Ernesto Zavaleta.
Aunque no guste en Palacio Nacional, la controversia por incumplimiento al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) apunta a una derrota legal inevitable, un grave daño económico para México y un deterioro importante en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá.
No es traición advertir al gobierno mexicano que la reglamentación del acuerdo lo obliga a respetar las reglas de competencia, inversión y cuidado del medio ambiente en materia energética y hacerlo no viola ni vulnera la soberanía nacional, como se quiere hacer creer desde el discurso de las mañaneras.
De acuerdo a las solicitudes de consulta presentadas por los socios comerciales de nuestro país, las disposiciones tomadas por el gobierno federal de centralizar y dar preferencia a Pemex y la CFE en el manejo de energía en distribución y producción si violan los capítulos 12, 14 y 22 del T-MEC.
Los reclamos de Estados Unidos y Canadá admiten los derechos de México en materia de soberanía como lo establece el capítulo 8 del T-MEC que en señala:
Artículo 8.1: Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e
Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos.
Párrafo 1.-Según lo dispone este Tratado (el T-MEC), las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.
Ese es el único punto de posible defensa de México:
Sin embargo, las quejas se encuadran contra las medidas propuestas en una inexistente reforma legislativa constitucional en materia energética, que fue impulsada por el presidente y que fue rechazada en octubre del año pasado.
No hay tal argumento válido de reforma constitucional, no existe tal, en cambio si se aplica la igualdad de competencia para las empresas de los socios en el T-MEC, según las reglas del tratado (https://www.gob.mx/t-mec).
Aplicar las normas de una reforma constitucional inexistente, como pretende el gobierno mexicano, viola al menos tres de los capítulos del T-MEC, el 12 (texto), que establece las normas de eficiencia energética y su aplicación.
El capítulo 14 (texto) donde se exige un trato igualitario tanto para los inversionistas de una de las partes, en este caso EEUU y Canadá, en territorio de otra, México, como para los de nacionales en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones.
Y el capítulo 22 (texto) referente a evitar el trato desigual en alguna actividad contemplada en el T-MEC frente a empresas propiedad del Estado con tendencias monopólicas que “afectan o puedan afectar el comercio o la inversión entre las Partes dentro de la zona de libre comercio”.
En esos cuatro capítulos se centrara el proceso de reclamo, uno argumento para la defensa, y tres para justificar la acusación.
“La salida de México está en el artículo que dice que el país se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Este va a ser el argumento de México, mientras que el de EU y Canadá está en el que se refiere al trato nacional, es decir, México le tiene que otorgar un trato nacional a una empresa de EU y Canadá como si fuera mexicana”, explicó José Ignacio Martínez Cortés, profesor y coordinador del el Laboratorio de Análisis en Comercio Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque presentadas por separado los días 20 de julio, Estados Unidos, y 21 de julio, Canadá, ambas hacen referencia a los capítulos arriba citados.
“Las consultas se relacionan con ciertas medidas de México que perjudican a las empresas estadounidenses y la energía producida en Estados Unidos en favor de la empresa eléctrica estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (Pemex)”, dijo la representante Comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, a través de un comunicado.
Mientras Mary Ng, la ministra de Economía de Canadá, adelantó que defenderán al sector energético de Canadá, “que ha asumido un papel de liderazgo en la transición a la energía limpia en México y apoya a miles de trabajadores en toda América del Norte”.
El capítulo 31 del T-MEC, establece claramente el calendario de lo que está por venir.
México tiene 30 días contados a partir del 20 y 21 de julio, cuando se dio oficialmente entrada al reclamo de EEUU y Canadá, respectivamente, para explicar sus argumentos y justificar las medidas tomadas en contra de los compromisos del TMEC en materia energética, y este proceso de acercamiento y discusión entre las partes podría alargarse hasta 75 días.
De no llegar a un acuerdo se integrará un equipo de tres a cinco panelistas aprobados por los tres países, quienes tendrán un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y 30 días para presentar el reporte final, lo que podría ocurrir hasta mayo de 2023.
Tras la emisión del reporte final, las partes tendrán 45 días para llegar a un acuerdo sobre la solución de la controversia que puede ser la eliminación de la inconformidad, si gana México; si el fallo es a favor de Estados Unidos, entonces la Unión Americana y Canadá podrán solicitar una compensación.
Al concluir esos 45 días los demandantes, Estados Unidos y Canadá podrían imponer aranceles en el mismo sector que les fue afectado, que en este caso sería el energético, en caso de que no sea factible en el mismo, pueden hacerlo en otros.
Si México considera que los aranceles son “manifiestamente excesivos” o que ya cubrió la afectación, puede solicitar al panel que se reúna de nuevo para revisar la solicitud y resolver en un lapso de 90 a 120 días.
Incluso alguna de las partes o todas pueden pedir la conclusión del Tratado, con las desastrosas consecuencias para las tres naciones.
Ya corren estos plazos y en nada ayudan a México las arengas de la 4T contra el supuesto colonialismo e intervencionismo del “monstruo capitalista”, ni las acusaciones de que el gobierno de Joe Biden financia la defensa ecológica contra el Tren Maya.
Ojalá esto no se agrave el 16 de septiembre próximo, si el presidente diera su informe sobre este tema e insista en su pretensión de ser el nuevo Bolívar, y ataque nuevamente a los vecinos del norte, con Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, presidentes de Venezuela y Cuba, respectivamente, sentados a su lado.
Y por qué no, también en el presídium, del Día de la Independencia de México, presentes como invitados especiales los mandatarios de Nicaragua, Honduras y Chile, con los candidatos de Brasil y Colombia quienes integran el nuevo bloque de izquierda latinoamericano. Y desde el Zócalo de la capital mexicana unan sus voces al grito de:
¡Gringos go home!
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