Por. José C. Serrano
Es indignante que, cada año se les otorgue a la universidades públicas un presupuesto paupérrimo. El ahorcamiento presupuestal propinado a las instituciones educativas de nivel superior, no alcanza para mover una maquinaria enorme de trabajo académico y formación profesional de los docentes, no obstante que esas casas de estudio aportan el 80 por ciento de la investigación científica del país.
Esas instituciones tienen que afrontar también el pago de nóminas del personal administrativo, docentes y trabajadores sindicalizados, además de los gastos para sostener las instituciones: de ahí que no deben sufrir los embates de decisiones de una élite en el poder, que parece que quiere hundir al país en el atraso.
El gasto en educación pública es muy volátil, y aunque por una parte se piden mayores resultados, como incrementar la matrícula, la volatilidad del presupuesto complica el proceso de planeación y de ejecución de resultados.
Además, existe un efecto de arrastre donde las decisiones estatales dependen de las federales y, en buena medida, la asignación de recursos a la educación no depende del desempeño de las universidades, sino de la voluntad política de los encargados en turno.
En esta última administración federal no se ha visto la voluntad política de apoyar a las universidades públicas. Más bien, se está vulnerando la estabilidad financiera de estas casas de estudios, por lo que es necesario hacer más investigación en el sentido de entender por qué es importante que las universidades públicas mantengan su presupuesto que se reflejará en una mejor preparación de los estudiantes de educación superior; asimismo, en lo que es el crecimiento de largo plazo del país.
Cada vez hay menor presupuesto, y al mismo tiempo, existe una demanda fuerte cada año de parte de los aspirantes a cursar una carrera universitaria. Y esos aspirantes no pueden ingresar a las aulas, porque no hay lugares suficientes, debido a la reducción de presupuestos públicos.
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) ha manifestado su preocupación por la baja sistemática y gradual que ha tenido en los últimos 30 años el presupuesto de las instituciones públicas y sus posibles consecuencias en detrimento de la calidad de la educación de millones de estudiantes.
Javier Mendoza Rojas, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), alertó que los fondos destinados a estas casas de estudio han ido a la baja de manera constante, cuando la política del país debería ser darles más recursos.
“Desde 1993 fue creciendo el presupuesto hasta alcanzar 185 mil millones de pesos, y a partir de 2015 vino el desplome, como resultado de los primeros ajustes que se realizaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
“Tuvimos como una meseta en los primeros dos años de esta administración, y seguimos cayendo, lo cual es preocupante. Año con año ha variado el presupuesto para la enseñanza superior”, señaló esto ante representantes de más de 90 sindicatos universitarios de toda la República.
Por lo anterior, se colige que México está a “años luz” de dar cumplimiento a la Ley General de Educación, por lo que es necesario “pugnar por una nueva política de financiamiento que garantice la obligatoriedad y la gratuidad en ese nivel”.
El investigador Mendoza Rojas propuso hacer un frente común entre sindicatos universitarios, casas de estudios y autoridades para resolver el problema estructural de todas las instituciones del sector, “o de lo contrario se seguirán presentando problemas deficitarios”.
Varias universidades del país y escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) decretaron paro de labores, por diversos motivos. En las marchas y plantones en que participan sus estudiantes es frecuente escuchar la consigna: ¡Más educación y menos militarización! Pero, en Palacio Nacional ha cundido una epidemia de sordera incurable.
