Por. José C. Serrano
Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), nació hace 58 años en la Ciudad de México. En 2020 el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, le extendió el nombramiento por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Carece de experiencia en el área; sin embargo, dirige una de las dependencias clave en ofrecer prevención, auxilio y recuperación, ante los desastres a toda la población.
El fracaso en la estrategia de rescate de los diez mineros en Sabinas, Coahuila, mantiene a las familias desesperadas al no haber certidumbre en el salvamento de los trabajadores. Este 28 de agosto se cumplen 25 días del colapso de la mina “El Pinabete”. Con sus irresponsables declaraciones, Velázquez Alzúa socavó toda esperanza de quienes anhelan un desenlace tolerable; la funcionaria,a manera de colofón, informó que la recuperación de los cuerpos de los trabajadores podría llevar hasta once meses.
Laura Velázquez Alzúa es egresada de la licenciatura en Historia y Arte del Instituto Cultural Helénico. Su carrera como servidora pública comenzó en 1997, ocupando cargos sin mayor relevancia en la esfera de los mandos medios. El 16 de agosto de 2020 le pegó al gordo de la lotería, principalmente por el jugoso sueldo que cobra como titular de la CNPC, mando superior, sin más credenciales que su lealtad a la 4T.
Familiares de los trabajadores atrapados en la mina “El Pinabete” han exigido en dos ocasiones la destitución de la funcionaria cobijada por el manto protector de AMLO. Las personas que permanecen, desde hace varias semanas, en un campamento improvisado cerca de la mina, la han tildado de mentirosa; le han sugerido que se retire a su casa. Es una desvergüenza que siga cobrando sin cumplir las tareas que su nombramiento le demanda.
Trabajadores de la mina que acompañan a las víctimas indirectas de esta tragedia , han expresado que, cuando hubo oportunidad de sacar a los mineros atrapados los expertos comisionados no lo hicieron, porque tuvieron miedo de perder la vida ahogados o decapitados por trozos de metales diversos asentados en el fondo del tiro o en socavones laterales.
El derrumbe ocurrido el 3 de agosto de 2022 en la mina “El Pinabete” ha confrontado a las secretarias Luisa María Alcalde Luján y Tatiana Clouthier Carrillo. Los desatinos y omisiones en este penoso asunto, cometidos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en la Secretaría de Economía (SE), respectivamente así lo indican. Dicha confrontación motivó que el presidente AMLO solicitara varios informes detallados a las dependencias federales que podrían tener responsabilidad en el caso.
Además de la STPS y la SE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entregaron sus respectivos informes al jefe del Ejecutivo. Con esos datos se pretendía determinar, si los dueños de las minas incurrieron en delitos penales, pero también para descubrir si alguna de las áreas de gobierno fue negligente o si sus funcionarios se corrompieron para favorecer este tipo de negocios criminales que ponen en riesgo permanente la vida de los mineros.
En ese contexto del deslinde de responsabilidades, las secretarias Alcalde Luján y Clouthier Carrillo se han estado echando la culpa mutuamete a grado tal, que las diferencias no sólo se están ventilando ante AMLO, sino que han trascendido públicamente, con el daño que esto puede causar al trabajo del “impoluto” gabinete.
Ejemplo de ello, es lo ocurrido el viernes 12 de agosto, cuando las dos instituciones enviaron comunicados de prensa en los que dejan ver el encono que existe y que ha llevado a ambas secretarías a estar prácticamente al margen del operativo de rescate.
La situación tan delicada que se vive en la región carbonífera de Coahuila, bien merece que el jefe del Ejecutivo ponga en marcha un reacomodo de los colaboradores que no hacen bien las tareas encomendadas. Laura Velázquez Alzúa podría, sin perjudicar a persona alguna, ser reincorporada a las áreas donde comenzó su carrera burocrática.
