México.- La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por omisiones en las que incurrieron funcionarios federales por la fuga de metano, en el yacimiento KU-Maloob-Zaap en el Golfo de México.
La denuncia se presentó en contra la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza y el Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Ángel Carrizales, por las omisiones en que han incurrido al haberse abstenido de verificar y sancionar, así como por no haber adoptado las medidas para prevenir y remediar los daños ocasionados por la liberación de grandes volúmenes de gas metano en diciembre de 2021 y en agosto de 2022.
La senadora recordó que en diciembre de 2021 se liberaron 40 mil toneladas de gas metano y en agosto alrededor de 44 mil toneladas del mismo gas.
“Es obligación de Pemex, la Secretaría de Energía y la ASEA llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las medidas preventivas y la imposición de medidas correctivas para casos como estos. Sin embargo, a la fecha, ni se han llevado acciones de vigilancia, tampoco medidas correctivas para impedir la liberación de esas cantidades de gas metano. Tampoco se han impuesto las sanciones”, aseguró la legisladora.
Incluso, Gálvez Ruiz indicó que la ASEA ha reservado toda la información relativa a la liberación de gas metano en esa plataforma, de manera que existe una total opacidad en cuanto a las medidas existentes.
“La Fiscalía debe iniciar la investigación correspondiente para llevar ante la justicia a los servidores públicos que hayan incurrido en los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, coalición de servidores y delitos ambientales sancionados por el Código Penal Federal”, afirmó.
No debe, agregó, olvidarse la lucha contra el cambio climático.
La denuncia se presentó más tarde también ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la ASEA.
Con información del PAN
