7.
Subraya que el Fondo de las Naciones Unidas, así como del INEGI, refieren que en México existen aproximadamente 33 mil niñas, niños y adolescentes viviendo en algún centro de asistencia social, privados de vivir en familia y en comunidad.
Una de las principales causas de dicho fenómeno, es que en nuestro país se prioriza más la institucionalización del cuidado de los menores en situación de desamparo, que su integración a un núcleo familiar donde sea posible su desarrollo integral.
Aclara que con la reforma no se pretende dejar en estado de vulnerabilidad a los menores susceptibles de adopción, mediante procesos que no garanticen su seguridad y bienestar integral, sino que se eliminen las trabas que constituyen aquellos trámites burocráticos, plazos excesivos o requisitos innecesarios que solo extienden, sin causa justificada, los procesos de adopción.
