Ernesto Zavaleta.
Los preceptos vertidos por el presidente en sus mañaneras van más allá de militarizar las fuerzas de seguridad pública, es aceptar que, so pretexto del combate al crimen, se va permitir a los militares y fiscales violar los derechos humanos de presuntos responsables y, en pro de la justicia, los jueces deben ignorar el debido proceso.
Si se suman las posiciones del Jefe del Ejecutivo Federal de mantener la prisión preventiva oficiosa “para no soltar delincuentes”; saltarse la Ley cuando sea conveniente “para llegar a la verdad y la justicia”; militarizar la Guardia Nacional “porque no hay un civil honesto”, y, ahora, ignorar las fallas en el debido proceso “por el bien de la justicia”, pronto llegaremos al Estado totalitarista que el presidente parece perseguir, como la verdadera 4T.
Militarizar la seguridad pública y al país, ya estaba considerado como parte de la 4T desde antes de llegar al poder, el presidente no cambió de opinión el 6 de septiembre pasado, cuando lo admitió públicamente en la mañanera de ese día, ni lo hizo cuando asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, ya era su plan desde que fue candidato y lo consolidó como candidato electo.
Meses antes de rendir protesta expuso en las reuniones de entrega-recepción de poder que debía integrarse una Guardia Nacional con militares, bajo el mando de militares y administrada por militares, y López Obrador lo puso por escrito en su Plan de Paz y Seguridad, publicado en su página oficial el 14 de noviembre de 2018.
“La Secretaría de la Defensa Nacional asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos, así como de su equipamiento, despliegue y operatividad, con base en los requerimientos señalados por las coordinaciones de Seguridad y en apego a los lineamientos de acción elaborados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, dice el documento.
Y en ese marco militarista, ni la Ley es la Ley ni se debe respetar el “debido proceso” pues, según el orador de las mañaneras, demandar penalmente a un juez que libera a presuntos responsables que ya fueron sentenciados en Palacio Nacional; acusar al poder judicial de corrupto, si no coincide con sus ideas, y señalar al legislativo de traidor si no aprueba sus iniciativas, es más fácil que capacitar a policías civiles y fiscales locales y federales para combatir al crimen común y organizado.
Ordenó demandar penalmente al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por absolver a José Luis Abarca y otros 120 acusados en el caso de la desaparición de los 42 normalistas y un militar en Iguala, y a otros 24 involucrados en el ataque a un estudiante en 2014, todos liberados por presentar irregularidades en sus procesos como haber sido torturados y/o estar falseadas sus fechas de captura y órdenes de aprehensión.
Y por otro lado en sus mañaneras acepta esas falta procesales, motivo de liberación de los indiciados, al perseguir y usar contra sus “adversario” a Tomas Zerón el torturador que fraguó el “crimen de Estado” para cubrir a los responsables del secuestro, asesinato y desaparición de 42 normalistas y un militar de Ayotzinapa. Además sí, se filtró la información del caso… y qué, ¿a poco nada más por eso los liberan?
Acusó de “traidores al pueblo” y exhibió públicamente en una conferencia mañanera a los senadores que se opusieron a la ampliación del tiempo de permanencia de militares en la Guardia Nacional hasta 2028, iniciativa cuya autoría aceptó a pesar de ser presentada por una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, ahora con licencia.
Tan es de López Obrador esa iniciativa, que su rechazo en el Senado provocó la organización de una consulta, que no es consulta, a cargo del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, sin participación alguna del Instituto Nacional Electoral porque “nos pediría mucho dinero para hacerla”…
Y por supuesto “no es para presionar a los senadores, es para conocer lo que opina el pueblo”, explicó el presidente.
Todas las acciones anteriores van contra la ley, son inconstitucionales, violatorias de la división de poderes de la Unión, contrarias a las reglas de convivencia y respeto entre ellos, pero eso sí, acordes al comportamiento autoritario del inquilino de Palacio Nacional.
En su, lo que sea, nadie va a verificar la calidad de ciudadano de los votantes u opinadores, basta mostrar o mandar el CURP, y ya que no es vinculante porque no es legal ni oficial, podría Adán Augusto López agregar a su, lo que sea, en enero de 2023 las siguientes preguntas:
¿Qué opina de ser torturado y que el juez lo ignore al procesarlo?
¿Está usted de acuerdo en que se siga debilitando los cuerpos de policía municipal y estatal?
¿Le parece correcto que cada año se reduzca el presupuesto asignado a los estados y municipios en materia de seguridad pública?
¿Le gustaría ser encarcelado aunque no se haya probado que es culpable de un delito?
¿Qué opina del retraso de casi cuatro años para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública que desde diciembre de 2018 debía entregar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?
¿Le gustaría un gobierno como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba?
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