Reconoce Gobernación al Poder Judicial del Estado de México por la “Cátedra infancias con referentes de crianza en prisión”

Estado de México.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), reconoció al Poder Judicial del Estado de México (PJEM), a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), al Consejo de la Judicatura estatal y a las instancias que se suman al proyecto de la ‘Cátedra infancias con referentes de crianza en prisión’, pues fue a partir de la investigación, de la coordinación interinstitucional y de la aplicación de acciones judiciales dirigidas a proteger a este sector poblacional, que se mejora la vida familiar en esta entidad federativa.

El movimiento en pro de los derechos de la infancia ha identificado el abandono y la invisibilización de la niñez y adolescencia que tiene algún referente familiar privado de su libertad, que puede ser un padre, una madre o un ser querido cuya separación les produce malestar, y reconocer esta circunstancia implica comprender las consecuencias que afectan su desarrollo, y su vida presente y futura, subrayó el director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la SE del Sipinna, Francisco Castellanos García.

Refirió que en México existen pocas investigaciones que visibilizan la situación de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad, menos aun cuando no viven junto con sus madres o padres en reclusión. Según el estudio ‘Informe final de investigación: México-Niños y niñas con madres y padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos’, de Luis Alberto Muñoz (Church World Service, 2018), por esta causa existen 210 mil 991 madres y padres privados de la libertad, que tienen hijas e hijos.

Señaló que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha manifestado que en los procesos y sentencias penales debe considerarse a las y los menores de 18 años con la finalidad de que se protejan sus derechos, de que no se les discrimine por esta condición, de que mantengan contacto con sus progenitores, y de que se les escuche en los procedimientos administrativos y judiciales. Protegerlos ante situaciones de orfandad o separación es un deber de los Estados que se adhieren a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, como es el caso de México.

Añadió que cada uno de los pasos del procedimiento judicial precisa aplicar el enfoque de la protección de derechos desde el momento de la detención, en los procesos en la fiscalía, durante el juicio, en las sentencias y en la aplicación de sanciones, incluidas las alternativas a la privación de la libertad.

Castellanos García apuntó que lo anterior implica la toma de decisiones sobre las hijas y los hijos, y procede preguntarse si deben o no permanecer en la cárcel con la persona privada de la libertad o si deben permanecer en su hogar, además de en qué condiciones y bajo el cuidado de quién. Asimismo, las interrogantes apuntan a cómo se garantiza una protección integral, y si existen políticas y programas que les atiendan.

El servidor público enfatizó que las dinámicas familiares resultan afectadas por el hecho de que uno de sus integrantes esté sentenciado y que es un deber del Estado, como garante de los derechos de la infancia, dar respuestas a esta situación con políticas públicas. Agregó que en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) debe consolidarse la protección especial a cargo de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, federal y estatales.

En la presentación de la cátedra estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar; la secretaria estatal de la Mujer, Martha Hilda González Calderón; el secretario de Seguridad del gobierno del estado, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau; el secretario estatal de Educación, Gerardo Monroy Serrano; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García Morón; y el rector de la UAEM, Carlos Eduardo Barrera Díaz.

Con información de la SEGOB

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