México.- La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, exhortó al Ejecutivo del estado de Zacatecas y a los presidentes municipales de la entidad, a que se coordinen con el objetivo de brindar la asistencia necesaria a las familias que han sido obligadas a dejar sus hogares a causa de la violencia sistemática de grupos criminales.
Mediante un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Seguridad Pública, la legisladora detalló que derivado de un constante enfrentamiento entre integrantes de grupos del crimen organizado, los pobladores de rancherías de los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo abandonaron sus casas.
El desplazamiento interno forzado es una triste realidad que afrontan miles de personas en el estado de Zacatecas, ya que estas personas se ven obligadas, de un instante a otro, a abandonar sus hogares, sus centros laborales o escolares, sus muchas o pocas pertenencias, así como “sus sueños, su historia, su memoria y su tierra”.
El pasado viernes 11 de febrero, recordó, un grupo de habitantes de Palmas Altas solicitó a las autoridades del municipio de Jerez el apoyo de militares, Guardia Nacional y policía municipal para acudir a sus domicilios para sacar documentos y algunos bienes materiales.
De acuerdo con el secretario de Gobierno de Jerez, Marco Antonio Vargas, suman 18 comunidades desplazadas, en cada una viven en promedio entre 500 a 800 familias, lo que en promedio arroja 10 mil personas que huyeron, puntualizó la legisladora.
“No podemos permitir que la tranquilidad y seguridad de las personas esté condicionada a decisiones y arbitrariedades de grupos del crimen organizado. El Estado tiene que actuar y velar por el pleno desarrollo de todos sus habitantes”, sostuvo la senadora.
Bañuelos de la Torre afirmó que su bancada alzará la voz por todas las personas que sufren las consecuencias de la inseguridad. Hay que ser contundentes, subrayó, no podemos ignorar la problemática del desplazamiento interno forzado en el estado de Zacatecas.
Por ello, solicitó al gobierno estatal y a los municipales brindar la asistencia necesaria a las familias que dejaron sus hogares; que realicen un diagnóstico para conocer el número total de personas desplazadas; e implementar programas encaminados a reducir los delitos de desaparición forzada y atender en todo momento a los familiares de este lamentable delito.
Con información del Senado de México