Pío López Obrador: la justicia y la moralidad de la 4T a prueba nuevamente

Isaías Villa González*.

El presidente López Obrador ha lanzado varios retos durante su gobierno, que resultaron un fiasco. Ni tenemos sistema de salud como Dinamarca, ni la Línea 12 del Metro reanudó funciones el pasado 24 de junio, menos se avizora la “pacificación” del país, ofrecida para “acreditar históricamente” a su gobierno; por no mencionar obras costosas e inoperantes, como el AIFA o la refinería Dos Bocas .

Pero si en un tema se expresa con mayor fuerza la incongruencia y el fracaso de sus compromisos es en el tema de la corrupción. En innumerables ocasiones el presidente ha enarbolado pañuelo blanco, presumiendo desde 2019 que en su gobierno se acabó “corrupción, moches y bandidaje”. La verdad es que la realidad lo desmiente con frecuencia.

Son varios sus familiares directos y colaboradores cercanos, envueltos en escándalos de corrupción, presunto tráfico de influencia, colectas, manejo oscuro de fideicomisos, etc.

En la actualidad resurge el caso de Pío López Obrador, uno de sus hermanos incómodos. Célebre por el video en donde se le ve recibir unos sobres amarillos con dinero, de parte de David León, colaborador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

El PRD le revivió ayer (miércoles 20 de julio) la denuncia, al presentar pruebas supervinientes, derivadas de las propias declaraciones que Pío hiciera, en entrevista, a la revista Expansión (19 de julio). En ella el hermano del presidente acepta haber recibido dinero de León: “fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas, etc. Para que nosotros pudiéramos movilizarnos”. Y añade su juicio “pero no cometí ningún delito”. Para Pío López Obrador recibir dinero en efectivo era algo normal en las prácticas del movimiento encabezado por su hermano. Parece desconocer, o no le importa, que la legislación electoral obliga a los partidos y candidatos a reportar todo tipo de ingresos, incluidas las aportaciones de particulares. Por ello el PRD acusa financiamiento ilícito en las campañas electorales de Morena, sumando estas declaraciones como prueba, a la querella presentada el 24 de agosto de 2020.

También el PRD, en voz de Ángel Ávila, Representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), exige a la Fiscalía General de la República (FGR) “no proteja al hermano del Presidente y no obstaculice el trabajo del INE. Que se termine con la impunidad y se castigue los delitos aquí expuestos”.

Aquí es conveniente recordar que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yazmín Esquivel Mossa, esposa de José María Riobóo –contratista predilecto del presidente- y propuesta del mismo López Obrador, obsequió la suspensión solicitada por la FGR para no entregar al INE la carpeta de Investigación del caso Pío, como ordenaba el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El PRD subraya en su denuncia que el límite de aportaciones de simpatizantes, en el proceso electoral 2014-2015 (fecha de la que son los videos en comento), fue de 1 millón 680 mil 560 pesos. David León aceptó haber entregado más de 2 millones de pesos.

Por otra parte, ayer el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, dependiente de la FGR, para que establezca si se ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador. No es el primer apercibimiento; ya el 31 de mayo el mismo juzgado había dado un plazo de 60 días para resolver, atendiendo un amparo solicitado por el propio hermano del Presidente.

Es decir que hoy la FEDE está obligada a resolver. Así lo reconoció ya el propio Ortiz Pinchetti ayer, en escueta entrevista con la periodista Azucena Uresti. El Fiscal fue en otros tiempos un gran luchador por la democracia; participó en las reflexiones del llamado Seminario del Castillo de Chapultepec, que dio vida al Instituto Federal Electoral (IFE), primer órgano electoral autónomo, del que luego sería su Consejero Ciudadano. Desde hace años ha sido cercano de López Obrador.

La opinión pública estará muy al pendiente de su determinación. Esperemos sea, por los evidentes elementos probatorios, judicializar el caso de Pío López Obrador; de lo contrario, su exoneración, estará reiterando el desprecio de la autollamada 4T por la ley. Una prueba más de la traición al compromiso de moralización ofrecido por AMLO.

*Fundador y Consejero Nacional del PRD. Vicecoordinador Nacional de Nueva Izquierda.

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