Ernesto Zavaleta.
Ser un tirano, un dictador que militariza al país, es la única opción que ve el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir su sueño de trascender a su propio sexenio con sus caprichos, pues no confía en sus corcholatas ni en ningún civil y su partido no representa una opción viable de institucionalizar su dictadura.
Para el presidente sólo los militares son honestos, lo repite cada día, por eso empodera a las fuerzas armadas, a las que entrega la administración de desastrosas mega obras y, poco a poco, la del país, para que nadie cambie en el futuro lo que él, desde su púlpito, decide y hace para conservar el poder.
Existe el peligro de que en México ocurra lo que en las dictaduras de mediados del siglo pasado en Latinoamérica, y que se replican ahora en Venezuela y Nicaragua, o sigue en Cuba, la fuerza militar sostiene a sus gobernantes porque, como ahora dice López Obrador son “voceros del pueblo” aunque estén contra la voluntad de su pueblo.
No importa lo que dice la Constitución o las leyes vigentes, no importa que ahora se conozca de la complicidad castrense en el asesinato de los 43 normalistas de Iguala, no importa que sean giradas más de 80 órdenes de aprehensión contra militares involucrados sólo en esa masacre… No importa, sigue militarizando al país, para dar continuidad transexenal a su poder, no para proteger a los mexicanos.
Cada semana, sin más justificación que su dicho y voluntad, sin aval del Congreso, entrega más recursos, posiciones y poder a las fuerzas armadas que ahora están a cargo de la seguridad pública nacional; puertos y aeropuertos (incluyendo el de la Ciudad de México); aduanas; construcción de hospitales e infraestructura de comunicaciones; manejo de cuentas de los beneficiarios en programas sociales; distribución de medicinas; administración del Tren Maya, y mucho más.
En sus primeros dos años, con la mayoría de Morena simple (50% más uno) y calificada (dos terceras partes de sus integrantes) en ambas cámaras derogó, cambió o creó al menos 27 leyes, que pasaron por sus órdenes sin “cambiar ni una coma” para “sentar las bases” de la Cuarta Transformación.
Los ejemplos más claros de imposición fueron la desaparición de 109 fideicomisos y dar lugar a un presupuesto totalmente centralista; la creación legal de la Guardia Nacional para lo que acordó con la oposición que pasaría a manos civiles en cinco años, para fin de 2024, y la completa derogación de la Reforma Educativa, sin contar el obligar a la realización de la consulta popular contra ex presidentes, y recortar el presupuesto de organismos “incomodos” como el INE.
Fueron derogadas, reformadas o creadas otras 32 leyes sólo para dar sentido a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) que junto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se han dedicado a perseguir a los opositores o, como el los llama “adversarios conservadores”, lo que permitió entre otras cosas retirar los fondos de protección a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
Desde septiembre de 2021, ya sin la mayoría calificada en la Cámara de los Diputados, sin la posibilidad de las reformas constitucionales, ahora las leyes emanan del Palacio Nacional por decreto presidencial, y así aumenta la opacidad en su administración y entrega cada día más poder a la milicia.
Como no puede cambiarla, ahora el presidente se coloca por encima de la Ley e ignora amparos; destina y usa recursos públicos; cancela contratos nacionales e internacionales; quita y pone mandos en instituciones como el Banco de México, pasa la Guardia Nacional a la Defensa, y cambia nombre y funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ahora sin la opción legislativa; con cada vez menos complicidad y la gran lentitud judicial, sin un partido fuerte, unido e institucional, solo la protección militar garantiza su sueño de no ver cancelada su Cuarta Transformación,
De nada sirve que para 2024 la Guardia Nacional cuente con 144 mil miembros desplegados en las 266 coordinaciones regionales, si son rebasados en la práctica por un hampa que ahora no sólo trafica drogas, ahora trafica personas; controla carreteras, puertos, zonas de producción, canales de distribución y centros de comercialización de minerales, alimentos y bebidas.
Critica cotidianamente la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, y ordena una política de rendición militar ante los criminales, “abrazos no balazos, son personas con derechos, hay que protegerlos”, dice, y no sólo protestan amplios sectores sociales, hasta militares en activo y retirados manifiestan su indignación por esta “humillante” estrategia.
Sólo se explica si el objetivo de militarizar al país es para garantizar la continuidad de su poder, mantener sus decisiones, y no proteger a los mexicanos del crimen y la violencia que sólo existe en los medios amarillistas y campañas de los adversarios.
Y sólo en los militares confía el presidente para que quien lo sustituya no cambie ni altere su “legado”, lo que ni las corcholatas ni su partido pueden garantizar.
Morena ha demostrado que nunca va a lograr ser institucional, se rige por los caprichos de su mesías, a diferencia del PRI y del PAN, esa falta de institucionalidad no permite al partido en el poder avanzar más que y hacia donde ordena su líder, y menos aspirar ser la dictadura perfecta como lo fue el tricolor durante 70 años.
Lejos de ello, el gobierno trata de acabar con las instituciones del país, y Morena, dividido al interior, busca llevar a cabo su III Congreso Nacional por encima e ignorando la ley, sea ésta la Constitución, la Ley Electoral o sus propios estatutos, para imponer la voluntad del mesías.
En tanto las corcholatas están más preocupados por acusarse unos a otros de infringir la ley, de abusar del poder, de usar recursos públicos, de caer bien al mandamás, todos lo hacen para ser la o el candidato, sin más proyecto que tratar de conservar los apoyos clientelares del gobierno.
Con ese panorama, para López Obrador está muy claro que hacer, y lo dice: “apoyarse cada vez más en las fuerzas armadas”.
Para otros también está claro.
Porfirio Muñoz Ledo publicó un comunicado en el que llama a “restaurar la República” mediante la oposición “por todos los medios legítimos al sórdido propósito de militarizar al país. Los soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de soberanía y de las libertades públicas”.
La senadora Kenia López Rabadán expresó su temor ante la actitud del presidente López Obrador quien “actúa como un tirano porque quiere aplastar la Constitución, porque quiere demostrar que su capricho inicial no está en un error y claramente es errónea la estrategia. Es una vergüenza ver cómo López Obrador quiere aplastar al Poder Legislativo y ustedes en Morena se lo permiten”.
En redes sociales Dante Delgado Ranauro, en lo que llama su séptima carta al Presidente, lo acusa:
“Traicionaste el voto de confianza que te dimos cuando en el Congreso aprobamos la Guardia Nacional, traicionaste tu promesa de regresar al ejército a los cuarteles, traicionaste la promesa de cambiar la estrategia de seguridad, traicionaste tu promesa de pacificar al país, traicionaste la expectativa de cambio que provocaste en millones de personas, pero hoy cruzaste todos los límites, traicionaste el juramento presidencial de hacer cumplir la Constitución.
Y cita al presidente más admirado por López Obrador: “Benito Juárez sostuvo que no se podía gobernar a base de los impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, mientras tú exclamaste, con prepotencia, irresponsabilidad y soberbia, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Morena no tiene la estructura ni la disciplina para institucionalizarse, las corcholatas no tienen la intención de ser sólo marionetas, excepto Claudia, y el presidente quiere trascender a como dé lugar.
Va a militarizar al país, es un hecho, la pregunta es ¿el país se lo va a permitir?
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