La CNDH no criminaliza personas defensoras ni ha participado en acuerdo alguno relacionado con el plantón en la Secretaría de Gobernación

CNDH

México.- El 22 de septiembre de 2021, un grupo de trece personas se posesionaron de las oficinas de esta CNDH en la avenida Picacho, y simulando un supuesto ataque de la policía, destruyeron el lugar, rompieron cámaras de seguridad, robaron infinidad de objetos y destruyeron expedientes de víctimas pidiendo la reinstalación de una ex funcionaria que mantenía contacto con ellas. Después de un diálogo que se prolongó hasta pasada la una de la madrugada, los ocupantes abandonaron el lugar; sin embargo, derivado de la gravedad de los daños, se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República en el sentido de la reparación de estos, que implicaban recursos públicos, pero sobre todo la destrucción de expedientes, en afectación de numerosas víctimas.

Categóricamente señalamos que ni criminalizamos ni fabricamos acusaciones. Contamos con la plena identificación de quienes participaron en el asalto de nuestras oficinas, muy lejano de una protesta o manifestación pacífica. Y por lo mismo, la denuncia sigue su curso en la Fiscalía, y será ella quien determine las responsabilidades, y consecuentes sanciones, que el caso amerite.

En algunos medios se ha venido manejando que una persona que participó en dichos hechos, pero que cuenta además con varias quejas en esta Comisión de personas que se identifican como víctimas de ella, se instaló en plantón en la Secretaría de Gobernación por espacio de tres días, afirmando ser víctima de criminalización y persecuciones por parte de esta Comisión y que, acudió a esa instancia por ser “superior jerárquica” de la presidenta de la CNDH, llegando a negociar con autoridades de esa Secretaría diversas cosas, cuya decisión compete solo a este Organismo Constitucional Autónomo.

Frente a estos señalamientos y versiones, la CNDH aclara que no ha participado ni ha sido consultada respecto a esas supuestas negociaciones, que involucran el compromiso de una reunión de esa persona con la presidenta Rosario Piedra Ibarra quien, muy por el contrario de lo que se ha dicho, no tiene más superior jerárquico que el pueblo al que sirve, y menos recibe indicaciones de ningún funcionario, porque justamente en eso reside su autonomía, necesaria para garantizar el cumplimiento de su misión constitucional.

Llama la atención el hecho de que quien se ostenta como “defensora de derechos humanos” desconozca que esta Comisión Nacional es un organismo autónomo, independiente de cualquier poder y desde luego no subordinada a ninguna autoridad gubernamental, y mucho menos a la Secretaría de Gobernación. Eso era antes, no ahora, así es que si lo sabe, más grave aún, porque está poniendo en riesgo y vulnerando la autonomía de la CNDH pretendiendo interferencias ajenas a la ley y contrarias a los nuevos tiempos. Por lo que de igual modo es delicado que funcionarios, sean de la naturaleza que sean, emitan opiniones o hagan compromisos en nombre de la CNDH sin siquiera tomar su parecer.

Es pertinente recordar aquí por último, que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cumple el supuesto de criminalización de defensores de derechos humanos cuando se hacen denuncias sin fundamento o se imputan delitos que no corresponden con la realidad, para amedrentar su labor y desacreditar sus causas. Que no es el caso.

Esta Comisión Nacional cree propicio reiterar su compromiso con las víctimas, con todas, y su absoluto respeto y apoyo a todas las formas de protesta pacífica, por lo que reivindica las manifestaciones públicas como un mecanismo de impulso y fortalecimiento de la democracia, pero también recoge los criterios de la CIDH en el sentido de que, cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas, frente a lo cual los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.

La defensa de los derechos humanos no puede hacerse sino desde la ley. A ella nos acogemos, y con ella habremos de seguir cumpliendo la tarea que tenemos encomendada.

Con información de la CNDH

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