Rubén Cortés.
En ocho años caducaron los estatutos de Morena, que fueron aprobados en su asamblea constitutiva y registrados ante el Cofipe, el 26 de enero de 2014:
Su candidata para gobernar el Estado de México viola el de “se prohíbe el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad”, porque, como alcaldesa, le retuvo a los trabajadores unos 60 millones de pesos para dárselos a Morena.
Su ex gobernador en Baja California Jaime Bonilla viole el de “se prohíbe la lucha de facciones”, al acusar a la gobernadora Del Pilar Ávila de pactar con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y permitir que su marido tome las decisiones de gobierno.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, viola el de “se prohíben de tribus, grupos y corrientes internas”, al apoyar al secretario de Gobernación para ser candidato presidencial.
La gobernadora de Campeche Layda Sansores y la senadora Citlali Hernández violan el de “se prohíben de tribus, grupos y corrientes internas”, al respaldar a la Jefa de Gobierno para ser candidata presidencial.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, y el senador José Narro violan el de “se prohíben de tribus, grupos y corrientes internas”, al empujar al canciller Macelo Ebrard para ser candidato presidencial.
El director de Pemex viola el estatuto de “se prohíbe la asignación de cargos por cuotas”, al darle a dirigir una filial de Pemex a la hija del secretario particular del presidente.
El propio presidente viola el de “se prohíbe la asignación de cargos por cuotas”, al designar como ministra de la Corte a la esposa de un amigo personal, asesor económico y su principal contratista.
El secretario de Hacienda viola el estatuto de “se prohíbe la asignación de cargos por cuotas”, al designar administradora del SAT a la hermana del secretario de Gobernación y esposa del gobernador morenista de Chiapas.
El director del IMSS viola el estatuto de “se prohíbe promover el clientelismo y el amiguismo”, al comprarle al hijo del director de la CFE ventiladores de respiración por 31 millones de pesos: un millón 550 mil pesos por cada uno.
Fue el atractivo de esos estatutos, que rebosaban honestidad, lo que permitió al hoy presidente ganar las elecciones de 2018, pues le otorgaron 15 millones de votos extra a los 15 millones que había ganado en 2006 y 2012.
Sin embargo, ya la mayoría se encuentra en liquidación, porque son violados sin miramientos, sobre todo a medida que se recrudece la sucesión presidencial, y surgen las tribus para meterle el diente a lo que puedan de las candidaturas.
El único estatuto que falta por ser violado es el de:
“Se prohíbe la perpetuación en el cargo”.
