Ejército con historial homicida, ahora defensor social

Ernesto Zavaleta

Por. Ernesto Zavaleta

Hace 54 años las Fuerzas Armadas fueron utilizadas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz para reprimir, secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a cientos, a miles de estudiantes y trabajadores, incluso empleados de gobierno que se unieron a la lucha estudiantil de 1968.

Días antes de la masacre, el 27 de agosto de ese año tanques y tanquetas, y cientos de soldados, rodearon el Zócalo y recorrieron el Paseo de la Reforma y las calles del Centro Histórico, como lo hicieron el pasado 16 de septiembre con las siglas y nombre de la Guardia Nacional, ahí 1968 se escuchó la consigna que tanto repite ahora el inquilino de Palacio Nacional: “el soldado es pueblo uniformado”.

Los represores y asesinos de hace cinco décadas son el antecedente de los militares convertidos ahora por la 4T en intermediarios de las políticas de asistencia social entre el gobierno y la sociedad civil al hacerse cargo de la distribución de gasolina, medicinas, vacunas, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; el pago de pensiones, becas y apoyos gubernamentales; la construcción de sucursales bancarias y el manejo de empresas para programas y prestaciones como las propias pensiones de los elementos de las fuerzas armadas, de acuerdo con un estudio del CIDE.

El gobierno de la 4T ha entregado al Ejército también actividades civiles que abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología, señala el mencionado estudio.

Paralelamente la expansión de militares en actividades restringidas legalmente a civiles, se les han otorgado mayores recursos públicos, desde 2007 a 2022, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas se incrementó 60.5% en términos reales, y se propone que para 2023 reciban un monto récord superior a los 146 mil millones de pesos, según las cifras de la Secretaría de Hacienda en el ramo 07 Defensa Nacional.

Y como la Guardia Nacional, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no diga lo contrario, pasó a ser parte de la Secretaría de la Defensa, ésta recibirá 34 mil 500 millones de pesos adicionales asignados a la corporación militar-policial, también un récord para la corporación que lleva cuatro años de formada.

En la matanza de Tlatelolco, que se conmemoró ayer, fueron asesinados más de 300 personas desarmadas por soldados y un grupo paramilitar denominado “Batallón Olimpia”… Miles más fueron detenidos y luego llevados al campo militar número Uno, donde fueron torturados y del que cientos nunca salieron con vida.

Lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 es sólo un ejemplo de masacres y abusos de un Ejército que no ha expulsado invasores; ni enfrentado terroristas; ni combatido con éxito al crimen organizado, pero sí ha reprimido una y otra y otra vez los movimientos sociales en México, esa es su tradición, esa es su historia.

Por esa tradición represora y homicida, hace apenas 20 años, en 2002, el presidente Vicente Fox Quezada creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), a cargo del Dr. Ignacio Carrillo Prieto, encargada de elaborar el documento conocido como “Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana” sobre la Guerra Sucia en México 1964-1982.

La (FEMOSPP) desapareció apenas cinco años después de ser creada, en 2007, pero pudo documentar decenas de las masacres que cometió el Ejército contra grupos civiles que suman miles en las décadas de 60 a 90 del siglo pasado, a los que se suman cientos de civiles más asesinados por militares en este siglo.

Y todos los secretarios de la Defensa responsables y jefes de esos militares homicidas, desde Marcelino García Barragán, Félix Galván López, Juan Arévalo Gardoquí, hasta Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos juraron lealtad y obediencia a sus presidentes, como lo reiteró el pasado 16 de septiembre Luis Cresencio Sandoval.

Aún con esos antecedentes los presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han impulsado durante 14 años que los herederos de esa tradición represora y homicida sean los garantes de la seguridad pública nacional, incluso contra lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos ellos juraron cumplir y hacer cumplir.

El próximo 5 de octubre el Senado de la República volverá a analizar en el pleno la reforma al decreto de 26 de marzo de 2019 para ampliar la permanencia de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional de marzo de 2024 a marzo de 2028, y a dos días de votarla ninguno de los grupos partidistas que lo integran ha presentado una opción viable para sustituir a los soldados y marinos en esas tareas.

Y también confirman que 2 de octubre si se olvida… lo mismo que otras fechas y al otro ejército, el de la tradición asesina.

Senadores ¿recuerdan?

Guerrero 1960. Soldados asesinan en Chilpancingo a más de 20 estudiantes por órdenes del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto, cuya destitución exigían.

Ciudad de México, 1971. Militares uniformados y disfrazados ataca por instrucciones de Luis Echeverría a estudiantes universitarios en el Jueves de Corpus o ”Halconazo”, 120 muertos fue el número oficial de los estudiantes muertos.

Guerrero, 1995. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer pide a soldados y a la policías estatal atacar a un grupo de la la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en Aguas Bancas, donde mueren 17 campesinos y son heridos y detenidos otros 21, demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior

Chiapas, 1997. En el municipio de Acteal 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres, de la cuales, 7 estaban embarazadas, y nueve hombres adultos. El gobierno de Ernesto Zedillo, calificó tal situación como un “conflicto étnico”.

Tamaulipas, 2010. Exmilitares convertido en el Grupo de “Los Zetas” ejecutan en San Fernando a 72 personas, de la cuales 58 eran hombres y 14 mujeres. En su mayoría eran inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

Tamaulipas, 2011. También en San Fernando, fueron encontradas 193 personas asesinadas masivamente en fosas clandestinas en 2011, la mayoría de los asesinados, fueron inmigrantes. Se culpó a Los Zetas.

Estado de México, 2014. En Tlataya la madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares mataron a sangre fría a 22 civiles, entre ellos dos adolescentes, que se habían rendido después de un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras siete personas.

Guerrero, 2014. Policías municipales, estatales y militares atacan, detienen, torturan, asesinan y desaparecen a 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, asesinan en el lugar del ataque, en Iguala, a otros seis y dejan heridos a 25 más. Al menos cinco militares superiores son acusados.

Tamaulipas, 2018. Elementos de la Armada de México asignados a labores de migración son acusados de la desaparición de 70 migrantes en varios municipios de la entidad.

¡Dos de octubre Si se olvida!

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