Francisco Garfias.
Viven atrapados entre la espada de la dictadura de Nicolás Maduro y el muro de la insensibilidad de Estados Unidos. Llegan a la frontera agotados, con frío y hambre, angustiados, desesperados.
Es la diáspora venezolana varada en el norte de México. Llegaron hasta allí después de un largo y riesgoso viaje, con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos.
Hay niños, mujeres, hombres a los que, de un día para otro, les arrebataron la esperanza de una vida mejor. Les cerraron la posibilidad de avanzar por tierra hacia la Unión Americana y la mayoría no tienen dinero para regresar a su país.
Y es que el pasado 12 de octubre –Día de La Raza– Estados Unidos puso en marcha una norma que ordena que todo migrante venezolano que entre ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México, será expulsado de inmediato.
El presidente Biden puso a disposición de los venzolanos 24 mil visas, pero tienen que tramitarlas desde su país y entrar a Estados Unidos por avión.
En 2022, la migracion ilegal de venezolanos hacia la Unión Americana se incrementó en un 293 por ciento en relacion con el año anterior.
Para el 16 de octubre –cuatro días después que entró en vigor la nueva ley- ya habían sido expulsados a territorio mexicano 1,768 venezolanos, según BBC News.
Los tiempos son hostiles para los migrantes. El 22 de noviembre próximo habrá elecciones intermedias en Estados Unidos. Se definirá quien se queda con el control del Congreso y se votarán gobernadores en 36 estados.
Una encuesta de Pew Research, nos dice que para el 54 por ciento de los estadounidenses, el tema de la inmigración ilegal es muy importante e influye en el sentido de su voto.
México exige a los venezolanos, desde el pasado mes de enero, visa para entrar al país. Los requisitos para obtenerla son inalcanzables para la mayoría de que aspiran a migrar:
Deben mostrar arraigo en su país y una cuenta bancaria de por lo menos 2 mil 500 dólares, según la citada BBC. El salario mínimo en la tierra de Simón Bolivar es de 20 dólares.
De acuerdo con los resultados del censo del INEGI en 2020, en México radican 52 mil 948 venezolanos. La cifra, sin embargo, podría ser superior a los 80 mil, si tomamos en cuenta a los ilegales.
***
Charlamos del tema con la activista Clara Torres, directora del Instituto Chihuahuense para el Nuevo Desarrollo Infantil. Nos dice:
“Sólo falta ver si en el Gobierno de México hay algo mas que palabrería para que Hacienda y el SAT abran esquemas que permitan a esos miles de venezolanos, a los centroamericanos o de cualquier nacionalidad, quedarse de manera formal en México.
“Sólo en Juárez hay 25 mil vacantes en la industria maquiladora, algunas de las cuales podrían ser ocupadas por esas personas que lo único que buscan es una oportunidad para salir adelante, igual que lo hacen los miles de mexicanos en el vecino país.”
Clara es cabeza de un proyecto que desarrolla en Juárez el gobierno de la panista Maru Campos para ayudar a los migrantes venezolanos, en particular a los que llevan niños.
“La dinámica diaria, dentro de los refugios instalados por el gobierno del Estado, es una fotografia de solidaridad y resiliencia”, nos dice la activista.
Presume: “hay funcionarios trabajando como voluntarios organizando traslados, gestionando donación de alimentos para tres comidas al día y montando guardias para no dejar solas a las familias migrantes”.
Clara, no sobra decirlo, fue de las primeras bajas en el gobierno López Obrador. Estaba a cargo del programa de Estancias Infantiles, pero renunció en febrero del 2019 por no estar de acuerdo con los recortes a este programa, que finalmente desapareció.
***
No puedo más que aplaudir la denuncia penal que presentó ayer el senador Ricardo Monreal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Los delitos que le imputan a la mandataria son: intervención de las comunicaciones privadas, violación de las garantías individuales y peculado por el uso de recursos públicos.
La denuncia terminará probablemente en un archivo de la Fiscalía. En el improbable caso de que Gertz procediera, tendría que solicitar su desafuero a un Congreso de mayoría morenista.
Me atrevo a vaticinar que a Layda no le pasará nada. Por lo menos hasta el 2024. No es opositora; el presidente López Obrador la quiere. Tiene seguro su fuero por lo menos hasta el 2024.
La gobernadora disparó su petardo contra el senador con la idea de abrirle el camino a Claudia Sheinbaum rumbo al 24. Es público que forma parte de la porra de la jefa de gobierno de la CDMX. Se le metió la idea de que así la ayudaba.
FIN.
