Exhortan diputadas a que SCJN anteponga el interés superior de la niñez al resolver acción de inconstitucionalidad de CNDH en materia de deudores alimentarios

México.- Diputadas integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, encabezadas por la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN), rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra del requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular; y exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que al resolverla considere el interés superior de la niñez y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, hicieron un exhorto a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales establecidas para proteger los derechos humanos en nuestro país y de los tratados internacionales de los que México forma parte, promueva acciones para lograr la erradicación de conductas que se configuran como violencia contra la mujer, así como aquellas que tengan como finalidad, salvaguardar los derechos de la infancia.

En conferencia de prensa, a la que asistieron integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, Zavala Gómez del Campo señaló que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una conducta que se constituye como violencia económica, patrimonial y familiar. El Estado mexicano debe actuar en consecuencia para contribuir al bienestar de la infancia mexicana y cumplir lo consagrado por el artículo 4º Constitucional.

“Quienes integramos las comisiones de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos rechazamos la acción de inconstitucionalidad 98/2022 interpuesta por la CNDH respecto de las reformas realizadas por el estado de Yucatán que establecen como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso”, comentó.

En su intervención, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que se suman a esta postura, ya que buscan evitar que “haya un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres y en la defensa de las niñas, los niños y los adolescentes”

Pidió a la titular de la CNDH que reconsidere esta acción de inconstitucionalidad y retome el camino para el que fue creado este organismo que es defender a los más vulnerables no violentar sus derechos.

La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció lo novedoso del mecanismo que aprobó el Congreso de Yucatán ya que garantiza la congruencia de aquellos que desean postularse a un cargo público.

Dijo que desde “el Grupo Parlamentario del PRI siempre estará del lado de las niñas, niños y adolescentes y refrendará su defensa en cualquier ámbito, por lo tanto, estamos en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada”.

La diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, calificó de “inadmisible” que la CNDH no advierta relación alguna entre las reformas aprobadas con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez,

De acuerdo con el Inegi, en México tres de cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia dejando en estado de vulnerabilidad a miles de niñas, niños y adolescentes, apuntó.

En su oportunidad, Julieta Lujambio, activista por los derechos de las madres solas y sus hijos, hizo un llamado a la Cámara de Senadores a que no deje pasar más tiempo y discuta la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que fue aprobado por unanimidad en abril de 2019 en la Cámara de Diputados.

Al tomar la palabra, Verónica Juárez Piña, coordinadora de la Nueva Izquierda, del PRD, reiteró su rechazo a la acción de inconstitucionalidad promovida por Piedra Ibarra, por lo que lamentó que pretenda anteponer el derecho de deudores por encima del interés superior de la infancia, dado que estos sectores tienen derechos especiales por ser personas en desarrollo, cuya protección requiere la toma de medidas especiales o acciones afirmativas a fin de garantizar su pleno desarrollo.

Con información de la Cámara de Diputados

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